¿Financia España la estancia de jóvenes delincuentes extranjeros?

Delincuencia juvenil. / Facebook

El problema no es solo el de Melilla. Hay casos casi peores. Por ejemplo el de los centros de reforma de la Comunidad de Madrid. Aquí, las bandas están perfectamente estructuradas, según este autor.

El problema no es solo el de Melilla. Hay casos casi peores. Por ejemplo el de los centros de reforma de la Comunidad de Madrid. Aquí, las bandas están perfectamente estructuradas, según este autor.

Como dice José Antonio Durán i Lleida hablar de ciertos problemas no es racismo ni xenofobia. Es hablar de un problema. Los cíclicos y repetidos motines violentos que, de cuando en vez, llevan a cabo los magrebíes residentes en el Centro de acogida de menores, especialmente en Melilla son el exponente de que al amparo de la Ley del Menor –concebida para atender situaciones que en nada se parecen a la realidad que conocemos-, los contribuyentes españoles financiamos la cómoda estancia de futuros delincuentes que ya exhiben maneras ante quien tan generosamente los acoge.

Días pasados, como se sabe, la Guardia Civil hubo de detener a siete menores extranjeros tutelados por la ciudad autónoma de Melilla por su responsabilidad en posibles delitos de desórdenes públicos, amenazas y faltas, como instigadores de un motín ocurrido ayer en el centro de menores de “La Purísima”. Como están acostumbrados a campar por sus respetos, además con dinero de bolsillo que se les proporciona –se justifica porque de ese modo se evita que se lo procuren de otro modo-, el violento motín sobrevino cuando, por medida de seguridad, se les impidió que salieran del centro, dada la alerta naranja decretada en la ciudad debido a la situación meteorológica. Se pretendía evitar que los menores acudieran a las escolleras del puerto, que frecuentan en sus intentos de colarse en el barco y llegar a Europa como polizones, para evitar situaciones de peligro derivadas del mal tiempo.

Apenas hace un mes, el 31 de diciembre del pasado año, se produjo otro motín en el centro, en el que participaron 60 menores de edad y nueve fueron detenidos como instigadores, suceso en el que dos trabajadores resultaron heridos y se registraron daños materiales. En todos estos casos, los menores magrebíes exhiben armas blancas, generan destrozos y han llegado a atacar y lesionar a los trabajadores del centro hacia los que no muestran el menor respeto, seguros de su impunidad.

Lanzados por los padres

Muchos de estos jóvenes marroquíes proceden de Tánger y se han descubierto casos en que los padres los lanzan por delante (todos con móvil para mantenerse conectados), con el objetivo de llegar a la península, trasladarse a Cataluña, esencialmente, donde suelen tener parientes, y lograr antes o después el agrupamiento familiar. El efecto llamada es permanente.

Pero el problema no es solo el de Melilla. Hay casos casi peores. Por ejemplo el de los Centros de Reforma de la Comunidad de Madrid. Aquí, las bandas están perfectamente estructuradas: menores procedentes de Sudamérica, magrebíes y españoles. Los sudamericanos motejan a los españoles “ñolos”, contracción de españolos, es decir, los tontos. Y como en todo el universo de bandas juveniles, surgen las alianzas: los de habla hispana para defenderse de los más agresivos magrebíes.

A estos centros llegan jóvenes que han iniciado tempranamente la carrera de delincuentes, pero no por simples hurtos, sino por toda suerte de atracos violentos. Cuando uno de estos internos abandona el centro, recibe un dinero y el subsidio de paro durante 18 meses. Pero hay más: Los allí acogidos tienen derecho a cinco películas a la semana (que pueden elegir) y otra serie de prestaciones.

Centros de acogida

Los centros de acogida se parecen a hoteles de lujo. Y la picaresca es tal, que hay menores que declaran ante la policía hallarse en situación de desamparo, por lo que inmediatamente son llevados a uno de estos centros. Conocido el truco, fue famoso el caso de dos menores francesas de origen argelino, que recorrieron España de centro en centro. Pero hay más casos.

El delirio consumista y el saberse protegidos hagan lo que hagan, crea situaciones tan insólitas, como que algunos jóvenes magrebíes exijan que se les proporcione ropa y calzado de marca, como han llegado a denunciar los propios trabajadores de algunos de estos centros.

La pobreza no se criminaliza
No se debe confundir la política de acogimiento y atención a los menores en situación de pobreza y exclusión social, que tienen derecho al apoyo y la protección del Estado (la pobreza no se criminaliza) y otra el hecho de que, al amparo de las previsiones de la Ley del Menor, un número progresivo de extranjeros, sin el menor síntoma ni atisbo de integración en la sociedad que los acoge, deriven hacia la delincuencia común como por desgracia resulta evidente.
Es evidente que la Ley del Menor precisa una puesta al día. Y no sólo me refiero a la dolorosa experiencia de conocidos casos de la impunidad relativa con que se han resuelto terribles crímenes de precoces y crueles asesinos, devueltos a la sociedad, sin la menor contrición ni arrepentimiento por su parte. Algo ha fallado. ¡Qué digo!: algo sigue fallando.