España debe investigar los programas de espionaje contra los líderes catalanes
Tres relatores de derechos humanos de la ONU han mostrado su preocupación por el alcance y la sofisticación de los programas espías Pegasus y Candiru.
Las autoridades españolas deben investigar a fondo la presunta utilización de los programas espía Pegasus y Candiru “para atacar a figuras públicas y activistas catalanes en España tras la campaña de independencia de 2017”, informaron este jueves tres expertos en derechos humanos de la ONU en un comunicado.
El texto hace referencia a los afectados por el ‘CatalanGate’, un caso destapado por el centro canadiense Citizen Lab en abril de 2022 y que relataba el espionaje a 65 políticos independentistas y activistas catalanes, entre 2017 y 2020. Y es que, “tras el referéndum por la independencia de Cataluña en 2017, las autoridades españolas arrestaron a los líderes del movimiento independentistas catalán por cargos de sedición”, explicaron Fernand de Varennes, relator Especial sobre Cuestiones de las Minorías; Clément Nyaletsossi Voule, relator Especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación e Irene Kahn, relatora Especial sobre la libertad de opinión y de expresión.
Por su parte, el Grupo NSO, empresa israelí propietaria de Pegasus, explica que el programa espía se vendió como una herramienta para hacer cumplir la ley y el Centro Nacional de Inteligencia de España es uno de los clientes de esta corporación. Por ello, los expertos de las Naciones Unidas manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que este programa se usara durante un largo tiempo,
Violación a los derechos humanos
También, les preocupa que el uso generalizado de este software de espionaje pueda conducir a una mayor autocensura, que tendría un efecto paralizador en el disfrute de los derechos a la libertad de expresión y de reunión. Consideran que las minorías están desprotegidas por las normas internacionales y europeas de derechos humanas, y estos programas pueden constituir una grave violación de estas normas.
Asimismo, advierte que, según las alegaciones, muchas víctimas fueron atacadas a través de mensajes de texto diseñados para engañarlas e incluían notificaciones oficiales altamente personalizadas de las entidades gubernamentales españolas.
Por último, los relatores especiales recordaron que tras llevar a cabo las investigaciones, las autoridades deben publicar los resultados y detener cualquier injerencia ilegal en los derechos fundamentales de los activistas catalanes. Incluso, reiteran su llamado a una moratoria global sobre la venta y transferencia de tecnología de vigilancia, hasta que se garantice su uso de conformidad con los derechos humanos e instan a España a sumarse a esta moratoria global. @mundiario
