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MUNDIARIO

¿Es evitable la colisión de la Ley de Memoria Democrática con la vigencia de la Amnistía?

El Tribunal Supremo impidió anteriormente dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977, aprobada por amplio consenso, pero la aplicación de la Ley de Memoria Democrática puede resaltar el choque.

¿Es evitable la colisión de la Ley de Memoria Democrática con la vigencia de la Amnistía?
Congreso de los Diputados.
Congreso de los Diputados.

Vistas las declaraciones que se vienen haciendo por parte del Gobierno en torno al contenido de la futura “Ley de la Memoria Democrática” y sus efectos, que vendrá a sustituir a la llamada “Ley de Memoria histórica” cabe preguntarse qué efectos va a tener, si llega a tenerlos, sobre la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, modificada el 12 de enero de 1984. Visto los antecedentes de colisiones anteriores, parece inevitable el choque de criterios en el ámbito jurídico sobre el alcance mismo de la amnistía. Esta Ley fue la pieza vertebradora del proceso de la “transición” y una herramienta de enorme alcance en orden a la superación de la guerra civil y el enfrentamiento entre los españoles. Entonces, asistimos al asentimiento de los partidos democráticos y a la propia generosidad personal de los concernidos de uno y otro bando. Pedro Sánchez Castejón tenía 5 años y José Luis Rodríguez Zapatero iba a cumplir 17.

La Ley de Amnistía de 1977 se aplicó a todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis y a todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis y el quince de junio de mil novecientos setenta y siete, cuando en la intencionalidad política se apreciara, además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España.

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Franco sale del Valle de los Caídos.

Del mismo modo fueron amnistiados los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad realizados hasta el seis de octubre de mil novecientos setenta y siete, siempre que no hubieran supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas, aspecto éste controvertido (se amnistió a policías torturadores y a asesinos de ETA). Y también se aplicó a los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar. En el mismo paquete fueron incluidos La objeción de conciencia a la prestación del servido militar, la denegación de auxilio a la Justicia por la negativa a revelar hechos de naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional, los actos de libertad de expresión y opinión a través de cualquier medio.  En sentido amplio también se amnistiaron los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley o los cometidos contra el ejercicio de los derechos de las personas (se eludió la expresión Derechos Humanos).

La campaña de IU y Podemos contra la amnistía

En los últimos tiempos Podemos e Izquierda Unida abanderan una campaña contra la amnistía por entender que había venido a dar cobertura de impunidad de los crímenes del franquismo. No deja de ser curioso que aquélla fuera alabada en sus fines por el propio Marcelino Camacho, quien el 14 de octubre de 1977 así se expresaba en la tribuna del Congreso como portavoz del PCE: "Como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso".

Frente a quienes sostuvieron que la amnistía se hizo a la medida de los crímenes de la dictadura, el propio diario “El País”, publicaba que 14 de octubre de 1977 (día de la votación de la Ley en el Congreso de los Diputados): “Ochenta y nueve presos políticos se encuentran en las cárceles esperando la amnistía. De esta cifra, 53 presos son miembros de los GRAPO, veintitrés de ETA, doce del FRAP, nueve del Partido Comunista de España -Internacional- (PCE1), cuatro del Front d’ AIIiberament Catalá (FAC) y dieciséis anarquistas (algunos de ellos, miembros de CNT)”. Todos los cuales fueron puestos en libertad, con el agravante de que alguno de los de ETA volverían a cometer asesinatos.

Una norma simbólica

Los medios afines al actual Gobierno consideran que la nueva Ley de la Memoria Democrática será una de las normas más simbólicas de la legislatura, y que será como el epílogo de la exhumación de Francisco Franco, culminada el pasado 24 de octubre.  Se prevé declarar "nulos de pleno derecho" los juicios franquistas, transformar el Valle de los Caídos un cementerio civil y la salida de la comunidad benedictina que allí habita y que custodia la actual basílica. Serán ilegalizadas las asociaciones y fundaciones que hagan apología del franquismo y que el propio Estado asuma la recuperación de restos humanos de las fosas comunes (se espera poder recuperar unos 25.000) Además, se elaborará un censo oficial de víctimas de la guerra y la dictadura y, a efectos de identificación un banco nacional de ADE. Se creará una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para la investigación de los hechos producidos desde la guerra civil a la aprobación de la Constitución. Los expertos señalan, por otro lado, que será preciso desligar que es “apología” de la investigación o el estudio de documentos, archivos y de determinados personajes.

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Los tiempos del consenso que hizo posible la amnistía.

La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo viene haciendo declaraciones sobre la nueva ley como portavoz de las intenciones del Gobierno, que considera pieza esencial para democracia española enfrentándose de modo decidido con el pasado. Especialmente llamativo es que se establece una especie de gradación o frontera, estimando que los crímenes de unos son más execrables de los de otros frente al propio pensamiento que nos legó Azaña, de que fueran los de un lado o los de otro y con independencia del número de víctimas, “matar es”.

Mandatos que justifican la nueva Ley

Carmen Calvo indica que la nueva Ley incorpora los mandatos de la ONU y del Parlamento Europeo, y también del Congreso, y las recomendaciones que el relator especial de Naciones Unidas Pablo de Greiff hizo sobre España en 2014. Es precisamente la opinión de este relator lo que hace que el gobierno asuma que la represión en cada bando no puede estimarse simétrica. Es decir, que los paseos llevados a cabo por las brigadas del amanecer o los asesinatos en las “chekas” no son lo mismo que lo paseos en la retaguardia o los consejos de guerra del franquismo. Este es un aspecto polémico y discutible dada la similitud de los casos entre sí.

El Gobierno tiene prisa por llevar adelante su proyecto, que es muy ambicioso Más difícil parece que se pueda convertir el Valle de los Caídos en panteón de hombres ilustres, trasladando al mismo a personajes como Azaña o Machado, cuyas tumbas permanecen en el exilio. Cuando se le planteó es posibilidad, la familia de Azaña la rechazó por completo. El anteproyecto se someterá ahora a consultas del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial, para que a finales de año lo examine de nuevo el consejo de ministro y que la ley se publique en el BOE antes del otoño del año que viene. Por entender que la “Ley de la Memoria histórica” se quedó corta, la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho de modo expresivo que ahora se pretende ampliar la visión de aquélla, “elevando el foco”, no ya sobre la guerra civil y el régimen que salió de la misma, sino el devenir democrático del país hasta nuestros días. Cabe recordar que otras doce comunidades tienen sus propias leyes de memorias históricas.

No deja de ser paradójico que uno de los primeros objetivos sea la plena rehabilitación del expresidente de la Generalitat Companys, a quien el propio Azaña consideraba dos veces traidor y que estampó su firma en el enterado de las propias sentencias de muerte durante su mandato. Está por ver si, como pretende el presidente Torra, España pide de paso perdón por su ejecución en principio no previsto.

La colisión con la amnistía y el juez Garzón

Sobre la previsión de que la Ley de la Memoria Democrática pueda colisionar con la de Amnistía, cabe recordar que en su momento, la iniciativa del juez Baltasar Garzón, que sería desautorizada por el Tribunal Supremo por investigar delitos que estaban cubiertos por aquélla, a petición de la Asociación de Víctimas del franquismo, si bien el fallo no fue unánime y uno de los magistrados reconoció el derecho del conocido juez a iniciar el procedimiento. La causa tuvo su origen cuando Garzón, como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el 16 de octubre de 2008, se declaró competente para investigar las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo y autorizó la apertura de 19 fosas en toda España

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El Partido Comunista apoyó la amnistía.

El Tribunal Supremo afirmó que la resolución por la que Garzón declaró su competencia para investigar las desapariciones del franquismo contenía "argumentaciones erróneas" e  incurrió en exceso en la aplicación e interpretación de las normas", porque a los hechos denunciados por las asociaciones de memoria histórica les era aplicable la Ley de Amnistía. Ese fue otro de los argumentos del instructor del proceso, Luciano Varela, quien destacó la Ley de Amnistía fue promulgada con el "consenso total" de las Cortes Constituyentes y fue "consecuencia de una clara y patente reivindicación de las fuerzas políticas ideológicamente contrarias al franquismo Precisamente porque la transición fue voluntad del pueblo español articulada en una ley (la de Amnistía) es por lo que ningún juez o tribunal, en modo alguno, puede cuestionar la legitimidad de tal proceso. Se trata de una ley vigente cuya eventual derogación correspondería en exclusiva al Parlamento". El Supremo recordó Garzón que en el proceso penal español no es posible indagar responsabilidades penales de personas fallecidas,

Efectos de la amnistía

La amnistía no sólo anula la pena, sino que deja de considerarse culpable al condenado, se le exime de cualquier culpa y desaparecen por lo tanto las responsabilidades y los antecedentes penales. La amnistía se basa en el olvido y no se dirige a una única persona, sino a todo un colectivo, a toda una causa. El objetivo que se persigue es enterrar una fuente de conflicto. O lo que es lo mismo, pasar página para promover la reconciliación y empezar una nueva etapa, como se pretendió con la transición. Según el Profesor León Duguit: "La amnistía tiene por efecto el considerar retroactivamente como no punible un hecho previsto y castigado por la ley penal".

¿Puede una persona que ha sido amnistiada volver a ser objeto de acciones judiciales por el mismo hecho? La amnistía de 1977 se propuso abrir el camino empezar sin rencores una nueva era democrática. La ley recibió el apoyo de la inmensa mayoría de grupos en el Congreso, con 296 votos a favor, 2 en contra y 18 abstenciones. Con el paso de los años, sin embargo, han ido surgiendo las críticas, porque se la consideró un obstáculo por ejemplo para juzgar los crímenes del franquismo por parte de los mismos partidos de izquierda que en su día la apoyaron. Como explica el profesor Hernán Salgado Pesantes “la amnistía se justifica en aquellas situaciones críticas que vive un Estado, en un momento determinado que le sirven de fundamento”, como ocurría en la España de 1977 que quería abrir un nuevo periódico en la historia de España que dejara atrás el pasado. @mundiario