El expresidente de Murcia ha sido oficialmente procesado por el caso Púnica

El expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha sido procesado por el Tribunal Superir de Justicia de Murcia (TSJ) por su posible implicación en la operación púnica. El magistrado de dicho tribunal ha cerrado formalmente las investigaciones del caso y ha girado la orden de continuar el proceso "por los trámites del procedimiento abreviado". Sánchez es acusado de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada.

Enrique Quiñonero, el juez en cuestión, tomó esta decisión apenas horas después de que Sánchez declarara esta misma mañana de martes, en la cual negó haber contratado ningún trabajo con las empresas de la trama cuando ocupaba un puesto como consejero de Educación. Las partes tienen un plazo de hasta 10 días para pedir la apertura del juicio oral o el archivo de la causa.

El auto del juez estima que los contactos que sostuvo el expresidente de Murcia con las empresas de la trama, así como las condiciones que negociaron entre todos y hasta el acuerdo de cargar el presupuesto a los fondos de la Consejería pueden ser "hechos punibles". De hecho, los trabajos pactados nunca se materializaron ni se cobraron puesto que la operación policial se inició en octubre de 2014, un mes antes de que iniciasen las obras según los calendarios.

Sánchez dijo este mismo martes que en ningún momento pidió una reunión con representantes de las compañías de esta trama, sino que se topó con ellos solamente una vez -los investigadores aseguran que hubo hasta cuatro reuniones-, siempre a instancias de las mismas. El exfuncionario explicó a los medios de comunicación que sus abogados han negado que se firmara cualquier contrato con la trama, y que incluso los empresarios llegaron a casi "acosar" a su equipo e incluso a él con tal de que diera su visto bueno a sus propuestas.

Sánchez incluso mostró una hoja de pedido de una de las empresas de la trama en la que se puede ver un presupuesto de hasta 32.200 euros al año por hacer trabajos de reputación por internet, mas no tiene ninguna firma ni seña de aprobación.

Los magistrados explican que Sánchez pudo cometer actos ilícitos en 2014, en su tiempo de consejero de Educación, al pactar con empresas de esa trama la contratación de trabajos para mejorar su reputación en la web. De acuerdo a Eloy Velasco, el exintegrante del PP acordó varias reuniones con representantes de las empresas de esta trama e incluso acordaron el precio de los trabajos, que serían cobrados a los presupuestos de la Consejería, aunque el estallido de la operación policial impidió que los proyectos se realizaran.

En aquel tiempo, Sánchez se disponía a lanzarse como precandidato del PP para las elecciones autonómicas de 2015, por lo que su idea era difundir información positiva sobre su trabajo a fin de hacer de menos las noticias que le implicaban en el caso Auditorio, por el que también se encuentra imputado por el que declaró ante el TSJ el 6 de marzo recién pasado. El viernes de la semana pasada, el fiscal del TSJ pidió que se abriera un juicio oral contra Sánchez y otras 10 personas por aquel caso y el magistrado deberá tomar su decisión en lo que queda de la presente semana.

Sánchez renunció a su cargo como presidente de Murcia en abril de este mismo año, mas su expediente lo lleva el TSJ por seguir siendo presidente regional del PP y por conservar su acta de diputado. De cualquier forma, su caso es uno de los tantos que se le han ido acumulando a los conservadores en todo el país. El alboroto en Murcia se libró sin mayores pleitos en parte gracias a que Sánchez optó por dar un paso al costado antes de que la situación convulsionara, como amenaza con pasar en Madrid con Cristina Cifuentes, quien se va quedando sola a medida que van saliendo a la luz los enredos y tramas corruptas que se fraguaron en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.