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El Senado y sus vetos

El Senado, aparte de su función que tan bien describe Fraga con su alusión a la sopa “quemante”, tiene una función muy bien delimitada en la Constitución. Y, en la proyección legislativa, no puede parangonarse a la primacía del Congreso.

El Senado y sus vetos
Interior del Senado de España. / Twitter
Interior del Senado de España. / Twitter

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Pablo González Mariñas

Pablo González Mariñas

El autor, PABLO GONZÁLEZ MARIÑAS, es colaborador de MUNDIARIO. Es político, profesor de Derecho Administrativo y escritor. Fue miembro del Partido Galego Independiente y diputado por la UCD en el primer Parlamento de Galicia. Tras ser uno de los fundadores de Coalición Galega, en 1985 encabezó la escisión del sector más nacionalista, que dio origen al Partido Nacionalista Galego. Fue conselleiro de la Presidencia y diputado por el BNG. @mundiario

¿Para qué sirve el Senado? Esta es ya una pregunta “clásica” de nuestra democracia desde su implantación. Fraga solía repetir, en corte británica, que el Senado nos permitía “tomar la sopa fría”, esto es, dejar que se enfriase el ardor del debate en el Congreso y en la sociedad, y no quemarnos con la cuchara a la hora de tomar la sopa definitiva. Esta es, por encima de cualquier chusquera alegoría de la metáfora, la verdad y razón del bicameralismo en todo país donde aún subsista, incluso en el nuestro, esta fórmula vergonzante de la diferenciación social.

Por fortuna o “ingenuosidad” histórica, nuestro Senado, trasunto de desigualdades y privilegios hereditarios de toda naturaleza no exclusivamente monárquicos, se concibe en nuestra Constitución de la Transición como una Cámara legislativa menor, vicarial del Congreso de los Diputados. La primordial iniciativa legislativa y de control del Gobierno corresponde, salvo iniciativas menores, al Congreso. De otra parte, el papel del Senado como Cámara de representación territorial es una de las grandes burlas de nuestra Constitución, digna de Rabelais: un fantasma que ha aparecido muchas veces, incluso en algunas reuniones de expertos. Los Ministros siempre han dicho: ¡“saca ya de ahí”! Igual comportamiento que al artículo 57 CE que, en el mismo grado hereditario, prefiere “el varón a la mujer”. ¿Por qué se olvida esto sistemáticamente?

Aparte de esta frustrada función. El Senado se concibe en la Constitución como un freno potencial a iniciativas conflictivas legislativas que requieran de un mayor consenso social: “tomarla la sopa fría”, pero nunca desapoderar el Congreso de los Diputados. Por eso la Constitución diseña una segunda vuelta, una devolución al Congreso para una posible reconsideración, si este la entendiese procedente. Nunca para una hipotética desaprobación definitiva. En caso de veto  -dice su artículo 90.2-  antes de someter el texto inicial del  proyecto al Rey para sanción, el Congreso debe pronunciarse. Y en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acurdo que se someterá al mismo procedimiento. ¿Dónde queda, pues, la presunta potencialidad del veto?

El Senado, aparte de su función que tan bien describe Fraga con su alusión a la sopa “quemante”, tiene una función muy bien delimitada en la Constitución. Y, en la proyección legislativa, no puede parangonarse a la primacía del Congreso. Que nadie se engañe, nuestro Senado, inútil en su actual configuración como Cámara Territorial (artículo 69.1 CE), no ha sido concebido para controlar al Congreso. Es una Cámara legislativa subordinada, quizá no tanto a la etérea rúbrica de “las cuestiones que afecten directamente a las Comunidades Autónoma”. Es decir, “todas”. Esta es la subversión de los papeles.

¿Por qué, pues, el empeño socialista de redactar de nuevo el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera? (2012). Es que no es necesario y, posiblemente, sería inconstitucional. De acuerdo con el texto constitucional pactado por PSOE y PP en  septiembre de 2011 (Reforma “a quirófano cerrado” del artículo 135 CE), si el Senado rechazase los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, “el Gobierno remitirá un nuevo acuerdo, que se someterá al mismo” procedimiento”. Seguiríamos empantanados, pero el veto sería inconstitucional y habría de superarlo. Porque ¿es esto lo que de verdad interesa a todos, en el leguaje que por el PP y Ciudadanos se nos atribuye “a los españoles”?

Esa difícil saberlo. Está claro, “los españoles”, los vecinos, quieran o no que sean su alcalde, no es un concepto omnicomprensivo de ciudadanos. Todos pensamos cosas diferentes y es de razón y de pasión que así sea. Pero habría que no enmarañar el Derecho, la Política y la Moral con fórmulas que el ciudadano medio no puede entender ni es de razón y de conciencia que las entienda. @mundiario