El gobierno de Santiago de Compostela, pendiente de la instrucción del 'caso Pokemon'
No debe de ser nada fácil gobernar una ciudad en estos momentos: los ingresos de los municipios están en límites históricos debido al parón generalizado de la construcción, la máxima fuente de ingresos para muchos ayuntamientos. La contracción del consumo conlleva también un importante volumen de comercios que echan el cierre y, por ende, una notable caída en la recaudación municipal. Si a este ambiente general le sumamos la sospecha permanente de corrupción, el cocktail es explosivo.
La 'operación Pokemon' que investiga la jueza Pilar de Lara se ha llevado ya por delante al alcalde de Ourense y mantiene abiertas las imputaciones de los alcaldes de Lugo y Santiago, con el consiguiente clima de inestabilidad que eso provoca en los gobiernos locales.
En la capital de Galicia son cuatro los imputados por este caso, entre ellos el propio alcalde Ángel Currás y dos concejales: Rebeca Domínguez, concejala de educación, y Adrián Varela, concejal de deporte. Pero la inestabilidad en el gobierno de Santiago viene de antes, no hay que olvidar que el actual alcalde asumió su función después de que su predecesor, Gerardo Conde Roa, se viese obligado a dimitir por un delito fiscal.
Ángel Currás se ha lamentado en diversas ocasiones por la lentitud del procedimiento y las permanentes filtraciones -a pesar del secreto del sumario- que se realizan a los medios de comunicación. Hoy el alcalde estará en el programa “Galicia Opina” de Popular TV y, de seguro, el principal hilo conductor de la entrevista lo constituirán los últimos datos sobre el enmarañado caso Pokemon.
