Etarras huídos y métodos posibles del Estado de Derecho para perseguirlos

España ya tiene la doblemente vergonzosa experiencia de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), servicios parapoliciales, con el concurso de delincuentes comunes, contratados al efecto y el robo de los fondos reservados de Interior.

La noticia de que una despiadada asesina de ETA vive ricamente en Bélgica, regentando un afamado restaurante y que las autoridades de este país se niegan a extraditarla porque temen que en España sea torturada, ha provocado la lógica repulsa general en las redes sociales y otros medios, y en este sentido, se ha escrito de todo o de casi todo. Natividad Jauregi Espina es la etarra del 'comando Vizcaya' que el 19 de marzo de 1981 disparó por la espalda al teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche cuando salía de misa en la Basílica de Begoña en Bilbao. Sus hijos piden justicia y España pretende de nuevo su extradición.

Algunas personas han llegado a sugerir que, al igual que han existido y existen en otros países, España se dote de una unidad especial de operaciones que sea capaz de actuar en el extranjero para acabar o secuestrar a estos huidos y presentarlos ante la Justicia española. Algo de eso se pensó en tiempos de Carrero Blanco y en este sentido, ya tenemos la tenebrosa experiencia del GAL en tiempos de Felipe González, con una serie de vergonzosos resultados, amén del latrocinio de fondos reservados llevado a cabo por altos cargos del Ministerio del Interior. Llegó a justificarse la existencia de aquella banda alegando que “al Estado también se le defiende en las cloacas”. Nunca se reveló, por cierto, quién era “Mister X”, aunque estaba claro y todo apuntaba a Felipe González.

Es evidente que, pese a que este tipo de grupos exista y operen, un Estado de Derecho no puede ni debe utilizarlos legítimamente. Primero, si actúan en el extranjero es un atentado a la soberanía del país donde se desenvuelvan; en segundo lugar, una intervención contra la vida de un fugitivo es un mero asesinado, no una ejecución legal. En cuanto al secuestro, además de invadir las competencias del otro estado soberano, no valdría de nada a efectos legales, ya que la Justicia no puede aceptar que se le presente un reo que no haya sido conducido a su presencia de manera legal; esto es, a través de una proceso de extradición.

Casos más conocidos

Pero no es menos cierto que este tipo de acciones se han dado se dan y la historia recuerda ejemplos notables. Cuando el general De Gaulle concedió la independencia a Argelia, un numeroso grupo de militares creó la OAS (Organización del Ejército Secreto) en francés, llegó a cometer 700 actos de terrorismo y atentó 13 veces contra De Gaulle, incluso dentro de la catedral de Nôtre Dame. El Estado francés puso en marcha una unidad especial muy eficiente que persiguió a los miembros del grupo armado allá donde estuvieren. Su modo de actuar se ve en la película “Chacal”, basada en la novela histórica de Frederick Forsyth.

Peor es el caso Ben Barka que hizo llegar a decir a De Gaulle: “El Estado no existe y no estoy al frente”. Se trata de secuestro y asesinato del dirigente opositor marroquí Mehdi Ben Barka, atribuido a los servicios secretos de Marruecos, pero ejecutado por policías franceses. Nunca se hallaron sus restos. Otra famosa película recuerda el episodio. Ben Barka fue secuestrado el 29 de octubre de 1965 en la puerta de la cervecería Lipp, de París. Lo detuvieron agentes franceses y nunca más se supo de él.

Aunque inicialmente general De Gaulle, presidente de la República, desmintió la intervención francesa en el secuestro, las investigaciones posteriores dejaron al descubierto que mentía. Pero en aquellos llamados “Años de plomo”, Francia colaboraba con Marruecos de la forma que este hecho evidencia.

También son famosos los casos del Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Sus agentes persiguieron a evadidos nazis por todo el mundo y llegaron a secuestrar Adolf Eichmann, en Argentina y trasladarlo a Israel, donde fue juzgado y ejecutado por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo judío en el Campo de concentración de Dachau.

Después de muchos años de investigación, el Mossad descubrió dónde vivía Eichmann y en la tarde del 11 de Mayo 1960 lo empujó, en plena calle, dentro de un auto. En un piso de Buenos Aires lo detuvieron durante nueve días. En la noche del 20 de Mayo, los agentes lo llevaron, drogado y vestido con el uniforme de una azafata de El Al, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, pasando la Aduana y del Control de Migraciones que no prestaron atención y lo sentaron en el avión de El Al Bristol Britannia que en la mañana habíatraído una delegación del gobierno de Israel. Este criminal fue descubierto por un sobreviviente del Campo de Concentración Dachau, Lothar Hermann, exiliado en Argentina.

La experiencia del GAL

En España tenemos la doblemente vergonzosa experiencia de los “Grupos Antiterroristas de Liberación” (GAL), servicios parapoliciales, con el concurso de delincuentes comunes, contratados al efecto. Estuvieron activos entre 1983 y 1987, durante el gobierno del PSOE, con Felipe González al frente. Se financiaban con fondos reservados del Ministerio del Interior, parte de los cuales fueron al bolsillo de alguno de los dirigentes, como quedó probado. Llegaron a cometer 27 asesinatos. Aunque sus objetivos eran los miembros de ETA y su entorno, llegaron  a atentar contra personas inocentes. Los dos casos más vergonzosos fueron el del ciudadano hispano-francés Segundo Marey, que fue confundido con un cabecilla de ETA y secuestrado por los GAL en la localidad francesa de Hendaya, y el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala. El GAL contaba para sus acciones con delincuentes comunes portugueses y franceses, entre otros.

La enrevesada del GAL y de los Fondos reservados acabaría llevado a prisión a Rafael Vera número dos de Interior y responsable de la lucha antiterrorista durante nueve años y al ministro del Interior José Barrionuevo. Además, otros altos mandos policiales, dirigentes del PSOE y autoridades gubernativas fueron a la cárcel. En 1988, el presidente del Gobierno, José María Aznar concedió el indulto a Vera y Barrionuevo, a quien el propio Felipe González acompañó a la puerta de la cárcel el día de su ingreso.

Otro asunto famoso que quedó sin aclarar que el atentado contra Antonio Cubillo, dirigente del MPAIAC (grupo terrorista independentista de las Islas Canarias) en 1978, que también se atribuyó a servicios policiales o de inteligencia con el apoyo directo del Ministerio del Interior español.

Así que por mucho que indigne, no queda otro camino para presentar ante los jueces a los terroristas huídos que perseverar en las solicitudes de extradición, acompañada de una eficaz campaña en los países que los acogen para sensibilizar a la opinión pública.