El espionaje a través de Pegasus es impropio de una sociedad democrática

Margarita Robles.
Margarita Robles.

Margarita Robles defiende en sede parlamentaria el espionaje a 67 personas, entre ellos 4 abogados en el ejercicio de su derecho de defensa, mientras Sánchez es consciente de que de su reacción  ante este escándalo dependerá que haya un gobierno alternativo al de PP y Vox.

El espionaje a través de Pegasus es impropio de una sociedad democrática

En el conjunto del Estado no se está evaluando en toda su gravedad real el escándalo de espionaje mediante el programa Pegasus a 65 ciudadanos catalanes y 2 vascos. Espionaje que parece que solo pudo ser desarrollada por el CNI, por los propios servicios estatales de información, pues esta aplicación no se vende a clientes que no sean Estados. La dimensión, intensidad y extensión cuantitativa del fenómeno y su duración, que abarca desde el Gobierno de Rajoy en el 2015 al actual de Pedro Sánchez, por lo menos hasta finales de 2020, hace muy improbable que todas y cada una de las actuaciones recibieran la validez “ad hoc” del magistrado del Tribunal Supremo estatal al que la Ley reguladora del CNI le atribuye el control judicial.

Entonces, es altísimamente probable que estemos ante gravísimos delitos. En primer lugar, de un delito de descubrimiento y difusión de secretos por Autoridad y Funcionario Público del artículo 198 del Código Penal (CP), penado con prisión de cuatro a ocho años. Pero una operación de esta envergadura requiere de muchísimos recursos públicos, que emanarían de lo fondos asignados ordinariamente al CNI. He ahí la probabilidad de que, mediante expedientes de contratación pública falseados, fueran asignados recursos públicos previamente presupuestados para otros fines al objeto de financiar este macroespionaje. Entonces, estaríamos también ante delitos de falsedad en documento público (artículo 390.1 CP) como medio para la comisión de delitos de malversación en su modalidad de administración desleal (artículo 432 en relación con el 252 CP). En el también probable caso de delito continuado, ese concurso delictivo de falsedad documental y malversación estaría penado con prisión de seis a ocho años.

A mayores, existe especial gravedad política en el espionaje a abogados en el cumplimiento de sus funciones de defensa penal, funciones que constituyen los fundamentos del Estado de Derecho. Jaume Alonso-Cuevillas, Gonzalo Boye, Andreu van der Eynde y, parece ser, el abogado escocés de la consellera Clara Ponsatí, Aamaer Anwar, fueron espiados en el desarrollo de la defensa penal de sus clientes, accediendo a la información que les fue facilitada por éstos e incluso a sus estrategias procesales. ¿Llegó esta información al Ministerio Fiscal o a alguno de los órganos jurisdiccionales que enjuiciaba a los clientes de estos abogados? ¿Existió interferencia del espionaje español en la justicia escocesa?

¿Tuvo conocimiento de estas conductas el Gobierno del Estado?

Sería muy grave que los Gobiernos del Estado actuantes entre 2015 y 2020 no hubieran tenido conocimiento de estas conductas. Pero su desarrollo y, concretamente, el desconocimiento del presidente Sánchez y de la ministra Robles sería también gravísimo, pues reflejaría una sospecha racional, pero incompatible con cualquier régimen democrático: que los servicios estatales de información juegan con autonomía al margen de los Gobiernos del Estado. He ahí que sea precisa una investigación muy rigurosa, incluso para determinar si es el propio CNI el que decide sin control judicial ni del Gobierno del Estado las personas a espiar. Porque entonces estaríamos ante un Deep State con funcionamiento autónomo respecto de unas instituciones democráticas que en ese caso se mostrarían como simple superestructura a la estructura del poder real.

En realidad, la reacción de la prensa madrileña de derechas encaja en estas sospechas. En medio del acelerado proceso de pérdida del prestigio del Gobierno Sánchez a causa de la crisis inflacionaria, ni el PP, ni Vox, ni sus portavoces mediáticos aprovecharon la oportunidad para maximizar el acoso al Gobierno del Estado. La razón de esa paradójica conducta no solo se funda en que hubieran sido Rajoy y Sainz de Santamaría quienes comenzaran el espionaje, sino en el sustancial acuerdo entre la derecha y buena parte de la izquierda española -e incluso me atrevería a decir, de buena parte de la opinión pública española en la derecha y en la izquierda-. Estas conductas podrían ser, sí, ilegales y antidemocráticas, pero convenientes para la unidad de España. Que parece que para millones es lo único importante.

¿Puede el Gobierno del Estado reaccionar?

El Gobierno Sánchez no ha sido capaz hasta el momento de reaccionar, al parecer prisionero de la autoritaria legislación de secretos oficiales y reguladora del CNI y de la lógica penal del enemigo instalada en la opinión pública madrileña. La única reacción oficial por ahora es la expresada en sede parlamentaria por la ministra de Defensa, ante la incredulidad de la ministra de Justicia, justificando espiar a los independentistas catalanes. Parece mentira que esta ministra sea la misma magistrada que enjuició valientemente el asesinato de los abertzales vascos Lasa y Zabala.

El tiempo se le está agotando, pero aún podría Sánchez mostrar que es un estadista y aprovechar la ocasión para proponer una reforma integral de la legislación de secretos oficiales, del estatuto del CNI y de otras leyes restrictivas de la convivencia democrática, como la “ley mordaza”. Sería una operación política que le posibilitaría reconstruir puentes con las fuerzas soberanistas de la mayoría de investidura y reactivaría la alerta democrática y antifascista de millones de ciudadanos y no solo en los Països Catalans, Euskalherría o Galiza. Sería, muy probablemente, la última oportunidad de la legislatura para definir políticas de profundización  de la democracia liberal y de entendimiento en clave plurinacional. Incluso de hacer posible una reedición futura de la mayoría de la investidura en unas mínimas condiciones de confianza recíproca.

En pocos días sabremos si el PSOE elige el pacto del 155 o la única alternativa para hacer reformable al Estado en un sentido democrático. Pero hay poco margen para el optimismo. Ahora bien, la alternativa al apoyo de las fuerzas soberanistas es un gobierno de PP y VOX, asumiendo sustancialmente la agenda extremista de éste último. Esta realidad debería grabarse a fuego en el cerebro de todos los líderes socialistas.

Consecuencias políticas de la inacción de Sánchez

En el caso de que el Gobierno Sánchez confirme su inacción (o desarrolle una representación de activismo lampedusiano para que todo sea igual) quedará claro, en la escena política catalana, que la mesa de diálogo solo le valió al unionismo para desactivar la mayoría parlamentaria del 52% de febrero de 2021 y ahondó en su estrategia para fragmentar y debilitar el soberanismo. Quedará bastante claro, como dijo el abogado y diputado de JuntsxCat Jaume Alonso-Cuevillas, que en la mesa de diálogo estaba el CNI. La mesa de diálogo solo difundió el desánimo y motivó que parte de la sociedad catalana mire más al dedo que a la luna. Mire más las propias limitaciones que las propias oportunidades.

No obstante, esta crisis política generará oportunidades para el soberanismo. Oportunidades para priorizar de nuevo una estrategia concertada de unidad soberanista que compatibilice la gobernanza autonómica, el favorecimiento empresarial y la justicia social en la acción de la Generalitat con una estrategia de confrontación pacífica e inteligente con el Estado en el plano de la defensa de la legitimidad democrática del 1-O. Una estrategia que, quizás más que nunca, le compete desarrollar al President Puigdemont y al Consell per la República.

La ingenua confianza mostrada por parte del independentismo catalán en las dinámicas de la izquierda estatal le hizo perder al conjunto del soberanismo perspectiva, unidad y prestigio social. Esa ingenua confianza debería quedar definitivamente archivada ante la imposibilidad de reforma sustancial del Estado español que, en los próximos días, otra vez y por desgracia, confirmaremos. @mundiario

 

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