España da a veces la sensación de ser un país que se suicida

España es un país que se suicida porque una clase política corrupta en un estado disparatado, imposible de financiar, la ha conducido al despeñadero, escribe este autor.

Ante la certeza de su muerte, el gran periodista italiano Indro Montanelli escribió: “Mi patria y mi oficio mueren conmigo”. Triste epitafio no para el genial escritor, sino para la Italia de Berlusconi. Siempre he pensado qué diría de nuestro tiempo y de España el fundador del Giornale Nuovo si viviera en nuestros días y fuera español.

España es un país que se suicida, porque una clase política corrupta en un estado disparatado, imposible de financiar, la ha conducido al despeñadero. Nada hay sagrado. Un país donde se silba el himno nacional, se asaltan capillas e iglesias por jóvenes despelotadas que anuncian quemas y sangre en legítimo uso de su libertad de expresión, según la jueza Carmena, justificadora por cierto de los “escraches” a otros políticos por la misma razón. Un país donde se considera signo de progreso romper tradiciones socioculturales, fuertemente enraizadas en el alma colectiva,  y donde un tipejo bromea con la tragedia terrible de otras personas, siempre sin deseo de ofender y porque lo ampara la libertad de expresión; un país donde se anuncia que se cumplirá la ley, según pete y donde se promete lo que se sabe que no se puede cumplir dentro de la legalidad, como acción de gobierno.

Y yo no digo que no se pueda cambiar la ley, pero no a la brava, porque la seguridad jurídica es la base del Estado de Derecho. Pero este es país incongruente, donde un partido dinástico, que ahora aparece acometido por el patrioterismo, se arropa en la bandera, pero que otorga poder decisivo por acción u omisión a grupos antisistema o a quienes quieren destruir la nación de la bandera en la que ahora se envuelven. Un país de una derecha sin freno, sin vergüenza ni decoro, incapaz de controlar a los delincuentes que la pueblan y que cada día nos promete nuestros sobresaltos. Y donde no se aprecia la purga de ricino que merecen sus culpas. Y lo mismo se puede decir el PSOE, cuyo palmarés de corruptos y sinvergüenzas rivaliza con el PP.

Un país con dos reyes y dos reinas, uno de ellos reconvertido en  un bon vivant de lujo, protegido de sus responsabilidades como ciudadano, y dispuesto a recorrer el mundo de francachela y guateque como invitado en todos los saraos del universo. Una monarquía que es pura apariencia y que se reinventa cada día para que los ciudadanos la acepten como bueyes domesticados, sin preguntarse por qué está ahí y quién la llevó.

¿Y el remedio? Frente a la desesperación de miles de familias, en un país cuyas políticas han generado cada vez más ricos y más pobres, los grupos antisistema, el populismo más descarnado, y no ya la ultraizquierda, sino una especie de talibanismo con soluciones para todo, promete cambiar de tal modo que no lo reconozcamos nunca más.

Y yo no digo que algunas de las políticas sociales que propugnan no sean necesarias, urgentes y aplicables; pero hay algo en el  discurso fondo que suena a revancha innecesaria, como si fuera el odio y no la razón lo que las animara.

Sacar a la calle a los presos de ETA

Pero también anuncian que sacarán a los asesinos de ETA de la cárcel, porque como la banda ya no mata, y no deben seguir purgando sus crímenes ni colaborar para que aclaren casi 200 asesinatos sin resolver. Pero eso  no es lo peor. Se abrirán las fronteras sin tasa a todo el que llegue, y se cobrará un sueldo universal. Los hermanos musulmanes podrán colocar a sus miembros como concejales (ya han empezado por Badalona) y los extranjeros residentes en Cataluña serán sujetos activos para decidir la ruptura de España. La “okupación” será un derecho; se reducirán las funciones de la policía y nadie será desahuciado aunque no page la renta de alquiler. El dueño, que puede ser una persona humilde que ahorró para comprar un piso y obtener una renta, tendrá que aguantarse. Porque siempre habrá un alcalde de las vanguardias liberadoras para impedir que se ejecute la recuperación de sus bienes. La propiedad será un delito. Ya lo vemos en el caso de una viuda de Cádiz, forzada a desahuciar a quien no le paga la renta, y para quien el alcalde no tiene la misma sensibilidad que para el deudor.

Ya sé que todo esto es una ensalada, pero basta espigar las decisiones y los hechos de los que gobiernan ya ayuntamientos decisivos. Esto es lo dicen, lo que anuncian. Todo esto se ha publicado, se ha prometido y se está ejecutando. La cosa no para ahí: el uso de un determinado idioma de modo exclusivo, no compatible, será determinante para que las empresas sean apoyadas en algunas comunidades o tendrán que emigrar y del mismo modo, en lugares como Santiago o Barcelona, se cuestiona el futuro de sectores esenciales de su economía, como el turismo. ¿Nos hemos vuelto locos?

Y por no referirnos a la falta de acción del Estado frente a los desafíos del secesionismo en Cataluña, donde ni siquiera parece contarse con la lealtad constitucional de una policía autonómica, pero que pagamos todos los españoles.

Pero la gente ha votado, y las componendas que permite la legislación electoral han proyectado hacia la legitimidad –en no pocos casos, con el apoyo de los de la bandera- a quienes encuadran en sus filas a una variada muestra, a veces de escasa representación, pero ahora titular de competencias decisivas para aplicar sus arriesgados modelos.

España es un país que se suicida, donde se ofenden sus símbolos, se quitan y ponen banderas, como signo de ruptura con la nación y con el Estado,  en una especie de reinos de Lilipud, y donde el pesimismo y la desesperación de las gentes cree que han aparecido los salvadores que nos redimirán con el modelo chavista o con las fórmulas de aquel colectivismo soviético cuyo resultado conocimos.

Y ojalá que me equivoque.