El Supremo se plantea aumentar la seguridad jurídica en España en un entorno convulso

Sede del Tribunal Supremo.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha convocado un pleno con urgencia para los próximos días 18,19 y 20 para declarar con carácter de jurisprudencia temas de interés socioeconómico.
El Supremo se plantea aumentar la seguridad jurídica en España en un entorno convulso

Sede del Tribunal Supremo, en Madrid.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha convocado un pleno con urgencia para los próximos días 18,19 y 20 para declarar con carácter de jurisprudencia temas de interés socioeconómico, a los que no será ajena la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo sobre abusos hipotecarios, según ha sabido MUNDIARIO.

Entre otros, están temas como la petición de declaración de abusivas de las cláusulas denominadas “suelo” y “techo” de los contratos de préstamo hipotecario a interés variable  o la imputación de responsabilidad de los bancos por la gestión de capital ajeno en productos de inversión financiera de “alto riesgo”. También se hablará de la alegación de incumplimiento de los deberes de diligencia e información del riesgo en la adquisición de valores y de la legitimación para pedir la revocación de los contratos realizados por la empresa antes de que se haya declarado su situación de concurso de acreedores.

La legitimación para impugnar acuerdos de las juntas de copropietarios, la subrogación del cónyuge viudo en el contrato de arrendamiento de vivienda y la aplicación a los contratos de arrendamiento celebrados bajo la vigencia del Real Decreto Ley 2/1985 (Decreto “Boyer”), pero sometidos a renovaciones periódicas (tácita reconducción), de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, lo que tiene consecuencias en cuanto a su duración y posible desahucio del inquilino, también serán asuntos a tratar.

Lo que acuerde la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo constituye jurisprudencia y así, en bloque, aumentará la seguridad jurídica en un entorno económica y jurídicamente convulso.

El Supremo se plantea aumentar la seguridad jurídica en España en un entorno convulso
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