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MUNDIARIO

¿Es admisible que Juan Carlos I siga en Zarzuela y con despacho en el Palacio Real?

Desde tiempos de Zapatero, PSOE y PP bloquean la redacción del pendiente "Estatuto de la Familia Real" o "Ley de la Corona", que de tan urgente necesidad se aprecia estos días.
¿Es admisible que Juan Carlos I siga en Zarzuela y con despacho en el Palacio Real?
Las amistades y los regalos peligrosos de Juan Carlos I.
Las amistades y los regalos peligrosos de Juan Carlos I.

Aunque su hijo, primer reconocimiento de sus culpas, le haya retirado el sueldo mensual, ¿puede el rey honorífico, que no emérito, seguir viviendo en la Zarzuela y tener un despacho en el Palacio Real a costa del erario público, dada su conducta personal, públicamente reconocida? Ello nos lleva a otro asunto, la necesidad de un “Estatuto de la Familia Real”, que el PSOE, en tiempos de Zapatero, consideró que no era un asunto de urgencia, pese a que, desde diversas posiciones, prestigiosos especialistas en Derecho Constitucional, y no precisamente republicanos, habían sugerido todos estos años la conveniencia de redactar dicho Estatuto, de modo que se hubieran delimitado en debida forma el marco legal dentro del cual los miembros de dicha familia pueden desenvolverse y que tantos problemas habría evitado a ellos mismos, a la institución y al país.

Conviene tener presente que una de las consecuencias de la serie de avatares que vive la familia de Felipe VI y el conjunto de la institución monárquica, a medio plazo, es que, cuando las circunstancias lo permitieran, (antes de la sorpresiva abdicación) –es decir, cuando el “caso Urdangarín” se hubiera substanciado- estaba previsto el desarrollo del llamado “Estatuto de la Familia Real”. Este asunto, por la postura del PP parecía algo distinto de la posible “Ley de la Corona”; es decir, que podrían ser una sola o dos piezas separadas.  Pero lo importante serán las consecuencias, ya fuera un Estatuto o una Ley de la Corona, en el futuro, ya de estar ahora vigentes, lo que algunos querrían establecer, hubieran podido influir en el tratamiento procesal de la Infanta Cristina o, al menos, otorgarle determinados privilegios procesales, como el declarar escrito o incluso o hacerlo. El PSOE parecía estar de acuerdo, e incluso que, en este asunto, rebasaba en entusiasmo a la derecha.

La separación de los actos personales

La irregular conducta de Juan Carlos I, estos días aireada, plantea una cuestión de mayor alcance, desde hace tiempo pendiente, que es delimitar la cobertura de la irresponsabilidad del jefe del Estado en cuanto a sus actos institucionales (que avala la firma de un ministro como regla general) de aquellos otros de carácter personal y privado. Pero eso es la cuadratura del círculo: ¿Podría ser el Rey condenado por sus actos privados al pago de una sanción económica o ir a la cárcel por un delito fiscal siendo Rey? ¿Cómo encajamos eso? Sin duda va a ser un substancioso debate.

Resulta curiosa la evolución de la postura del PSOE, luego de que Pedro Sánchez se haya mostrado preocupado por la sucesión de noticias sobre las andanzas de Juan Carlos I, al tiempo que alaba a su hijo, el Rey, por haber lo que se supone que debe hacer. No puede extrañar la postura del PSOE, partido resueltamente dinástico, que ya en la reforma del Código Penal de 1995 reforzó la protección penal del Rey y su familia, incluyendo entre los sujetos de protección especial a sus antepasados o sucesores (sin decir hasta dónde), lo que a juicio de los historiadores es “puro dadaísmo”, como ya se ha indicado.

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PSOE y PP bloquean que el Congreso lo investigue.

Dolores de Cospedal, expresando la postura del PP, al referirse al posible Estatuto de la Familia Real, manifestó en su momento que el asunto debería abordarse “con mucha tranquilidad y prudencia para buscar un acuerdo entre todos los partidos porque merecía una reflexión pausada y no al socaire de una u otra noticia: El Gobierno tiene la obligación de llevar con prudencia, con sensatez y con discreción todo lo que atañe a la regulación de la Corona o del sucesor de la Corona”. El Grupo Parlamentario de UPyD quiso provocar un debate en el Parlamento sobre la regulación de todos los aspectos de la Monarquía que la Constitución dejó sin concretar al dejar la tarea de aprobar leyes para llenar los vacíos a los Gobiernos y a las Cortes. El refrendo de los actos del Rey tendría que estar bajo el control del Parlamento y del Gobierno, o de uno o de otro. También habría que aclarar el alcance de la “inviolabilidad” del Monarca y si afecta a todas sus actividades incluidas las exclusivamente personales, como este partido propuso en su momento.

Acontecimientos precipitados

Pero es evidente que la abdicación de Juan Carlos I, su aforamiento precipitado, con el de las reinas saliente y entrante, precipitaron los acontecimientos.

Abiertamente partidario de proteger a la Casa Real, el PSOE fue siempre más claro que la derecha. “Sólo hace falta elegir el momento apropiado” --dijo Elena Valenciano, como portavoz del PSOE en su momento, quien bautizó la reforma como “Estatuto de la Casa del Rey””. Lo más increíble es la explicación: “Se hará cuando sea posible para modernizar la monarquía”. Parece claro que, en la Zarzuela, con la colaboración de los partidos dinásticos, no quieren que los actuales acontecimientos vuelvan a ser posibles. Y no porque los miembros de la familia real vayan a ser ejemplares, sino que sean como sean y hagan lo que hagan, sea imposible o complicado aplicarles la ley común.

Más urgente que una nueva carta de privilegios para los miembros de la Familia Real, parece –cosa que el PSOE de Zapatero calificó de “No prioritario”, regular el acceso de los miembros de dicha familia a las empresas privadas, sus relaciones con entidades financieras y la propia transparencia y control parlamentario, como ocurre en otras monarquías. De este asunto se han dado variadas puntadas: Incorporar parcialmente a la Corona en la Ley de Transparencia y las iniciativas personales de Felipe VI.

Normas para la galería

De manera puntual ha ido dictando normas más para la galería que de verdadero alcance, ya que no las soporte ningún elemento jurídico, como sería una Ley o un Estatuto. Lo que realmente sería efectivo está hibernado, a la espera del momento adecuado para abordarlo. Curiosamente, cuando lo que se esperaba era que la Casa Real y sus miembros se comprometieran a una conducta ejemplar, los escándalos de la familia, las imputaciones contra destacados miembros de la misma en supuestos penales, han provocado que quedara en suspenso el blindaje de los deudos del Rey, para substraerlos a la norma común, mediante un especial aforamiento. Por eso, hubo que parchear la situación del modo conocido y tan escasamente vistoso desde el punto de vista jurídico.

Los panegiristas de la Monarquía, no dudaron en quejarse de que las infantas, como ocurre con Cristina de Borbón no estuvieran protegidas por estatuto alguno, mientras son aforrados numerosísimos cargos públicos estatales y autonómicos. Por eso desde hace tiempo, el PP y el PSOE estuvieron de acuerdo en redactar un texto que debe regular capítulos referidos al estatuto jurídico, funciones y fuero de la familia real, y, entre otras cosas, aclarar quiénes la componen.

En diciembre de 2011 se incluía a los Reyes, a los príncipes de Asturias y a sus hijas, Leonor y Sofía. Apenas veinticuatro horas más tarde, un comunicado de la Casa del Rey se desdecía de todo lo anterior e incluía a las Infantas y sus hijos, así como a Iñaki Urdangarín.  Hoy en día, después de los diversos episodios vividos por la familia, no está claro qué se entiende por tal, ya que parece depender de las circunstancias. Incluso en cuestiones de protocolo, apartado el matrimonio Urdangarín-Borbón de la agenda oficial, la infanta Elena aparece o no en los actos institucionales, sin criterio fijo.

Tanto el Gobierno como la oposición esperan, pero con idéntico propósito, aguas calmas para que, en el futuro, sea o no ejemplar esta familia, sea tratada como cualquier otra. La única fuerza política que ha presentado una iniciativa en el Congreso en este sentido ha sido Izquierda Unida. El entonces diputado Gaspar Llamazares registró una proposición no de ley sobre el Estatuto jurídico y fuero de los miembros de la Casa de Su Majestad el Rey. Pero a Llamazares le interesaba sobre todo definir las funciones y las incompatibilidades para esta familia.

A día de hoy, como se sabe, el PSOE, el PP y la extrema derecha han bloqueado que el Congreso de los Diputados pueda abrir una investigación sobre los malos pasos de Juan Carlos I. @mundiario