Ante el error de justificar los crímenes franquistas, ¿basta con pedir perdón?

“Los condenados a muerte por Franco se lo merecían”. Un alcalde elegido por los ciudadanos, como es el caso de Manuel José González Capón, regidor de Baralla (Lugo), no debe ni puede pronunciar estas palabras, ya que dan una muestra de su poca lealtad hacia la democracia.

Este caso no es único dentro del partido al que pertenece González Capón, el PP. Numerosas han sido las declaraciones y las defensas hacia la dictadura, en esencial las referidas a no identificar a los condenados a muerte en las fosas comunes o a retirar símbolos franquistas de las calles y los edificios, así como varias propuestas más que promovió la Ley de Memoria Histórica.

Esta ley fue vista desde antes de su aprobación como una profanación de la historia, como una reapertura de viejas heridas cicatrizadas. Pero hay un dato que este sector político e ideológico tendría que haberse planteado: miles de familias no saben donde están los restos de sus familiares condenados.

Cientos de vidas se esfumaron en el olvido por pertencer al bando perdedor en una guerra entre hermanos, por pensar de manera diferente al general que firmaba las sentencias, quizá no al del pobre fusilador, posiblemente forzado a enrolarse en las filas del ejército vencedor para no ser él quien estuviera esperando la muerte.

Justificar estas condenas del franquismo es lo mismo que negar los crímenes cometidos. Profesores que impartían sus clases con métodos que escapaban del tradicionalismo católico, jóvenes idealistas que soñaban con un mundo mejor, como las Trece Rosas, de las que recientemente se cumplieron 75 años de su fusilamiento, simples trabajadores y obreros que fueron señalados por sus vecinos como rojos o traidores de la patria, como si de una especie de nueva Inquisición se tratase, estudiantes, escritores, artistas, intelectuales. La lista de fusilados, paseados, torturados o condenados al olvido es incontable.

Afirmar que los condenados a muerte durante el franquismo se lo merecían es olvidar varios de los derechos y libertades fundamentales que forman la base de un Estado democrático de derecho. La libertad de creencia ideológica y religiosa, que tantas sentencias de muerte acarrearon durante su erradicación en la Guerra Civil y la dictadura, solamente por pensar de una manera diferente al resto, no creer en Dios o decir en alto lo que pasaba por su mente. La ausencia de libertad de expresión es otra de las bases que no existieron durante el franquismo. Miles fueron los exiliados, muertos en vida, que tuvieron que abandonar el país para poder seguir expresando sus ideales, sin tener que pasar por el fusilamiento. El derecho a la vida, que tanto defienden los grupos conservadores a la hora de criticar al aborto, impediría la pena de muerte, por lo que no habría que lamentar la pérdida de cientos de almas arrojadas a lo más profundo de una fosa común.

Aunque haya pedido perdón por lo sucedido, la gravedad de estas palabras es más que evidente. Un representante político elegido democráticamente no puede bajo ningún concepto afirmar estas palabras. Nadie se merece morir por pensar diferente, por no seguir la misma religión que una parte de la sociedad o. simplemente, por haber sido señalado, bien por venganza o bien por el miedo de un vecino que no quería que le pasase a él lo mismo. Una sociedad democrática debe luchar por identificar a todos los condenados, por ser conscientes de lo que realmente ha ocurrido en su pasado reciente, por cerrar las diferencias que una vez hubo con la verdad, no con mentiras ni falsedades. Simplemente, hay que comprender el pasado para aprender de los errores, ya que como dijo Khalil Gibran, "la historia no se reptie si no es en la mente de quien no la conoce".