El ajuste la Administración española exige un pacto del Gobierno con las autonomías
Un país como el nuestro no puede sostener una estructura administrativa tan grande, ineficiente y despilfarradora. Por eso, la reforma de las administraciones responde a una necesidad sentida por los expertos y por los ciudadanos que saben que se ha creado una inmensa red de organismos, empresas públicas, fundaciones y chiringuitos varios, no siempre para prestar un mejor servicio, sino para ostentación de poder de los políticos de turno que, al tiempo, colocaban a sus parientes y amigos al frente de esos tinglados.
Seguramente esta tenía que ser la primera reforma que debió emprender el Gobierno que, de haber empezado por racionalizar y modernizar las administraciones para reducir el enorme gasto público, seguro que los recortes aplicados a los salarios de los funcionarios, a la sanidad, a la educación o a la asistencia social serían más suaves o incluso, en algunos casos, no serían necesarios por el ahorro obtenido con el adelgazamiento de la estructura del Estado.
La letra suena bien. La reforma, es amplia, ambiciosa -la más ambiciosa de la legislatura- y está bien trabajada con 217 medidas para lograr que las administraciones sean más austeras, útiles y eficaces. Se trata de modernizar los servicios y trámites administrativos, de eliminar organismos -¿para cuándo la supresión de diputaciones y fusión de concellos?- y empresas públicas, de acabar con los excesos y delirios para obtener un ahorro importante que el Estado y las comunidades han de revertir al pueblo en forma de nuevos servicios.
Falta la música. Falta saber cuánto tiempo tardará el Gobierno en ponerla en marcha porque, como le ocurriera a Don Quijote en El Toboso, en el ambicioso camino de la reforma de las administraciones el ejecutivo va a "topar con la iglesia" de las comunidades autónomas que no están dispuestas a adelgazar su montaje político-administrativo, que es su instrumento de poder e influencia.
Por eso, falta saber también si ese mismo Gobierno será capaz de vencer la resistencia de las autonomías -incluida Galicia-, que en algunos casos es una rebelión anunciada, convenciéndolas de las bondades de esta reforma que les quita competencias y afecta a sus intereses políticos.
Es la hora del trabajo político. El Gobierno tendrá que olvidarse de la mayoría absoluta y recuperar la vía de la negociación para atraer a los díscolos a la causa de la reforma estrella cuya necesidad nadie discute.
