La financiación singular supone extender el privilegio del cupo vasco a Cataluña

En medio de la efervescencia territorial y la fragilidad parlamentaria, el Gobierno central ha respaldado la propuesta de una financiación singular para Cataluña, impulsada por la Generalitat tras el acuerdo de investidura que convirtió a Salvador Illa en presidente. Esta fórmula, presentada como un ajuste técnico, encierra en realidad un cambio de paradigma: la extensión del modelo foral vasco a una comunidad que hasta ahora formaba parte del sistema de financiación común.

Así lo denuncian los economistas Jesús Fernández-Villaverde y Francisco de la Torre en su reciente ensayo La factura del cupo catalán, publicado por La Esfera de los Libros. Según los autores, lo que se plantea no es una mejora del modelo actual, sino la creación de un régimen privilegiado para una comunidad rica, en detrimento de la igualdad entre ciudadanos. La propuesta, lejos de corregir desequilibrios, consolidaría una lógica de desigualdad fiscal con apariencia de tecnicismo.

De la excepción foral a la singularidad catalana

El sistema foral del País Vasco y Navarra, basado en la recaudación propia de impuestos y el pago de un cupo pactado con el Estado, se fundamenta en derechos históricos reconocidos constitucionalmente. Se trata de un modelo excepcional, y así lo ha entendido hasta ahora el resto del sistema autonómico. Pero la “singularidad” catalana propone importar esa lógica sin el anclaje legal ni constitucional que justifique tal traslado.

La diferencia, explican De la Torre y Fernández-Villaverde, es que Cataluña incluiría una cuota de solidaridad “negociada”, pero no estructural ni vinculante. En términos prácticos, sería una especie de cupo camuflado que permitiría a Cataluña retener buena parte de sus ingresos fiscales y acordar después su aportación al Estado. En palabras de los autores en declaraciones a El País, “los recursos son finitos; lo que se le da a Cataluña se le quita a los demás”.

El espejismo del déficit fiscal

Uno de los argumentos más repetidos por el nacionalismo fiscal catalán es el supuesto “déficit fiscal” con el Estado, cifrado en más de 30.000 millones de euros anuales. Esta cifra se utiliza como prueba de un expolio, una narrativa que alimenta el agravio territorial. Sin embargo, Fernández-Villaverde desmonta con claridad ese planteamiento: los impuestos los pagan los ciudadanos, no los territorios. El sistema fiscal español aplica tipos homogéneos para el IRPF y el IVA, con independencia del lugar de residencia.

Cataluña aporta más, simplemente, porque tiene más contribuyentes de renta alta. Aplicar la lógica del déficit territorial sería, según el autor, como afirmar que Pedralbes tiene déficit fiscal con Hospitalet. Esta visión no solo es errónea desde el punto de vista técnico, sino que pone en cuestión el principio de redistribución que sustenta el Estado del bienestar: “quien más tiene, más debe contribuir”.

El falso ejemplo de Alemania y Canadá

Los defensores de la financiación singular también apelan a la comparación internacional. Aseguran que en países federales como Alemania o Canadá existe el principio de “ordinalidad”, por el cual ninguna región recibe menos de lo que aporta. Pero esa afirmación es engañosa. En Alemania, la Constitución establece mecanismos explícitos de redistribución para garantizar que todos los ciudadanos accedan a servicios equivalentes, independientemente de su región. El IVA se reparte por población, no por recaudación, y las transferencias fiscales corrigen los desequilibrios regionales.

En Canadá ocurre algo similar. La legislación federal no reconoce la ordinalidad, y de hecho, entre 2009 y 2010 Quebec —una provincia con menor renta— superó a Ontario en renta disponible post-impuestos gracias a las transferencias del sistema. Por tanto, el modelo que Cataluña reclama no se inspira en los grandes sistemas federales, sino que crea una excepción que socava el principio de equidad.

Una agencia tributaria fragmentada, un sistema debilitado

Más allá de la cuestión financiera, el proyecto de financiación singular lleva aparejado un riesgo institucional de primer orden: la ruptura de la administración tributaria común. Según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat, Cataluña podría comenzar a gestionar de forma autónoma el IRPF a partir de 2026. Esto implicaría una fragmentación operativa de la Agencia Tributaria, con consecuencias graves: duplicidades administrativas, mayor coste de recaudación, debilitamiento del control fiscal y riesgo de incremento del fraude.

“No hay ningún sistema fiscal eficaz sin una agencia robusta y centralizada”, advierten los autores. Trocear la administración tributaria es dinamitar su eficacia. La fiscalidad deja de ser una herramienta de cohesión para convertirse en un instrumento de poder político particularista.

Un equilibrio fiscal cada vez más frágil

El Estado español dispone de escasas partidas de gasto que pueda ajustar sin afectar a derechos básicos. Las pensiones, que representan la mayor parte del presupuesto, no son negociables. De ahí que cualquier privilegio fiscal concedido a una comunidad tenga un impacto directo sobre las demás. Si se otorga más a Cataluña, las opciones son claras: o se recorta a otras autonomías, o se suben los impuestos. En ambos casos, el resultado es un sistema más desigual y una ciudadanía más fragmentada.

Según datos del propio sistema de financiación, Cataluña recibió en 2022 una media de 3.822 euros por habitante, por encima de la media nacional (3.400 euros) y de comunidades como Madrid (3.105 euros). Esta cifra incluye ajustes por competencias transferidas y factores poblacionales. Aun así, desmiente con claridad la idea de infrafinanciación.

De la ciudadanía común a los privilegios territoriales

El riesgo de esta “singularidad” va más allá de lo económico. Supone, en palabras de los autores, un retroceso ideológico hacia un modelo político “feudalizante”, donde la pertenencia a un territorio determina los derechos fiscales del ciudadano. Frente a la ciudadanía común del Estado moderno, lo que se impone es una lógica de excepciones identitarias, muchas veces justificadas por argumentos históricos o culturales.

Este enfoque rompe con los principios del Estado de derecho y del federalismo simétrico. “Contribuir según la capacidad, recibir según la necesidad” es sustituido por la fórmula contraria: quien más tiene, más retiene. Lejos de construir una descentralización virtuosa, esta vía abre la puerta a una centrifugación del poder fiscal que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema común.

Una reforma necesaria, pero en clave de equidad

España necesita, sin duda, una reforma de su sistema de financiación autonómica. Pero esa reforma no puede basarse en privilegios. Debe orientarse hacia un modelo más transparente, con reglas claras, fórmulas estables de reparto y mecanismos de control auditables. Esa es la propuesta que defienden De la Torre y Fernández-Villaverde: una descentralización solidaria, no asimétrica ni discrecional.

El problema no es que el sistema actual sea perfecto —no lo es—, sino que la solución que ahora se plantea lo haría aún más opaco y desigual. Frente al cortoplacismo de los pactos políticos, los autores apelan a una visión de largo plazo basada en la equidad y la ciudadanía común.

El precio de la excepción

 La factura del cupo catalán no es un libro de trinchera, sino un análisis riguroso que combina fundamentos técnicos, datos empíricos y una advertencia política clara: construir el Estado sobre privilegios territoriales es incompatible con la democracia. La singularidad fiscal de Cataluña no es un ejercicio de justicia, sino una ruptura del pacto de igualdad que sostiene el Estado autonómico.

Y como concluyen sus autores, el coste de esta excepción puede ser mucho más alto de lo que imaginamos. No solo en términos económicos, sino en la cohesión política, en la legitimidad del sistema democrático y en la convivencia entre ciudadanos. Porque no hay sistema común posible sin ciudadanía compartida. Y no hay ciudadanía compartida si unos retienen mientras otros sostienen. @mundiario