El éxito o fracaso de la aplicación del 155 no solo dependerá del Gobierno

Mariano Rajoy, presidente de Gobierno. / Twitter
Mariano Rajoy, presidente de Gobierno. / Twitter.

Durante casi dos meses ha sido clamoroso el desamparo de la legalidad. Hemos asistido al mayor esperpento continuado de nuestra historia reciente.

El éxito o fracaso de la aplicación del 155 no solo dependerá del Gobierno

La aplicación del afamado artículo 155 de la Constitución en Cataluña conlleva todos los riesgos que supone el Gobierno, pregonan con dramatismo sus ocasionales y dispersos aliados del PSOE y utilizan como excusa los que se sitúan fuera de la Ley para promover bloqueos institucionales y posibles revueltas callejeras. Pero la situación ha llegado a tal extremo que ignorar los instrumentos de que dispone el Estado de derecho para su propia defensa sería abdicar de nuestro sistema de convivencia y traicionar la Carta Magna.

Soy de los que opinan que los grandes obstáculos que ahora deberá afrontar la Administración central en Cataluña habrían sido quizás menores si la rebelión se hubiera atajado cinco minutos después de que el Parlament, regido por impostores, aprobara la ley de transitoriedad hacia la república. Ante hechos delictivos de esa naturaleza no cabe otra respuesta que la Ley, y cuando la Ley no se aplica o se pospone, cuando los que tienen el inexcusable deber de defender la Constitución enmudecen por miedo, por negligencia o por espurios intereses partidistas, todo el sistema queda en manos del filibusterismo político.

Puede criticarse a Rajoy por su pasividad, por su delirante paciencia, por facilitar con su actitud la impresentable charlotada con la que cada día las autoridades de la Generalitat sumían a los ciudadanos en el desconcierto, pero Rajoy, cuya gestión en estos años he analizado varias veces con dureza, ha hecho lo que tenía que hacer, lo que debía, y el éxito o fracaso que pueda venir no solo dependerá de su Gobierno, sino de cuantos figuran en el compromiso de restablecer el orden constitucional. También de esa otra mitad de la población civil catalana subyugada por los secesionistas.

Durante casi dos meses ha sido clamoroso el desamparo de la legalidad. Hemos asistido al mayor esperpento continuado de nuestra historia reciente. Un grupo de revolucionarios descerebrados, encaramados en el poder autonómico, han pervertido las instituciones democráticas, fracturado la sociedad catalana y puesto en serio peligro la unidad de un país que lleva tiempo dando tumbos en cuanto a estabilidad política. Hemos comprobado, por si existía alguna duda, la escasa talla de cuantos actores participan en esta tragicomedia. Soportado que dirigentes que muy pronto nos pedirán el voto digan sin ningún pudor que la aplicación del 155 supone el fracaso de la Constitución de 1978; es decir, la culpa no es del cazador furtivo que mata al lince protegido, sino del lince que se pone a tiro de su escopeta.

Y aguantamos que la horda antisistema acuse de ‘franquistas’ a los que un día dieron el do de pecho para sepultar, con ejemplar destreza, cuarenta años de dictadura y construir un régimen de libertades que situó a España en el tren del desarrollo de las democracias occidentales. Resulta que somos ‘franquistas’ los que rechazamos que reformen la Constitución los que eluden la Ley.

Unos y otros han logrado que al grueso de la ciudadanía le preocupe ya más lo que pueda venir que cómo se resolverá finalmente el gigantesco conflicto catalán.

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