España, ante la (im)posible reforma constitucional

Ejemplar de la Constitución de España. / RR SS
Ejemplar de la Constitución de España.

Todo se reducirá a saber quien deberá cargar con la responsabilidad de impedirlo. Los problemas actuales de España no son de naturaleza constitucional, sino de carácter político.

España, ante la (im)posible reforma constitucional

Las circunstancias mandan. En uno de los muchos giros tácticos que está haciendo Mariano Rajoy, el PP anuncia su predisposición a pactar una reforma constitucional, acotando previamente con el PSOE y parece que con Ciudadanos, los temas a debatir. Inmediatamente nacionalistas y Podemos piden que no haya asuntos previamente vetados. Además, esta última formación anuncia que promoverá, en todo caso, el referéndum, y tiene los diputados suficientes para que sea inevitable.

Traduciendo a un lenguaje menos alambicado, el PP cumple formalmente los compromisos pactados con Ciudadanos y de forma menos abierta con el PSOE, anunciando disposición y método para la reforma. Unos y otros saben que deben evitar el referéndum pues como se ha visto en otras latitudes, sería transformado en una causa general contra el Gobierno, los pactos, la vieja política o lo que las circunstancias aconsejasen en ese momento. Podemos, lógicamente, no tiene nada que ganar en un proceso de reforma parcial y en cambio tiene todas las ventajas en un referéndum, cualquiera que sea la pregunta. No es deseable que los grupos promotores opten por el suicidio político, luego no es posible la reforma de la Carta Magna. Todo se reducirá a saber quien deberá cargar con la responsabilidad de impedirlo.

Por otra parte, los otros actores no están excesivamente interesados en soluciones globales, sino en las bilaterales. Así el Gobierno catalán necesita aproximarse al régimen foral del País Vasco y el gobierno vasco mejorarlo si es posible. Las otras dos comunidades históricas, Galicia y Andalucía, no pasarán por quedar englobadas con las trece restantes. Y ninguna comunidad aceptará distintas categorías autonómicas.

Llegados a este punto, y aunque parezca paradójico, es la estabilidad constitucional la mejor respuesta para los problemas actuales, por cuanto ninguno de ellos depende para su solución de esa reforma. No sería posible hoy encontrar un diseño territorial sensiblemente distinto del existente, y cualquier reforma que no abordase ese problema sería ampliamente contestada.  Carece de sentido abordar un referéndum para modificar las diputaciones provinciales, otro asunto con menos consenso del que parece, o la sucesión de la Corona, un anacronismo inherente a la propia institución de la monarquía. Lo mismo cabe decir del llamado blindaje de los nuevos derechos, cuya carga retórica no tiene efectos inmediatos. Las leyes ordinarias pueden resolver muchas de esas cuestiones sin incurrir en nuevos riesgos.

Los problemas actuales de España no son de naturaleza constitucional, sino de carácter político. Los ciudadanos lo han detectado claramente en las encuestas del CIS. Se han olvidado los pactos y acuerdos reformistas para encastillarse en las grandes reformas. Es hora de retornar con humildad a la mesa de negociaciones.

España, ante la (im)posible reforma constitucional
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