Las exigencias de Podemos a Sánchez para negociar la senda de déficit

El grupo parlamentario de Unidos Podemos ha enviado al Ejecutivo de Pedro Sánchez un documento de 17 páginas con sus exigencias para "plantearse" apoyar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas, que no lograron ser validados por la Cámara baja el pasado julio.

Según informa El País, entre las medidas que reclama la formación de Pablo Iglesias al PSOE se encuentra una subida de impuestos a rentas altas y empresas. El Ejecutivo respondió rápidamente y de forma positiva al documento de Podemos, ya que conocía su contenido. Según fuentes de Hacienda consultadas por el diario, "hay margen para elevar la aportación tributaria de las grandes corporaciones y de sectores que hoy se escapan del radar de Hacienda. Es necesario plantear una fiscalidad del siglo XXI que haga frente a los retos de la globalización y que proteja el medio ambiente". No obstante, en el Gobierno dejan claro que no sería una subida generalizada.

El Gobierno ya intentó negociar con Podemos la senda de déficit pero en julio no fue posible. Desde el Ejecutivo trasladan que las relaciones con Podemos son muy buenas en este momento y confían en que se podrá llegar a un acuerdo en las próximas semanas. Además de Podemos, el Gobierno necesita al PNV, ERC y PDeCAT para sacar adelante las cuentas.

En el documento titulado Dejar atrás la austeridad, Unidos Podemos detalla las propuestas que quiere que el Gobierno acepte, si no en su totalidad, "al menos la mayoría" para reconsiderar su voto en la senda de déficit "como paso previo a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado". El pasado julio, se abstuvo junto a ERC y el PDeCAT en el Pleno que debía validar la senda del déficit y esta no salió adelante, con el único voto a favor del PSOE y el PNV. El PP y Ciudadanos votaron en contra.

Para cambiar su voto y aprobar los objetivos de déficit la formación de izquierdas quiere que se apruebe un impuesto a la banca —una propuesta del PSOE que aún no ha sido puesta en marcha por el Gobierno—, y una reforma del impuesto de sociedades para que exista un suelo no deducible del 15 %. También plantea un impuesto sobre las grandes fortunas y la eliminación de las sociedades de inversión de capital variable (Sicav), un instrumento financiero que permite a personas con grandes capitales tributar a tipos muy reducidos. Además, Podemos reclama el incremento en el tipo marginal del IRPF en los tramos más altos, es decir, de más de 60.000 euros brutos anuales. El partido de Pablo Iglesias quiere, asimismo, eliminar las deducciones fiscales de los planes de pensiones privados en el IRPF.

Podemos exige también la renegociación del déficit con Bruselas para que se sitúe por encima del 1,8 % que Pedro Sánchez ha pactado con las autoridades comunitarias y la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta última "impone el pago de la deuda a la banca por delante de los servicios públicos" y la necesidad de aprobar la senda del déficit en el Senado, otorgando así la capacidad de veto al Partido Popular. El Ejecutivo de Pedro Sánchez avanzó que estudiaría "soluciones" para que el Senado no pueda vetar la senda de déficit que apruebe el Congreso, pero no ha dicho que vaya a derogar la ley.

Este es un #Gobierno responsable que cumple sus compromisos con Europa. La senda de estabilidad comunicada a la @EU_Commission permitirá reconstruir el Estado de bienestar, recuperar derechos mermados por recortes del anterior Ejecutivo y combatir las desigualdades.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 15 de agosto de 2018

Además, pide al Gobierno la relajación de la regla de gasto "que traslada la austeridad a los Ayuntamientos" y la derogación de los decretos de racionalización del gasto "que ahogan la sanidad, la educación y la ley de dependencia", dice en el documento enviado a La Moncloa. Se trata de los tres reales decretos aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 que planteaban recortar 10.000 millones en sanidad y educación.

Entre las peticiones del grupo al Gobierno se encuentra también anticipar el calendario de incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) pactado con los sindicatos, que debe ascender a 1.000 euros. La formación espera ahora comenzar una negociación con el Gobierno a lo largo del mes de agosto. Tras el rechazo a finales de julio del plan, el Gobierno debe elaborar un nuevo proyecto y tendrá que volverlo a someter ante la Cámara en el plazo de un mes desde entonces (se cumple a finales de agosto) y luego en el Senado. La semana que viene habrá un Consejo de Política Fiscal telemático, y el Consejo de Gobierno del 24 de agosto aprobará de nuevo la senda de déficit del 1,8 para volver a intentarlo. En caso de que no supere el trámite, el Gobierno tendría que adoptar la senda de déficit aprobada por el anterior Ejecutivo, con lo que el techo de gasto debería ajustarse en 1.200 millones, situándose en unos 123.864 millones. @mundiario