El eterno problema de España es territorial y no se arregla con un 'impuesto' a Madrid

El ministro de Seguridad Social de España, José Luis Escrivá. / elmundo.es
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. / elmundo.es
Faltan agentes políticos y económicos con visión de Estado, capaces de entender que los países federales se caracterizan por la doble identificación, autonómica y estatal.
El eterno problema de España es territorial y no se arregla con un 'impuesto' a Madrid

La multilateralidad de las relaciones entre Cataluña y España se rompió hace tiempo y está lejos de recuperarse. Esto, que es una obviedad, hace ensanchar la brecha territorial y que la conllevanza sea cada vez más compleja. Mucho se ha discutido acerca de la pertinencia de repartir el Estado sobre el territorio con la finalidad de que todo el territorio se sienta parte del Estado, pero todos los intentos fueron fallidos. Una vez que se cerró el andamiaje institucional centralizado, la avanzadilla de una estrategia de dispersión territorial de los organismos estatales fue encabezada por el socialista Rodríguez Zapatero cuando, en un gesto con el entonces president de la Generalitat, Pasqual Maragall, inició el traslado a Cataluña de la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones, sin que llegarse a ejecutarse. La decisión del Tribunal Supremo y la llegada al gobierno de Mariano Rajoy anularon cualquier ejercicio parecido posterior.

Los déficits de encaje territorial en España están arraigados, son profundos y no responden al valor “simbólico” de desplazar sedes sociales y operativas fuera de Madrid, como se ha vuelto a apuntar estos días. No hay evidencia empírica de que la dispersión territorial de los organismos del Estado sean la mejor opción, ni tampoco la peor. Es moneda corriente en algunas experiencias federales como puede ser el caso de Alemania o de EE UU, pero no siempre ayuda, sino que en algunos casos encarece y agudiza los problemas. Es un tema de elección política.

La cuestión territorial, clave

Escribía José Luis Gómez, editor de MUNDIARIO, en un artículo de opinión en el diario El País en septiembre de 2012 que “las disputas entre nacionalidades históricas y el Estado central vienen de atrás”, tanto que reveló una conversación con Manuel Fraga para el libro 'A vueltas con España' en la que recordó los cuatro problemas que tenía este país un siglo atrás, tres de los cuales daba por encauzados –la forma de Estado, la religión, el modelo económico y social– mientras uno quedaba por resolver: el territorial. Probablemente hoy la lectura de los tres primeros no sería tan taxativa, pues hay algunas cosas que revisar, mientras el cuarto nunca se cerró, ni siquiera en falso.

Y en estas estamos cuando el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, se muestra en sintonía con la propuesta del presidente valenciano, Ximo Puig, para crear una “figura fiscal” (¿un impuesto o en qué tipo de figura están pensando?) para compensar la desigualdad entre territorios, que grave a los “ricos de Madrid” favorecidos por el efecto capitalidad. Los defensores de la propuesta aplauden con las orejas mientras, los detractores salen en tromba a contraatacar con unos argumentos peregrinos –y falseados- sobre lo que aporta Madrid a lo que llaman “Fondo de Solidaridad regional”. No existe en el sistema de financiación autonómica un fondo semejante, ni mucho menos la aportación de Madrid a la solidaridad interterritorial que manda la Constitución española se eleva al 70%, como denuncian.

Conviene ser rigurosos y no embarrar el campo (más aún cuando se trata del anterior responsable de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF), que ya de por sí está impracticable. Así, pues, si de lo que se quiere hablar es de los beneficios de la capitalidad, habrá que poner también en el otro platillo de la balanza los costes y calcular el saldo. Si, realmente, lo que se está planteando es un cambio en el caduco sistema de financiación autonómica, afróntese. Si, en el fondo, lo que se está queriendo decir es que Madrid nunca debió ser una comunidad autónoma de régimen común, sino que tendría que haberse creado como una capital federal al estilo de Washington, Ottawa o Camberra, apúntese y ábrase ese melón con valentía.

Tres ejercicios pendientes

 El primer ejercicio, el de la capitalidad, no es difícil de instrumentalizar, más allá de las discusiones técnicas.

El segundo, se antoja complejo, pues los técnicos de la Comisión para la Reforma del Sistema de Financiación Autonómica se han puesto de acuerdo y publicaron en el 2017 los cambios que debieran introducirse para mejorar el sistema, pero son las dificultades políticas y exógenas al modelo las que impiden el avance. Al acuerdo previo entre el gobierno central y las comunidades autónomas, debe seguir la validación en el Congreso y después en el Senado. Una tramitación ardua por la debilidad cuantitativa a la que se enfrenta el principal partido del gobierno (PSOE) y las anémicas mayorías con las que se desenvuelven los gobiernos autonómicos –salvo en Galicia, donde gobierna el PP con mayoría absoluta–.

Queda, pues, un largo y tedioso camino que recorrer hasta que puedan abordarse, en serio, los problemas de insuficiencia de recursos, la falta de transparencia, la autonomía tributaria mal entendida y ligada a una restricción presupuestaria blanda, la mejora de la equidad, los instrumentos de nivelación –total- o la próxima reforma fiscal verde, que va a dar de lleno en la tributación ambiental propia de las comunidades autónomas. Todo ello sin olvidar fijar el necesario suelo común para los impuestos sobre la riqueza cedidos, como son el de Patrimonio o el Impuesto de Sucesiones o Donaciones. La experiencia comparada nos enseña que la descentralización de impuestos que gravan la riqueza rematan en una competencia fiscal perjudicial y un círculo vicioso que arrastra consigo a todo el sistema, con más costes que beneficios para la sociedad, por lo que no debieron cederse en 2009 y ahora debe corregirse.

Plantear ahora un cambio en el estatus de Madrid para convertirla en un distrito federal, puede ser una utopía

El tercer asunto parece misión imposible. Plantear ahora un cambio en el estatus de Madrid para convertirla en un distrito federal, puede ser una utopía. Hubo una oportunidad irrepetible cuando, en 1978, tras las discusiones preautonomicas, las cinco provincias castellano manchegas – Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Albacete y Toledo– se opusieron a la integración de Madrid en Castilla la Mancha, precisamente por el temor a que el centralismo y la dimensión madrileña absorbiese a toda la comunidad. Ese hubiera sido el momento de hacer a Madrid capital federal en vez de una comunidad autónoma de régimen común.

Tres problemáticas diferentes, tres retos distintos, aunque, en la práctica, trate de mezclarse todo cuando la problemática de fondo es la territorial. Es preciso abordar y diferenciar cada una de estas cuestiones en su dimensión concreta, para lo que se echan en falta agentes políticos (y también económicos) con visión de Estado capaces de entender que los estados federales se caracterizan por la doble identificación –autonómica y estatal-. Si esto se interioriza seguro que lo demás será más fácil. ¿Quién empieza? @mundiario

El eterno problema de España es territorial y no se arregla con un 'impuesto' a Madrid
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