ERC y JxCat no se conforman con el “gesto” de la Abogacía del Estado

Los miembros del Govern, y los líderes de Esquerra Republicana y el PDeCAT siempre habían supeditado el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a un "gesto" por parte del Gobierno central hacia los políticos independentistas presos. Para el independentismo, el escrito que la Abogacía del Estado y la Fiscalía han presentado reflejan "todo lo contrario".

Así lo han asegurado este viernes el vicepresidente Pere Aragonès (ERC) y la diputada de Junts per Catalunya, Gemma Geis, que consideran que las penas solicitadas son más duras, incluso pese a la decisión de la Abogacía del Estado de no acusar por rebelión, como sí ha hecho el ministerio público. Tanto republicanos como neoconvergentes han asegurado que su apoyo a los Presupuestos ha quedado aún más en entredicho, reseña El País.

“Lamentablemente Sánchez no ha cambiado la línea represiva de Mariano Rajoy. No ha habido ni un gesto ni un movimiento por su parte. Por tanto, no habrá ni un movimiento ni un gesto por nuestra parte", ha dicho Aragonès, en referencia a un posible apoyo a las cuentas. Los republicanos habían condicionado ese apoyo a un cambio de criterio de la fiscalía, ya que consideran que había margen dentro del Estatuto del Ministerio Público para hacerlo. En un comunicado, el PDeCAT reiteró que "el mantenimiento del acoso judicial al movimiento independentista hace imposible mantener algún tipo de colaboración con el Gobierno español".

De hecho, la diputada Gemma Geis (Junts per Catalunya) ha considerado que el Gobierno, en lugar de hacer un gesto, "hace todo lo contrario". "La Abogacía del Estado de Rajoy solo acusaba a los presos políticos de malversación. La de Sánchez agrega además la sedición", ha explicado.

El ministerio público pide hasta 25 años de cárcel en el caso del exvicepresidente Oriol Junqueras, al que le atribuye el delito de rebelión agravado con malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado no ha acusado a los procesados de rebelión, pero sí de sedición. Se trata de cargos que también se imputan a los otros exconsejeros del Gobierno de Carles Puigdemont que, como Junqueras, están en prisión preventiva (Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa), para los que solicita 16 años de cárcel.

A los otros tres procesados encarcelados (la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium, Jordi Cuixart) se les acusa de rebelión, pero no de malversación. Aún así, son considerados “promotores o jefes” de la rebelión, por lo que la fiscalía solicita para ellos más pena que para los exconsejeros (17 años de prisión).

Por otro lado, tanto el presidente de la Generalitat, Quim Torra, como el presidente del Parlament, Roger Torrent, han rechazado las acusaciones y han calificado de “farsa” el proceso judicial. Consideran que se fundamenta en un relato lleno de mentiras sobre los hechos de la protesta alrededor de la Consejería de Economía de la Generalitat. “Cualquiera que haya estado allí sabe que no hubo violencia”, ha asegurado Torrent. Para ambos, la causa va contra el independentismo en su conjunto, no contra los políticos en prisión preventiva y los que están en libertad pese a estar siendo procesados.

El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha considerado que se trata de otra muestra de que se está llevando a cabo "una causa general contra el derecho a la autodeterminación". "No está únicamente en juego la libertad de estas personas, que ya sería suficientemente grave, está en juego la libertad de los derechos políticos del pueblo catalán y de cualquier espacio político que se considere demócrata", ha agregado.

Los comunes han valorado que la Abogacía del Estado no haya imputado rebelión, si bien consideran que no es suficiente. "No ha habido ni malversación ni sedición y esperamos que estas personas salgan en libertad pronto", ha asegurado la diputada en el Congreso Lucía Martín. @mundiario