El "affaire" Cifuentes: un síntoma del clima ético de la política
El silogismo argumental siempre fue el mismo: la condición necesaria para pensar en una eventual dimisión es la existencia de una imputación por una determinada figura delictiva.
El “affaire” Cifuentes permite realizar una radiografía de la lógica dominante en la acción política del PP y, además, posibilita medir los efectos que provoca esa manera de actuar en la vida pública que se desarrolla en el Estado español.
La presidenta de la Comunidad de Madrid no está imputada -como es el caso de otros compañeros de su partido- por presuntos episodios de corrupción. Más todavía: ha manifestado explícitamente su incompatibilidad con todas aquellas personas que utilizan sus cargos representativos para buscar distintas ventajas materiales. A pesar de esos precedentes, la señora Cifuentes no fue capaz de superar su particular prueba del nueve con esa titulación de la URJC: acumulación de mentiras, negativa a mostrar el trabajo académico supuestamente presentado, traslación de las posibles responsabilidades por las irregularidades cometidas a las autoridades de esa Universidad...
Hace tiempo que, en este ámbito, el comportamiento de los principales partidos que vienen hegemonizando la política española no resulta homologable con el que se registra en otros territorios de la UE. Por ejemplo:en la República Federal alemana un ministro del gobierno Merkel no tardó 24 horas en dimitir cuando trascendió que una parte de su tesis doctoral era copia de un trabajo anterior.No fue preciso que otras formaciones pidiesen su cese o que se abriese una investigación y mucho menos promover la judicialización de lo sucedido. Bastó con la constatación de la existencia de una mentira protagonizada por una figura pública.
Aquí, ciertamente, no se aplica la misma terapia. Si alguien del PP o del PSOE incurre en un comportamiento inapropiado, lo primero que hacen los afectados y sus dirigentes es proclamar su inocencia y remitir el asunto a las instancias judiciales. El silogismo argumental siempre fue el mismo: la condición necesaria para pensar en una eventual dimisión es la existencia de una imputación por una determinada figura delictiva. A partir de ahí dependerá de los casos concretos:en algunas ocasiones fue suficiente con el referido encausamiento pero en otras fue precisa la existencia de una sentencia condenatoria firme. En la filosofía dominante en la política española, la ética se fusiona plenamente con la legalidad. Mejor dicho: con la interpretación que hace el poder judicial del cuerpo legal vigente.
Todo lo que no sea penalizado en los tribunales resultará éticamente aceptable.Este es el automatismo que, explícita o implícitamente, pregonan habitualmente los portavoces de los partidos hegemónicos y una buena parte de los creadores de opinión. Por eso Cifuentes no presentó la dimisión cuando se conoció la impostura de su expediente académico. Y por eso, también, Pablo Casado trata de ocultar compulsivamente las huellas de un curriculum construído para hacer viable una ambiciosa carrera política. Con tal objetivo, no les importa arruínar la reputación de una universidad pública -la URJC- que ya había dado pruebas de estar dirigida por algunos funcionarios sin escrúpulos, dispuestos a vender la invocada autonomía universitaria a cambio de provechosos favores de las autoridades políticas.
En este contexto, la dimisión presentada por el diputado de En Marea en el Parlamento gallego tiene un relevante valor pedagógico. Ni se parapetó en la evidencia legal de que la disponibilidad del escaño es potestad exclusiva de la persona elegida ni utilizó la coartada, tan repetida, de que su caso es diferente de otros que están en el escenario público. Hizo una demostración práctica de que no todo el mundo comulga con las ruedas de molino que se ofrecen desde los sectores que se resisten a promover una regeneración creíble de la vida política. No debería haber dudas:sin que se visualice una ejemplaridad contundente en las personas que ocupan puestos de representación institucional no será posible revitalizar la calidad del sistema democrático. @mundiario
