El Estado de derecho, ante los grupos que atentan contra la Constitución

El Estado de derecho no puede tener miedo al matonismo de los que atentaron contra la Constitución; no puede ceder ni un ápice ante el falso victimismo de un pelotón de golpistas que han puesto en gravísimo peligro nuestra convivencia democrática; no puede dejar de aplicar la Ley con el rigor que el caso requiere y actuar con la máxima firmeza frente a cuantos apoyen el desorden o cercenen el régimen nacido en 1978. Que algunos de los responsables del alzamiento estén hoy en la cárcel es la consecuencia de la delictiva actitud que han mantenido. ¡No son presos políticos!

El nacionalismo faccioso ha contado con el apoyo de los grupos antisistema y aún se sirve de la conducta mezquina de alguna facción del socialismo, como ayer mismo el PSC del asustadizo Iceta, y de las voces de un supuesto nuevo progresismo que resbala en el primer escalón del intelecto. Ha logrado soliviantar el orden constitucional, la coexistencia, la economía y hasta la imagen de España en determinados foros de Europa. Y la demencial estancia del prófugo ex presidente de la Generalitat en Bélgica, país de la UE desde el que prosigue su campaña de infamias, no ha tenido todavía por parte del Gobierno la contundente respuesta política y diplomática que sería de desear.

La legislación europea es clara en este asunto y ya no valen más contemplaciones a expensas de los complicados procedimientos administrativos y judiciales que rigen entre estados. ¿Lo haría Alemania, Francia, Italia…, y no digamos el Reino Unido? ¿Esperarían con la boca cerrada a que un juez belga decida la entrega o no del jefe de una rebelión contra su Estado que huye a pedir auxilio a un partido ultraderechista? No parece que los países miembros de la Unión vayan a permitir un conflicto interno porque un togado flamenco hallara ‘razones’ para darle cobijo a un político acusado.

Dirigentes como Artur Mas, Puigdemont, Junqueras o Forcadell no han conseguido lo que pretendían, al menos de momento, pero sí han horadado la estabilidad del Estado hasta extremos que no hace mucho parecían impensables

Dirigentes como Artur Mas, Puigdemont, Junqueras o Forcadell no han conseguido lo que pretendían, al menos de momento, pero sí han horadado la estabilidad del Estado hasta extremos que no hace mucho parecían impensables, sobre todo para esa pandilla de gobernantes inanes, de ayer y de hoy, que concentran su mirada en el dedo de los filósofos cuando los filósofos señalan a la luna. Unos han llegado demasiado lejos y otros demasiado tarde para evitar lo que nunca debió producirse e impedir la movilización organizada de los que siempre acuden al olor de la tierra quemada.

Pero el Estado aún está a tiempo de encender las luces del futuro si, como ocurriera tras la asonada del 23-F, despliega toda la fuerza de la legalidad y defiende sin ambages los valores inalienables que contiene la Constitución. Y para eso es imprescindible que la acción de la Justicia, que deberá de ser implacable en la lectura y aplicación del texto penal, sea acompañada de una política distinta a la desarrollada hasta ahora. Cataluña no puede ser abandonada de nuevo, gane quien gane las próximas elecciones autonómicas. El Gobierno de Rajoy no puede lavarse las manos con el artículo 155. La factura del día después del 21-D, que es imprevisible, también correrá de su cuenta.

El PP y los partidos que se ubican en el marco constitucional están a punto de agotar sus reservas de credibilidad. El desafío independentista los ha puesto contra la pared. Nos ha puesto a todos. Y de todos dependerá, pero, en primer lugar, de los que en esta mala hora gobiernan o pretenden gobernar. Reconstruir la Democracia es una misión inaplazable.