El estado de la presa de Forata: la llamada que llevó a la Generalitat a activar la alerta a móviles

La gestión de la crisis por la dana en la Comunidad Valenciana sigue generando controversia tras conocerse nuevos detalles sobre los momentos previos al envío de la alerta a la población. La consejera de Interior, Salomé Pradas, recibió una llamada del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a las 20.00 del 29 de octubre, en la que este le alertó sobre el riesgo de rotura de la presa de Forata. La comunicación ocurrió mientras Pradas se encontraba reunida en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi), el organismo que gestionaba la respuesta a la emergencia.

Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, Morán se encontraba en la COP de Biodiversidad en Cali, Colombia, cuando advirtió a Pradas de la situación en Forata. El Govern valenciano asegura que, tras esta llamada, se tomó la decisión de enviar un mensaje de alerta a través del sistema de Protección Civil a todos los móviles de la provincia de Valencia, justamente al enterarse la consejera de que existía el sistema ES-Alert para hacer llegar los avisos. Sin embargo, la alerta no se emitió hasta las 20.11 y no alcanzó a todos los dispositivos hasta las 20.15. En ese momento, varios municipios ya sufrían el impacto de las riadas, y muchas personas estaban atrapadas sin ayuda.

La Generalitat sostiene que el aviso se originó debido al potencial colapso de la presa y no al desbordamiento del barranco del Poyo, que finalmente fue el que generó los daños más severos en las localidades de Paiporta, Benetússer y Catarroja, considerados el epicentro de la catástrofe. El Gobierno autonómico ha criticado la falta de información de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), entidad encargada de monitorear caudales.

 Según la Generalitat, el último informe de la CHJ sobre el barranco del Poyo fue a las 16.13, momento en que el caudal se situaba en 28,7 metros cúbicos por segundo. No fue hasta las 18.43 cuando se envió otro aviso, alertando de que el flujo había aumentado drásticamente a 1.686 metros cúbicos por segundo.

Acusaciones cruzadas de responsabilidad

La Confederación Hidrográfica del Júcar se ha defendido, asegurando que su labor es brindar la información solicitada y que cumplió con ese cometido. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica también subrayan que la responsabilidad del monitoreo de barrancos recae en las autoridades autonómicas, ya que la CHJ se enfoca en grandes ríos y presas. Sin embargo, la CHJ decidió alertar sobre el barranco del Poyo para “apoyar y asegurar la monitorización” de la situación, aunque no emitió más informes en los momentos críticos.

En respuesta a las críticas, la Generalitat ha señalado que, ante la advertencia del secretario de Estado y el posterior acuerdo en el Cecopi, se procedió al envío masivo del mensaje de alerta. Fuentes del Gobierno valenciano destacan que la decisión de activar el sistema de alertas ES-Alert se tomó de forma conjunta entre todos los participantes del Cecopi, incluyendo al Gobierno central. Desde la Delegación del Gobierno, sin embargo, han insistido en que la competencia sobre emergencias corresponde únicamente a la Generalitat.

El sistema de alertas, conocido como ES-Alert, es una herramienta que permite el envío de mensajes masivos a dispositivos móviles en situaciones de emergencia. No obstante, desde el Gobierno valenciano se puntualiza que el protocolo para el uso de este sistema aún no está aprobado oficialmente, ya que depende de la Comisión Nacional de Protección Civil. Tras los hechos, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha instado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a revisar los protocolos para asegurar la efectividad y rapidez de estos avisos en futuras emergencias.

A medida que se van conociendo informaciones de lo que ocurrió ese día, los organismos implicados continúan responsabilizándose mutuamente por el retraso en el envío de la alerta. Este suceso ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar los sistemas de comunicación y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para enfrentar emergencias. La Generalitat ha solicitado una revisión de las competencias y protocolos, mientras los afectados exigen respuestas sobre la gestión de una catástrofe que causó numerosos daños y pérdidas en la comunidad autónoma. @mundiario