El Estado español tiene varios recursos para impedir un referendum en Cataluña

¿Qué debe hacer el Estado para impedir el referéndum de Cataluña si no confía en que los Mossos d' Escuadra obedezcan la Constitución?

Un prestigioso penalista me invita a participar en una encuesta nacional, con fines científicos (una consulta para un trabajo universitario de sociología política) cuyo cuestionario gira esencialmente sobre qué debe hacer el Estado si el presidente de la Generalitat prosigue con su ofensiva soberanista y, en concreto, qué medidas tomar para atajarlo, impedir que se celebre el pretendido referéndum y, sobre todo, qué hacer si se sospecha que los Mossos d' Escuadra pudieran sumarse a un acto ilegal o adoptar una postura pasiva frente al mismo.

Las opciones son varias: desde la militarización de dicho cuerpo y ponerlo a las órdenes de un mando militar por encima de sus jefes naturales; proclamar, con las medidas consecuentes, el Estado de Sitio; suprimir la Autonomía temporalmente o aplicar el Código Penal ante el supuesto de varios delitos en los que pudiera incurrir la policía autonómica de Cataluña. O tomar otras medidas.

Todos pueden ser malas soluciones, pero unas más que otras. La encuesta permite no pronunciarse por ninguna de ellas y deja un espacio en blanco para el comentario o sugerencia personal. A ello voy.

Una imprudencia

De entrada, no deja de ser una grave imprudencia, como ya se ha hecho desde el Gobierno catalán, lanzar la especie de que los Mozos d' Escuadra estarán a lo que se disponga desde Cataluña. Y ante este desafío, lo primero que yo digo es que el Gobierno, que dispone de medios y de un adecuado servicio para ello, debe conocer el estado de ánimo de los Mozos d' Escuadra y saber qué pasaría en una hipotética consumación de los propósitos de Mas, quien parece querer repetir la foto de aquellos mozos desarmados y prisioneros conducidos por la Guardia Civil, leal al Gobierno de la II República, luego de que el tarraconense general Batet acabase con el “Estat catalá” en diez horas, en 1934.

El artículo 4 de la Lei 10/1194 de 11 de julio, del Parlamento de Cataluña, de la Policía de la Generalitat-Mossos d´Esquadra, señala: “Antes de tomar posesión, los miembros de los Mozos d' Escuadra han de jurar o prometer acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado y al Estatuto de Autonomía, como norma institucional básica de Cataluña”. O sea, que está fuera de duda que los 14.000 agentes de este cuerpo están obligados a guardar y hacer guardar la Constitución por encima de todo. Por si acaso, los sindicatos policiales han advertido que si los mozos no cumplen la ley serán detenidos. Pero debemos evitar que esto pueda llegar a ocurrir.

La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de Alarma, Excepción y Sitio, prevé en su artículo 32 (capítulo IV), las causas que pueden justificar la declaración de “El Estado de Sitio”, que parece la que mejor encaja ante el supuesto de la declaración de secesión de Cataluña: “Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 116 de la Constitución, podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración de Estado de Sitio”. En dicha declaración se determinará el ámbito territorial de aplicación de la misma y su duración.

Según el artículo 33 de la correspondiente Ley Orgánica, en virtud de la declaración del Estado de Sitio, el Gobierno, que dirige la política militar y de la defensa, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución, asumirá todas las facultades extraordinarias previstas en la misma y en la presente Ley. El Gobierno designará la Autoridad militar que, bajo su dirección, haya de ejecutar las medidas que procedan en el territorio a que el estado de sitio se refiera.

Que no se repita la historia

Yo espero que la historia de 1934 no se repita en Cataluña.

Con el Código Penal en la mano, un mozo de escuadra que, de modo ordinario, con o sin Estado de Sitio o militarizado, según el caso, que se negara a cumplir sus deberes policiales, conforme a la legalidad vigente, podría incurrir entre otros, en estos supuestos: abandono de destino y deber de perseguir delitos, desobediencia, rebelión, sedición y traición. Evidentemente, en un supuesto teórico.

Pero antes de llegar a todo esto, el Estado dispone de una serie de medios para impedir los planes de Mas y los suyos, que deben ser aplicados con mesura y eficiencia.

Antes de llegar a suspensión de la autonomía, prevista en el punto 1 del artículo 155 de la Constitución, caben otras soluciones. Dice un artículo: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general". Dado que el PP domina el Senado, esa medida extrema la puede aplicar siempre.

Además de las vías de los recursos ante el Tribunal Constitucional por conflicto de competencias o también, un recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno puede actuar contra Mas, por la vía penal por prevaricación o desobediencia al Estado. El recurso ante el Tribunal Constitucional tendría como objetivo la suspensión de convocatoria del referéndum, que ya funcionó ante la convocatoria de consulta sobre el futuro del País Vasco planteada en 2008 por el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe. También cabe ir directamente contra Mas, si llega a firmar el decreto de convocatoria del referéndum por un posible delito de prevaricación. Además de otro de desobediencia en inhabilitarlo, pero se corre el riesgo de convertirlo en un mártir a los ojos de los suyos.

Una buena papeleta

Si pese a todo esto sigue adelante, el delegado del Gobierno en Cataluña tendrá una buena papeleta, pues deberá impedir, con las fuerzas del Estado bajo su mando, impedir que se conculque la legalidad.

¿Con qué medios cuenta el Estado para ello? Ciertamente, ni los efectivos de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil igualan ni de lejos al de los Mozos d' Escuadra. Y en cuanto al Ejército, la representación del mismo en Cataluña se ha reducido sensiblemente, siendo prácticamente simbólica en Barcelona, sede de la antigua IV Capitanía General. Y si nos ponemos en el peor de los casos –que nunca hay que ponerse, esto es pura ficción literaria-, en Cataluña la presencia de las Fuerzas Armadas es escasa. En Girona está una unidad selecta, el Regimiento de Cazadores de Montaña 'Arapiles' 62    y en Lleida, en el Tarm, la Academia General Básica de Suboficiales. En Barcelona está la Inspección General del Ejército. Puesto simbólico con funciones más sociales y de representaciones públicas e institucionales del general que lo ostenta que realmente efectivas y además la Tercera Subinspeción General del Ejército (Pirenaica), pero sin efectivos. La web del Ministerio de Defensa sitúa curiosamente en Barcelona una cosa que no existe: el Museo Histórico Militar de Barcelona (Montjuïc). El Castillo fue cedido a la Generalitat, sus fondos están en uno de los cuarteles abandonados, y en la fortaleza no ondea otra bandera que la catalana.

Cautelas

De todos modos, con estas cosas no hay que dar argumentos para que los histéricos aprovechen la ocasión de exaltarse.

En cualquier país parece normal que los aviones de su fuerza aérea sobrevuelen el territorio de su soberanía. Y me imagino que los aviones militares pasan todos los días sobre Cataluña o sobre cualquier otra comunidad, en sus misiones y entrenamientos. Se enteraron un día que dos aviones habían pasado por allí y empezaron a decir tonterías. Sobre todo un andaluz nacionalista, como corresponde a un catalán de toda la vida.