Excarcelados recientes de ETA asumen el cese de la violencia reconocido por los presos
Es significativo que el doble pronunciamiento de los que están presos y de los excarcelados recientes sustituya al debate anunciado por ETA para ratificar la decisión de cese de la violencia.
Varias decenas de ex-presos de ETA recientemente excarcelados, en su mayoría como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la llamada 'doctrina Parot', comparecieron en Durango para mostrar su adhesión al escrito del colectivo de presos de ETA (EPPK) difundido la semana pasada con las conclusiones del debate mantenido por los reclusos. La más relevante es su apoyo a la decisión de cese de la actividad armada tomada por la cúpula de la banda en octubre de 2011.
Según un editorial del diario El País, esa adhesión tiene el interés de que algunos de los excarcelados recientes mantenían posiciones opuestas al abandono de las armas. Ahora muestran su conformidad con las decisiones adoptadas por el colectivo y su compromiso con el nuevo “escenario político” una vez “finalizado el ciclo armado”.
También resulta significativo que este doble pronunciamiento de los que están presos y de los excarcelados recientes sustituya, de hecho, al debate anunciado en su día por la dirección para ratificar la decisión de cese de la violencia, del que no se ha vuelto a saber. Pero no deja de ser un reflejo fiel de una organización que se encuentra básicamente en las cárceles, precisa el diario de Prisa.
El escrito leído en Durango insiste, como el del pasado día 28, en reclamar reformas en la política penitenciaria, empezando por el fin de la dispersión, que parece ser su prioridad actual. El Gobierno ha reiterado que no habrá cambio alguno mientras no se produzca la disolución de la banda. Lo que equivale a decir que los habrá si se disuelve. Pero esto es justamente lo que más se echa en falta en los dos comunicados, advierte El País en otra de sus conclusiones.
Polémica sobre el acto
El juez Santiago Pedraz autorizó el acto de Durango porque no cree que sea un "homenaje a los presos de ETA", con lo cual desoyó a las víctimas y siguió el criterio de la Fiscalía. Asegura que no prohibir no significa que "consienta" o "autorice".
Con independencia de la resolución de Pedraz sobre el acto de Durango, sorprende el hecho de que esté judicializado. Porque si se trata de una reunión, a quién corresponde en todo caso impedir su celebración es a la autoridad gubernativa, de conformidad a los parámetros legales que posibilitan el ejercicio de este derecho fundamental.
En ese sentido, el juez Alfonso Vllagómez observa en MUNDIARIO que la prevención del delito no es competencia de los jueces, sino de las fuerzas y cuerpos de seguridad, bien sean estatales o autonómicas. Que concurran al acto ex-presos de ETA -explica- no confiere a la autoridad judicial especializada de la Audiencia Nacional una competencia que no está así prevista por la ley, si no existe la constancia de un delito ya cometido.
