El fallo del Constitucional sobre la amnistía: qué supone realmente para los casos del procés

Un año después de que Miquel Buch se convirtiera en el primer beneficiario oficial de la ley de amnistía, la decisión del Tribunal Constitucional de avalar mayoritariamente su constitucionalidad marca un punto de inflexión para el futuro de los encausados por el procés. La sentencia —que valida la norma en su conjunto con tres excepciones— no solo refuerza su aplicación en los tribunales, sino que también redefine el terreno jurídico en el que se moverán a partir de ahora los procesos aún abiertos. En esencia, allana el camino para una amnistía más amplia, aunque sin resolver del todo las fricciones judiciales que han acompañado esta ley desde su nacimiento.

Desde su entrada en vigor, la Ley de Amnistía ha tenido un impacto tangible: más de 200 líderes independentistas, cargos públicos y activistas han sido beneficiados, según cifras de Òmnium Cultural, así como 164 agentes policiales investigados por actuaciones excesivas durante las protestas del procés. La medida ha servido tanto para cerrar procedimientos como para eliminar del historial penal los antecedentes y sanciones relacionadas con el conflicto catalán.

Pero la sentencia del Constitucional llega en un momento clave, pues más de un millar de personas —unas 500 con causas penales activas o vinculadas al Tribunal de Cuentas— aún están pendientes de resolución. Entre ellas, destacan nombres de primer nivel como Carles Puigdemont, Toni Comín, Oriol Junqueras y varios exconsellers, todos a la espera de saber si se les aplicará el perdón por sus actos vinculados a la organización del referéndum del 1-O y los años posteriores de movilización independentista.

El fallo del Constitucional proporciona una base jurídica sólida para que los jueces aceleren la aplicación de la ley, al considerar que su objetivo de “normalización y reconciliación” no vulnera la Carta Magna. En consecuencia, muchos procesos que estaban paralizados a la espera de este pronunciamiento podrían reactivarse en las próximas semanas con mayor celeridad.

Sin embargo, esta validación no implica una aplicación automática y homogénea. Algunos jueces siguen interpretando de forma restrictiva los criterios de aplicación de la amnistía, especialmente en los casos de malversación. El mejor ejemplo es la decisión del Tribunal Supremo, comunicada este miércoles, de rechazar la amnistía para Puigdemont y Comín, al considerar que incurrieron en un delito de malversación con ánimo de lucro —una categoría excluida de la ley, según su interpretación.

Malversación y enriquecimiento: el escollo clave

El punto de mayor controversia gira en torno al delito de malversación, y concretamente, si los líderes del procés obtuvieron o no un enriquecimiento personal al financiar el referéndum con fondos públicos. Mientras el Tribunal Supremo ha rechazado por ahora aplicar la amnistía en esos casos, otras instancias, como la Audiencia de Barcelona, han optado por interpretaciones más abiertas y ya han absuelto a varios acusados con base en la nueva norma.

La cuestión ha llegado también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que se pronunciará el 15 de julio sobre si la ley española cumple con los principios de protección del dinero público establecidos en la legislación europea. Aunque el Constitucional español no ha cuestionado la ley en ese sentido, su decisión no frena el debate jurídico europeo que podría, llegado el caso, obligar a reabrir o revisar algunas decisiones.

Pese a que el Constitucional refuerza la legitimidad de la amnistía, su sentencia no implica que todos los encausados vayan a quedar automáticamente exonerados. Algunos casos seguirán en los tribunales durante meses —e incluso años— debido a las interpretaciones divergentes entre instancias judiciales, así como a la complejidad de los procedimientos en curso.

Por otro lado, el fallo sí impone una exigencia de coherencia: obliga a que las amnistías se apliquen también a quienes actuaron en sentido contrario al procés —como agentes de seguridad investigados— y que las entidades ya personadas, como Sociedad Civil Catalana en el Tribunal de Cuentas, puedan opinar sobre los efectos de la ley. También acota la aplicación temporal de la medida, impidiendo que se extienda más allá del marco cronológico establecido.

¿Y ahora qué?

La resolución del Constitucional aporta a los defensores de la amnistía una herramienta sólida para presionar a los jueces a aplicarla, y al mismo tiempo, otorga al Gobierno español una victoria política en la defensa de una ley que ha marcado la actual legislatura.

Mientras tanto, la aplicación de la ley continuará su avance por etapas. Muchos de los más de 1.400 casos potenciales siguen esperando una respuesta concreta, especialmente aquellos afectados por sanciones administrativas o procedimientos del Tribunal de Cuentas. La sentencia del Constitucional puede servir como catalizador para acelerar su resolución, pero no puede garantizar una aplicación uniforme ni inmediata. @mundiario