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El establishment español sacrifica el Estado de derecho a una imposición autoritaria

Nuevamente el magistrado Llarena marca el camino en la involución autoritaria del Estado español. Para salvar la unidad de España –la España recentralizada y uninacional del "a por ellos" que le interesa al establishment español– no se ha dudado en desmontar el Estado de Derecho.

El establishment español sacrifica el Estado de derecho a una imposición autoritaria
Jordi Sánchez. / Twitter
Jordi Sánchez. / Twitter

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Xoán Antón Pérez Lema

Xoán Antón Pérez Lema

Socio-director de Pérez Lema Avogados e Consultores y secretario general de Acouga. Abogado, es analista político en TVG, Radio Galega y MUNDIARIO. Profesor en escuelas jurídicas. Ex jefe de gabinete de Presidencia de la Xunta con Pablo G. Mariñas y ex secretario general de Relaciones Institucionales con Anxo Quintana.

Parece que el núcleo duro del establishment español (que integra, desde luego, a los magistrados de los Tribunales Supremo y Constitucional y a las directivas de los partidos del tripartito del 155) considera que para defender la unidad de España hace falta limitar, reducir o, incluso, desmontar el Estado de Derecho. La decisión del magistrado Llarena denegándole a Jordi Sánchez la autorización para concurrir al pleno de su investidura como candidato a presidir la Generalitat vulnera el derecho constitucional de sufragio y atenta contra el principio de autogobierno parlamentario. Porque Jordi Sánchez fue aceptado como candidato, elegido por la ciudadanía catalana como diputado y propuesto por el president del Parlament como candidato a la presidencia. En esta ocasión, a mayor abundancia, se trata de un candidato que no está inhabilitado y que está a disposición del Tribunal.

¿Qué razones hay para rechazar esta propuesta? Evitar una supuesta reiteración delictiva en el comportamiento de Jordi Sánchez. ¿Y saben cuál es este supuesto riesgo, según Llarena? Salir elegido diputado por la candidatura de Junts per Catalunya.

Este nuevo golpe al Estado de Derecho se une al golpe del 155, que disolvió un Parlamento y cesó un Gobierno cuando la Constitución sólo permitía concretas medidas de intervención. A la insólita falta de decisión hasta  ahora por el Constitucional respecto  de la admisión a trámite del recurso interpuesto por el Gobierno del Estado (contra el dictamen unánime del Consejo de Estado) contra el pleno de la investidura de Puigdemont, anterior candidato. A la invención de un delito de rebelión sin violencia , contra la definición del tipo de rebelión en nuestro Código penal. A la imposición de una medida cautelar de prisión absolutamente desproporcionada y arbitraria. A muchas otras conductas increíbles hace sólo ocho meses, que derogaron en la práctica la garantía del autogobierno de las nacionalidades y las garantías de los derechos individuales.

Desmontar el Estado de Derecho no es fácilmente reversible. Deteriora y deteriorará la convivencia social, la democracia y las libertades, reforzando el autoritarismo de la España uninacional del “a por ellos”. @mundiario