Las encuestas más recientes indican que la inestabilidad se consolida en España

Congreso de los Diputados.
Congreso de los Diputados.

Ante el problema principal e inmediato, la rebelión secesionista de la autonomía catalana, no hay ninguna propuesta. No la tiene el Gobierno, enrocado en judicializar un problema esencialmente político, no la tienen los demás grupos. Ciudadanos y PSOE optan por vaguedades y Podemos por el secesionismo.

Las encuestas más recientes indican que la inestabilidad se consolida en España

Las encuestas más recientes indican que la inestabilidad se consolida. En unas hipotéticas elecciones generales el PP seguiría siendo la fuerza más votada, seguida a distancia por el PSOE, Podemos y Ciudadanos, por ese orden. Nada parece haber cambiado en los dos últimos años. Ni el desgaste del Gobierno por la corrupción, ni el vuelco interno de los socialistas, ni la moción de censura de Iglesias parecen haber influido en los electores. En todo caso los ciudadanos se  han ratificado en su posición.

Algunos gestos muy mediáticos, como la reprobación del ministro de Hacienda, pueden volverse contra uno de sus promotores, Ciudadanos, que  apoya al Gobierno. Por otra parte, la falta de entendimiento entre populares y socialistas se da ya por descontada, lo que significa la parálisis legislativa de las Cortes.

Ante el problema principal e inmediato, la rebelión secesionista de la autonomía catalana, no hay ninguna propuesta. No la tiene el Gobierno, enrocado en judicializar un problema esencialmente político, no la tienen los demás grupos. Ciudadanos y PSOE optan por vaguedades y Podemos por el secesionismo. Pero ninguno tiene voluntad, tal vez tampoco capacidad, para presentar una propuesta viable de desbloqueo político que pueda facilitarle al Gobierno abandonar la actual posición y a la Generalitat una salida honrosa al callejón sin salida en el que se encuentra.

Si Cataluña produce la quinta parte del PIB y es líder en los principales sectores económicos, de investigación o culturales, es evidente que el problema requiere soluciones apropiadas y no despreciar ese liderazgo en aras del interés partidista

Y es algo tanto más grave cuanto que la sociedad catalana no respalda la posición estatal. Las últimas encuestas conocidas expresan el deseo de diálogo institucional y de reformas que den respuesta a las necesidades específicas de aquel territorio. Reducir éstas al común denominador es ignorar el fondo del conflicto. Si Cataluña produce la quinta parte del PIB y es líder en los principales sectores económicos, de investigación o culturales, es evidente que el problema requiere soluciones apropiadas y no despreciar ese liderazgo en aras del interés partidista. Porque si ya el sistema actual reconoce situaciones singulares para algunos territorios, como el foralismo de Navarra y el País Vasco, la insularidad,  las lenguas propias de varios territorios o el carácter histórico de algunas autonomías, Andalucía entre ellas, no existen razones de peso para no ahondar en esa vía.

Como no existen razones de peso para no mejorar el funcionamiento de la autonomía catalana mediante acuerdos políticos y legislación ordinaria, asumiendo que la reforma constitucional parece un horizonte muy lejano. Es decir, política real, de acuerdos, cesiones y discurso común, en lugar de posiciones de poder que son, por definición, transitorias. Lo que queda en una sociedad es la huella de la acción de los gobiernos, no los propios gobiernos. Los dirigentes pasan, los acuerdos permanecen y sobre ellos se construyen otros y se articula la convivencia. No son los jueces quienes construyen la convivencia sino los políticos.

A veces los corifeos del gobierno aducen que la ley permitió la derrota del terrorismo y que igual acontecerá con el secesionismo. Error de planteamiento. Fue la política lo que permitió acabar con el terrorismo: acuerdos para aislar a los grupos de apoyo, reformas legislativas, política carcelaria, modernización policial, actuación internacional, discurso constante.  Y todo ello durante muchos años.

El problema territorial es de otro orden, pero también más complejo. Tanto que durante los últimos años lejos de encauzarse se ha radicalizado abriendo una brecha social en la Comunidad más desarrollada del país. Volver a la convivencia constructiva debería de ser el objetivo de cualquier gobierno y también de cualquier partido político. Aunque ello implique dejar por un momento el memorial de agravios y ponerse a escuchar y a sumar. El poder no resolverá lo que la política no quiere abordar.

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