La evasión de responsabilidades se confirma como norma de operativa interna en el PP

Los Manuales y Normas internas forman parte esencial del cuerpo operativo común a la mayoría de las organizaciones, que también cuentan normalmente con un organigrama donde figuran las responsabilidades, competencias, atribuciones y dependencias de sus cuadros y dirigentes. Ya sea en constitución permanente o de manera esporádica cuando la ocasión lo requiere, las organizaciones con un mínimo desarrollo disponen de comités destinados a analizar los posibles incumplimientos de la normativa interna, recopilar los testimonios y elementos encausatorios y finalmente decidir,  en su caso, la sanción a imponer.

Por ilustrarlo con un ejemplo, si en una empresa se detecta la gestión irregular de la función de compras en beneficio del responsable de esta área operativa, el culpable de la irregularidad será sancionado en correspondencia con la gravedad de la falta, siendo probable su expulsión o despido. Igualmente, si la infracción se hubiese producido de manera prolongada o repetida por un subordinado del director de compras aún sin conocimiento de éste, también sería sancionado el principal responsable de la función afectada bien por negligencia o, sencillamente, por no haber adoptado las medidas necesarias para impedir o detectar a tiempo el comportamiento irregular. Al fin y al cabo, él es el responsable de las compras de la organización.

Funcionamiento heterodoxo en el PP  

Así pues, las organizaciones, a fin de garantizar una administración ética, leal y eficiente, prevén y aplican unas pautas y reglas de funcionamiento interno completamente independientes del ámbito judicial. Son sistemas elaborados por los servicios jurídicos de la propia organización que se activan a partir de la operativa administrativa regular y del organigrama vigente.

Pues bien, este mecanismo que se nos antoja imprescindible para el funcionamiento elemental de una entidad y que sabemos, por supuesto, de implantación general en las organizaciones con un mínimo desarrollo, parece ajeno al Partido Popular que banaliza el aplastante valor de las evidencias acumuladas hasta el momento y se parapeta en la farragosa burocracia de los Juzgados.

Ilustración del caso

Imaginemos cualquier organización donde se descubre un registro hasta entonces oculto de ingresos clandestinos y pagos al margen de la contabilidad oficial.  Conjeturemos que parte de los pagos se han realizado a favor de empleados de la organización fuera de la administración de las nóminas. Supongamos que los fondos derivados de tales ingresos se depositan en una red de cuentas abiertas en países donde rige el secreto bancario. Imaginemos también que el titular de esas cuentas ha contado con la confianza de la cúpula directiva durante 20 años, que es la persona mejor pagada de la Organización, que goza de un tratamiento privilegiado y que hasta que la presión judicial se hizo insoportable, recibió un apoyo incondicional, público y privado, de los dirigentes.

Supuesta esta cadena de circunstancias, ¿cuál habría de ser la reacción de cualquier organización no culpable? Fíjense que en ningún momento se ha precisado utilizar ningún término del ámbito judicial. Y esto es así porque cualquier organización no cómplice hubiese recurrido con la gravedad requerida a su normativa interna, a su organigrama, a su código disciplinario y, también es de esperar, a su baremo ético, publicado o no, para adoptar las medidas necesarias, primero de carácter investigador y después, en su caso, sancionador. Dada la extrema seriedad de los acontecimientos, habrían de tomarse decisiones drásticas e inequívocas para no dejar duda alguna de la integridad y honestidad de la organización, tanto frente a sus afiliados y simpatizantes, como ante la opinión pública en general.

Comparecencia adulterada 

La comparecencia del presidente de gobierno en el Parlamento el pasado viernes ha puesto en evidencia que el único objetivo del Partido Popular era salir indemne como organización. En ningún momento se ha insinuado que pudiesen admitir alguna responsabilidad sobre el caso, ni siquiera accesoria. Según la comparecencia, el Partido Popular no sólo no ha colaborado en la trama sino que tampoco ha tenido ningún conocimiento en estos 20 años.

Significativo ha sido el aplauso unánime de los 184 diputados populares quienes confirmaron sus mejores pronósticos: poseen los derechos de quienes ostentan elevadas responsabilidades sin los deberes y los riesgos inherentes a las mismas. Ya lo intuían, ahora se lo han certificado, y ha sido el propio presidente de su organización en sede parlamentaria: pueden actuar como entiendan y deseen, en beneficio propio o de su organización, pues jamás serán responsabilizados por mucha evidencia que se acumule en su contra.