Ex altos cargos del Govern podrían ser procesados por organización criminal

Estudio de TV3. / Twitter
Estudio de TV3. / Twitter

La Fiscalía de Barcelona ha solicitado al Juzgado que lleva a los 30 imputados por la celebración del referendo del 1-O que añada este delito a la lista.

Ex altos cargos del Govern podrían ser procesados por organización criminal

28 de los 30 individuos ya procesados por organizar el referendo del 1-O podrían ser procesados también por organización criminal. Así lo ha solicitado la Fiscalía de Barcelona, que no le ha importado tener en ese séquito a auténticos barones de la Generalitat. Esta solicitud, hecha al Juzgado de Instrucción número 13 de la capital catalana, encargado de este juicio, choca con lo que ha seguido hasta el momento el Tribunal Supremo, que ni siquiera se ha planteado unir este delito a la lista que pesa sobre los secesionistas.

El mes pasado, Alejandra Gil, juez encargada del proceso en Cataluña, dio por cerrada la instrucción sobre los preparativos de la consulta secesionistas luego de sendas investigaciones que duraron algo más de dos años. Gil exoneró de toda culpa a 15 personas y mantuvo en el proceso a otras 30, acusadas de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación. Los 30 son empleados de los despachos de los consejeros del Gobierno de Carles Puigdemont, e incluso están los jefes de TV3 y Catalunya Radio y algún empresario.

Como sea, la Fiscalía ha emitido un documento para responder al auto judicial y solicita que el de organización criminal sea un delito imputable a todos estos procesados. Este delito castiga a agrupaciones de dos o más individuos que se hayan coordinado para cumplir tareas "o funciones con el fin de cometer delitos". La pena por este crimen puede ser de hasta ocho años de cárcel.

Isabel Nevot, Fernando Maldonado y Teresa Duerto toman el mismo auto judicial como justificación para su solicitud. El auto en cuestión reza que, desde 2012, el Govern tenía ya decidido "celebrar una consulta refrendaria" a fin de dar vida a un nuevo Estado independiente. Gil entonces concluyó que existió "un plan común" de actuación y que los procesados pusieron su granito de arena para "la consecución del fin conjunto".

Nevot, Maldonado y Duerto estiman que los criterios para acusar de este delito se cumplen sin objeciones, por lo que alegan que la magistrada se los haya saltado. Los criterios son: jerarquía (al tratarse de nada menos que del presidente de la Generalitat y altos mandos de la misma), reparto de papeles (cada departamento siguió instrucciones puntuales", objetivo delictivo (celebrar una consulta independentista usando dinero público) y vocación de estabilidad (el plan empezó a fraguarse deliberadamente desde 2012). @mundiario

Comentarios