Dos enjuiciados por un supuesto delito de odio dirigirán a Vox en Barcelona

Vox ha dado una nueva campanada en Barcelona por el nombramiento de los máximos responsables del partido en la ciudad. Se trata de Joan Garriga, presidente, y Mónica Lora, secretaria-tesorera, quienes serán juzgados por un supuesto delito de incitación al odio cometido en las elecciones de 2011, cuando estaban al mando de Plataforma per Catalunya, un partido xenófobo que difundió una campaña contra los inmigrantes musulmanes. Afiliados de la ultraderecha han recurrido ante la justicia estos nombramientos por considerarlos ilegales.

El 1 de octubre, Santiago Abascal, gran patriarca de Vox, visitó el cuartel de la Guardia Civil en Travessera de Gràcia, en Barcelona, justo para el segundo aniversario del referéndum anticonstitucional independentista de 2017. Al día siguiente, los afiliados de la agrupación en la capital catalana eran informados vía electrónica que "en aras de fortalecer y revitalizar la estructura orgánica provincial" ante los inminentes comicios del 10 de noviembre, el comité ejecutivo nacional disolvería la comisión gestora de la Ciudad Condal.

Este mensaje, firmado por el vicepresidente del partido Tomás Fernández, dejó en estado de schock a los afiliados, puesto que en la ciudad no había ninguna comisión gestora sino un comité ejecutivo provincial, elegido de forma democrática por las bases del partido en julio del año pasado, y porque no había condiciones en los estatutos para esta abrupta maniobra. Ni el comité de Barcelona había faltado a las instrucciones de la dirección, ni tampoco se habían dado de baja más del 50% de sus integrantes.

Todavía más sorprendentes fueron los nombres de quienes se encargarían de tomar las riendas en una ciudad donde el partido ganó dos diputados en las últimas elecciones. Juan Garriga Domenech quedaría como presidetne de la gestora, y como secretaria-tesorera se asignaba a Mónica Lora Cisquer, exconcejal de Mataró. Los dos tienen como común denominador que fueron dirigentes de Plataforma per Catalunya, un partido de extrema derecha que ya en las municipales de 2011 se colaron en hasta 40 Ayuntamientos de la comunidad, con casi 70 concejales, y en enero el partido desapareció, por lo que sus militantes emigraron a Vox.

No obstante, algunos de sus dirigentes tienen citas con la justicia por sus actividades en un partido que nunca ocultó ni su xenofobia ni su racismo. El juzgado de instrucción número 3 de Reus, Tarragona, dictó el 24 de octubre un auto de apertura de juicio oral contra Lora, Garriga y otros 11 exdirigentes del partido por un delito de discriminación y provocación al odio, el cual puede ser penado hasta con cuatro años de cárcel y un año de multa.

Estos hechos, por los cuales deberán ser juzgados, se dieron en 2011, justo en aquellas elecciones municipales, cuando desataron una campaña que se regía bajo el lema de "primer els de casa" (primero los de casa), y la cual incluía un cheque simulado de hasta 4.000 euros a nombre de un supuesto musulmán y acusaba a estos inmigrantes de quitarle puestos de trabajo a los locales, recibir subvenciones, saltarse impuestos y hasta tener conexiones con la mafia.

Para el juzgado, esta campaña "excede los límites de la libertad de expresión y golpea el núcleo de la dignidad humana. [...] Tales discursos de odio, dirigidos contra grupos nacional, racial o religiosamente diferenciados, suponen una incitación a que el resto de la sociedad fabrique un enemigo artificial y predisponen a que se dé el caldo de cultivo adecuado para que, en un momento como la crisis económica que se manifestó con toda su virulencia en 2011, se pueda llegar a canalizar cualquier acto violento contra estos inmigrantes”, según la cita que hace El País del auto del juez.

Pero Garriga y Lara no son los únicos que tienen cola que les pisen dentro de la nueva dirección de Vox en la capital catalana. Jordi de la Fuente, mano derecha de ambos, fue uno de los grandes jefes del Movimiento Socisl Republicano (MSR), una agrupación con tintes neonazis que se definía a sí mismo como "nacional-revolucionario", con el cual concurrió en los comicios de 2009 y 2012, para luego irse a Plataforma per Catalunya y, al final, a Vox.

La polémica desatada por el cambio en Barcelona ha desembocado en los tribunales. En un gesto inédito, un grupo de afiliados presentó el 6 de este mes ante el juzgado de guardia de Madrid una demanda en la cual piden que se declare nulo el acuerdo del comité ejecutivo nacional que dio de baja a los directivos elegidos por las bases, explica El País. Para los demandantes, la maniobra es ilegal, arbitraria y antidemocrática, así como una violación a los estatutos de Vox. @mundiario