El sector público español es relativamente reducido en relación con los socios de la UE

El Consejo de Ministros ha aprobado un informe elaborado por la Vicepresidencia del Gobierno con la cooperación de los diferentes Ministerios. Sumando cantidades disjuntas han concluido que se pueden ahorrar 37.000 millones de euros con diferentes medidas administrativas, organizativas y de racionalización. El documento puede consultarse en Internet y aporta desiguales contribuciones, algunas relevantes y otras anecdóticas. Las aportaciones de algunas áreas de la Administración, como Cultura, son inanes. Otras, afortunadamente, aportan reflexiones de mayor interés.

El documento reconoce algunos hechos relevantes. Así, que en 2012, España se sitúa entre los 10 países de la UE con menor gasto público en porcentaje de PIB (43,4%), frente a un 49,9% de media en la eurozona, y a bastante distancia de los niveles de las grandes economías de la UE, como Francia (56,6%), Alemania (45%), Reino Unido (48,5%) o Italia (50,7%).

Por otra parte, desde el tercer trimestre de 2011 hasta el primer trimestre de 2013, se ha producido una reducción del empleo público en 374.800 trabajadores. En este periodo, el empleo público ha caído un 11,6% frente al 7,7% en que ha disminuido la ocupación en el sector privado. Es decir, que la crisis ha permitido al gobierno reducir el sector de servicios públicos de forma ostensible.

En consecuencia, analizando el nivel de ingresos y gastos públicos de nuestro país, se puede concluir que el sector público español es relativamente reducido en comparación con nuestros socios de la Unión Europea. Si atendemos a la estructura del gasto, desde el punto de vista funcional, con datos extraídos de los Presupuestos de las Administraciones Públicas para el ejercicio 2012, el gasto social y en servicios públicos básicos representó el 65,92% del gasto público y cerca del 30% del PIB, sin contar los intereses de la Deuda. Y en cuanto al personal, en la AGE y las comunidades autónomas (CC AA) solo el 25% de los empleados públicos se encuentran en las estructuras puramente administrativas, estando el resto dedicados a servicios de sanidad, educación, seguridad, defensa o justicia.

Respecto a su distribución territorial, casi la mitad del gasto público está gestionado por las CC AA  y las Entidades Locales. Según los últimos datos disponibles de la OCDE, comparables con los de otros países de estructura descentralizada, la estructura de gastos en 2011 fue la siguiente: Gobierno central: 21,6%; Gobierno regional: 34,3%; Gobierno local: 12,3%; y Seguridad Social: 31,9%.

La paja en el ojo ajeno

El informe plantea, que por parte de órganos estatales, se asuman funciones realizadas por órganos autonómicos. Este es el caso de las competencias atribuidas a los Tribunales de Cuentas, Agencias de Protección de Datos, Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, agencias de evaluación del ámbito universitario, agencias autonómicas de la energía, agencias de meteorología, órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, institutos o servicios cartográficos, órganos de defensa de la competencia, entre otros. Asimismo, otras medidas pretenden mejorar la eficacia y eficiencia mediante la compartición de medios entre las distintas Administraciones, que van desde las oficinas en el exterior hasta la conservación de carreteras, las plataformas de formación de empleados públicos o de gestión de centros educativos.

De esa forma, aparentemente burocrática, se plantea un objetivo político, la reducción de funciones y competencias de las Comunidades Autónomas. El informe no dedica ni un comentario a la estructura organizativa de la Alta Administración del Estado, ni a las subdelegaciones del Gobierno y otras estructuras perfectamente supérfluas, pero si entra en el detalle de algunas funciones autonómicas, difícilmente modificables sin cambios legales profundos.

De hecho la mayor parte del informe, y la más interesante, está dedicada al análisis de medidas administrativas de mejora de la eficiencia, también sin coste estimado, pero donde la iniciativa corresponde exclusivamente a la voluntad de los dirigentes ministeriales. Y no sería objetivo menor lograr una Administración más eficiente. Del resto, queda la propaganda y previsiblemente un fracaso tan notable como el de la reforma local.