Existen poderosas razones para considerar que el independentismo no ha claudicado
Hay cierta esperanza en que las urnas del 21-D gratifiquen a los partidos constitucionalistas, pero aún en ese supuesto, todavía nada claro, mucho tendrían que cambiar populares y socialistas.
Los dirigentes de la rebelión contra el Estado han sido desalojados del poder institucional en Cataluña y varios de ellos están en la cárcel; el mascarón de proa de la asonada, el ex presidente Puigdemont, trafica en Bruselas como un remedo de bufón shakesperiano; los partidos nacionalistas mantienen disputas internas y no han conformado una candidatura unitaria para las elecciones del 21-D. Oligarcas, izquierdistas y antisistema se necesitan tanto como se desprecian; destacados cabecillas, como la camaleónica alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se descuelga del fracaso independentista y, en un nuevo alarde oportunista de cinismo, acusa al destituido Gobierno de la Generalitat de haber “engañado a la población”; la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, se libra por ahora de la prisión tras acatar ante el juez la aplicación del artículo 155 y decir que la declaración de independencia fue un “acto simbólico”, y habría cantado el ‘viva España’ desde la balconada del Supremo si el magistrado se lo hubiera siquiera insinuado; los cerebros del golpismo que manejan las movilizaciones ciudadanas han cambiado las consignas en favor de la independencia por el mendaz slogan de “libertad para los presos políticos”. Los ‘Jordis’ digieren mal la soberanía entre rejas.
Todo eso y algo más, como el hecho de que dos de cada tres catalanes no vean posible la secesión, según las encuestas, incita a creer que el movimiento separatista está en declive, que las medidas adoptadas por el Gobierno, tímidas en su desarrollo, y complementadas por la Justicia, pueden revertir la situación, y son muchos los predicadores que auguran un tiempo nuevo basado en el diálogo para la reubicación de Cataluña en la estructura del Estado, lo cual puede interpretarse de varias maneras y ninguna de ellas agradable para el resto de las comunidades y para cuantos defienden que la reforma del marco constitucional no puede estar supeditada a las interesadas exigencias de quienes nunca lo han respetado.
Por el contrario, existen poderosas razones para considerar que el independentismo no ha claudicado, ni desistirá a corto o medio plazo en su intención, aunque sus líderes actuales estuvieran en presidio o, como ya sería propio, inhabilitados, porque responde a un acerado sentimiento antiespañol cultivado durante años a través de la educación, la cultura, la política y hasta por un sector de la economía.
Hay cierta esperanza en que las urnas del 21-D gratifiquen a los partidos constitucionalistas, pero aún en ese supuesto, todavía nada claro, en el que los votos del PP, PSOE y Ciudadanos permitiera desbancar a los rebeldes, mucho tendrían que cambiar populares y socialistas, sobre todo, no ya para compartir responsabilidades de gobierno, sino para consensuar y establecer políticas de fondo que saneen las instituciones e higienicen el tejido social pasto del virus secesionista.
Proliferan las vacilaciones en el Gobierno y en la Justicia y la ciudadanía que se pronuncia contra los golpistas entiende muy mal la impune excursión de doscientos cismáticos alcaldes a Bruselas, a costa del bolsillo del contribuyente, para ensalzar a una persona de la catadura moral de Puigdemont; no concibe que los medios de comunicación dependientes de la Generalitat continúen al servicio de los insurrectos; no comprende (o sí) de dónde sale la gran cantidad de dinero que la Asamblea Nacional Catalana deposita como fianzas, y tampoco capta el motivo por el que no existe la inhabilitación política cautelar.
La relajación del Estado en asuntos con los que no caben titubeos debilita la confianza que generó el Rey Felipe VI con sus firmes palabras en defensa de la Democracia. El recelo y el cansancio conllevan resultados electorales que parecían improbables.
