Feijóo acusa al Gobierno de estar obsesionado “por controlar las instituciones del Estado”
El líder del PP ha puesto sobre la mesa una oferta muy condicionada para salir de la crisis institucional, en la que pide abandonar la reforma de la sedición.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez tiene una “obsesión por controlar las instituciones del Estado”. El líder de la oposición ha comparecido tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) respecto a los recursos que su formación interpuso, en un intento por paralizar la tramitación parlamentaria de las enmiendas a la reforma del Código Penal que pretendía, por la vía acelerada, modificar también el sistema de nombramientos de magistrados del tribunal de garantías para desbloquear su renovación.
La situación ha derivado en una crisis institucional, que el Gobierne pretende sortear junto a sus socios de la investidura, que se han puesto a la disposición del Ejecutivo de emprender acciones conjuntas para revertir la decisión, o seguir adelante con una reforma para renovar el TC y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A este choque entre los tres poderes, Feijóo ha ofrecido una salida pactada, pero condicionada, como una “alternativa constitucionalista” que debería poner del mismo lado a los principales partidos políticos de España.
Según El País, el primer punto es que Sánchez renuncie a seguir adelante con su reforma exprés del Código Penal que elimina el delito de sedición, lo reemplaza por el de desórdenes públicos agravados y rebaja las penas a la malversación. El segundo significaría que el Gobierno acepte restituir el delito de convocatoria de un referéndum ilegal, mientras que el último punto en la oferta del PP sería que acepte un cambio en el método de elección de los vocales del CGPJ para que “los jueces elijan a los jueces”.
“De no ser así, la otra salida es la celebración de elecciones”, ha dicho Feijóo, que ha pedido ha reclamado al presidente del Gobierno que deje de “impugnar” el sistema que ha llevado a España a la mayor época de prosperidad y libertad de la historia.
Feijóo pide rebajar las tensiones de la "escalada verbal"
Por ello, Feijóo ha pedido a Sánchez que “rebaje la escalada verbal” que ha iniciado el Gobierno al hablar de “complot” y de “golpismo”. “Basta ya de hablar de golpes de Estado, intrigas contra la democracia, de llamar fachas con toga a jueces y magistrados, de decir que quien no está alineado con las tesis de Pedro Sánchez es un conspirador o un fascista y de cuestionar los elementos, procedimientos y principios que hacen de España una democracia liberal a la altura de las mejores del mundo”.
Feijóo ha asegurado que España vive una crisis institucional, y que la confrontación verbal no ayudará a resolverla, pese a que él mismo llamó “cacique” a Sánchez y en la Junta Nacional del PP de ayer, según El País, algunos de los barones populares denunciaron que el Gobierno va encaminado hacia “hacia una república bolivariana”.
Bruselas reitera la importancia de las consultas previas en reformas de calado
Por su parte, la Comisión Europea se ha mantenido al margen de la situación, no obstante, manifestó que estaba “al tanto” de todo lo que sucede en España. Por ello, se ha dedicado a instar a todas las partes a “cumplir las reglas”, en alusión a la decisión del Tribunal Constitucional que debe ser acatada por todas las instituciones. “Esperamos que todas las autoridades y actores nacionales actúen de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos a nivel nacional”, ha dicho el portavoz de la Comisión de Justicia, Christian Wigand.
La Comisión Europea no puede ni suele pronunciarse sobre sentencias judiciales de sus miembros, pero fuentes comunitarias han recalcado que existen estándares europeos para emprender reformas judiciales de gran calado como la que pretende aprobar el Gobierno por la vía acelerada, y que estos estándares requieren consultar a todas las partes implicadas, incluyendo jueces o fiscales, o incluso la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, antes de siquiera ser presentadas para su tramitación.
Pese a que la Comisión Europea no ha querido pronunciarse en concreto del caso español, en cierto sentido puede considerarse como un varapalo para el Gobierno, pues fuentes comunitarias han recordado que, en el pasado, Bruselas ha recriminado a otros países que “aceleran” reformas, como Rumanía y Polonia, en el ámbito judicial sin consultar a las partes involucradas. @mundiario
