¿Pretenden trocear la soberanía y las competencias del Supremo?

Tribunal Supremo. / RTVE
Tribunal Supremo. / RTVE
El Tribunal Supremo de España no es algo distinto, esencialmente, de los órganos semejantes de “estados federales” como los Estados Unidos, Suiza o la República Federal Alemana. 
¿Pretenden trocear la soberanía y las competencias del Supremo?

En los últimos tiempos, con elaboradas lucubraciones jurídicas interesadas para llevar el agua a su molino, se viene cuestionando la legitimidad del Tribunal Supremo para decidir finalmente sobre determinados asuntos, especialmente con lo que tiene que ver con el llamado “conflicto catalán”, e incluso se cuestiona la existencia del mismo tal y como lo conocemos y establece la Constitución, por entender, entre otras ideas, que algunas de sus competencias esenciales deben ser ejercidas por otros órganos jurisdiccionales de carácter territoriales, de menor nivel.

Quizá quienes cuestionan las competencias del Supremo dudan de que Kelsen tenga razón cuando señala que la soberanía es la consecuencia de la existencia de una Ley Suprema vigente. Para este maestro, la soberanía que reside en el pueblo y éste, a través del poder constituyente, crea una Constitución, y tras ese proceso el poder soberano del pueblo se traslada al orden normativo, a partir de la Constitución; es decir, la máxima expresión de la soberanía reside en las leyes, las autoridades y los órganos del Estado. Y en el mismo sentido, Heller considera que tanto la capacidad jurídica como real de decidir en última y definitiva instancia sobre todo conflicto que altere la unidad de la solidaridad social interritorial se desprende del poder soberano del Estado. La soberanía se impone sobre todos los poderes organizados del Estado.

¿Es que el Tribunal Supremo de España es algo distinto, esencialmente de los órganos semejantes de “estados federales” como los Estados Unidos, Suiza o la República Federal Alemana? El Tribunal Supremo es un órgano jurisdiccional único en España con jurisdicción en todo el territorio nacional, constituyendo el tribunal superior en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo y social), salvo lo dispuesto en materia de garantías y derechos constitucionales, cuya competencia corresponde al Tribunal Constitucional.  Fue creado en 1812 por las Cortes de Cádiz (Decreto de las Cortes, de 17 de abril de 1812) para ejercer las competencias establecidas por el artículo 261 de la Constitución gaditana.

Constituye la cúpula del sistema de impugnaciones y es, por tanto, el máximo responsable de la unidad de interpretación de la jurisprudencia en España. Se ocupa, entre otras cuestiones, de decidir los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios, del enjuiciamiento de los miembros de altos órganos del Estado y de los procesos de declaración de ilegalización de partidos políticos.

Otros tribunales superiores

La Corte Suprema de los Estados Unidos fue establecida en 1789 por el artículo tres de la Constitución norteamericana. Como la corte federal más alta de los EE. UU, tiene jurisdicción de apelación discrecional para escuchar y fallar en casos decididos por todos los tribunales federales inferiores y casos de tribunales estatales que involucran leyes federales, así como jurisdicción original sobre una gama más pequeña de casos. En el sistema legal de los Estados Unidos, la Corte Suprema es el máximo y último intérprete de las leyes federales, incluida la propia Constitución. El Tribunal Federal de Justicia (en alemán, Bundesgerichtshof; abreviado, BGH) de Alemania es el tribunal supremo en el ámbito de la jurisdicción ordinaria y, por tanto, la última instancia en materia civil y penal. El Tribunal Federal o Corte Suprema Suiza es un órgano de revisión y última instancia de la Justicia Ordinaria del país. Su principal función es garantizar la aplicación uniforme de la ley federal en todo el país. Sea por tanto un estado federal o no, las funciones de los tribunales supremos coinciden en dos cosas: su misión unificadora de la Ley y la última instancia de todos los procesos judiciales, en el caso norteamericano, incluida la interpretación de la propia Constitución.

Pero en realidad, cuando se debate sobre las funciones y esencia del Tribunal Supremo estamos abriendo otro debate que deriva hacia el propio concepto del Estado y sus competencias soberanas. Volviendo a Heller, conviene recordar que el Estado es “la unidad de dominación por medios propios sobre todo el territorio”. Uno de esos órganos es el Tribunal Supremo. Si negamos a éste que cumpla sus funciones, negamos el propio concepto de soberanía. Porque la cuestión de fondo es esa: en el mejor de los casos, la propuesta de trocear la soberanía o, dicho de otro modo, desmontar el Estado. ¿O es que los separatistas pretenden otra cosa?

El mercadeo con los derechos constitucionales

Curiosamente fue un socialista, hoy denostado por los partidarios de Pedro Sánchez, el primer político español que se pronunció contra la pretensión del separatismo de trocear la soberanía del Estado, como primer paso para crear la propia al margen de lo que hoy conocemos Reino de España. En la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución en el año 2018, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dijo: No hay institución legitimada para trocear la soberanía nacional ni mercadear con los derechos constitucionales y que no se puede tocar la Carta Magna bajo ningún tipo de chantaje o amenazas".

La evolución posterior de algunos hechos anota que fue oportuno su premonitorio mensaje. Y ya entonces dijo que no se podía trocear la soberanía nacional y menos bajo la amenaza y el chantaje. Recordaba este criticado presidente la igualdad que dentro del Estado deben tener todas las voces y exigía que era necesario dejar claro que era precisa "una garantía absoluta a la hora de proteger que no haya dos regiones con privilegios a costa de los demás".

Resulta especialmente interesante con relación a este asunto lo que escribe el historiador catalán Josep Burgaya doctor en Historia Contemporánea y docente en varias universidades, autor del libro Populismo y relato independentista en Cataluña. ¿Un peronismo de clases medias?”, donde afirma que al nacionalismo catalán le ha venido bien para identificarse y cohesionarte construir un enemigo, España. Y en ese sentido declara que el “nacionalpopulismo, que de hecho es lo que es El Procés, no se plantea a sí mismo como una propuesta política, sino como un país en movimiento. Más allá del movimiento solo hay subyugados o traidores. Es totalizador en el sentido que se pretende único”.

Plantear un futuro quimérico

Apunta este historiador catalán que “para reforzar esta dialéctica separadora y de conflicto, se establece un memorial de agravios, se recrea una melancolía de la derrota, se simplifica la realidad, se afirma el carácter supremacista del propio pueblo, se niega cualquier posibilidad de pluralismo y de tolerancia al diferente, contando con que se ocupa el poder se construye un brutal sistema de propaganda, se configura una espiral del silencio, se practica la disonancia cognitiva negando los hechos cuando estos no acompañan, se dibuja un futuro quimérico, se ignoran los condicionantes geopolíticos, se convierte lo que es parte en totalidad

Burhaya se enfrenta a la realidad del mito nacionalista catalán con estas palabras: “Trocear la unidad de soberanía política no es algo que se pueda hacer a la carta y como antojo particular. ¿Quién y cómo se decide que Cataluña es una unidad de soberanía alternativa al Estado español? Dinamitar estados constituidos no es algo sencillo y tampoco muy deseable. En todo caso no se puede plantear de manera frívola, y aún menos cómo algo fácil en el contexto europeo en el que nos encontramos

El propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una intervención en el Parlamento Europeo, respondiendo a una pregunta del eurodiputado y exministro del PSOE Ramón Jáuregui, sobre "las regiones que quieren ser nuevos estados en Europa", con clara alusión a Cataluña, afrontó este asunto. Macron dijo que, siendo sensible a las expresiones culturales de todas las regiones europeas, sobre aquellas que buscan independizarse -sin nombrar específicamente a Catalunya-, que la Constitución o la soberanía de los países de la UE no puede "trocearse" o "dividirse": "Apoyo acompañar las especificidades culturales, la riqueza de nuestra diversidad, pero hay que hacerlo dentro de un marco que es un marco democrático. Y el marco democrático supone respetar la Constitución que el pueblo ha elegido".

El café para todos

España, de hecho, ya es cuasi un estado federal, como señala Burgayo, “pese a que uno de los problemas para avanzar hacia una configuración federal es la fragmentación territorial exagerada que se hizo al establecer el Estado de las Autonomías, creando comunidades que ni aspiraban ni tan solo querían ser una autonomía”, el famoso “café para todos”. Cabe recordar en ese sentido que el mismo José Bono que fue presidente del Congreso y Ministro de Defensa confesó que él nunca pensó en la vida que sería presidente de Castilla la Mancha. Y lo fue 21 años.

Burgayo concluye: El derecho a la autodeterminación no existe. No está establecido en ninguna constitución del mundo ni forma parte de los principios de ningún organismo internacional. Se estableció en relación con el proceso de descolonización, y no más allá de ello. Por eso mismo el independentismo en los últimos años invento el “derecho a decidir” como eufemismo bajado de tono”.

En los años sesenta, el nacionalismo radical gallego hizo circular ampliamente el famoso folleto de Stalin sobre la cuestión nacional, donde abogaba por el derecho de las naciones de constituirse o separarse esencialmente y a voluntad. Ese derecho figuró en la propia Constitución Soviética sin que nunca se aplicada realmente, al contrario, hubo que esperar a que el régimen colapsara para que otros territorios y naciones que había ocupado pudieran recuperar su propia soberanía e independencia. @mundiario

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