El Ejecutivo catalán da muestras de división a causa de la presión judicial
Luego de las declaraciones de Marta Rovira ha podido apreciarse cierto grado de fractura en los dirigentes catalanes. El referéndum, que no se ha realizado, ya genera problemas.
Los últimos acontecimientos en torno al referéndum por la independencia de Cataluña han mostrado a un liderazgo dividido, y si no dividido, al menos confundido. Desde que el Tribunal Constitucional afectara las partidas presupuestarias que fueran a destinarse a la realización del acto, hasta las declaraciones de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, se ha producido una serie de desacuerdos al menos de cara al exterior.
El Tribunal Constitucional en su papel de defensor y garante del respeto a la Constitución española, ya ha advertido a los dirigentes catalanes de las consecuencias penales en que podrían incurrir si llevan a cabo la consulta. Los consejeros neoconvergentes y los de Esquerra mantienen una discusión permanente sobre quién firmaría las compras de urnas u otros insumos, ya que se arriesgan claramente a una inhabilitación. El presidente, Carles Puigdemont, se ha reunido este martes por la tarde con la mayoría secesionista para hacer un llamado a la unidad en tiempos difíciles.
No es lo único que ha hecho el president, ya que ha estado muy activo tanto en Estados Unidos como en Cataluña, para promover la situación catalana y su desenlace, favorable claro está, a los intereses de la Generalitat. Puigdemont convocó en la Casa dels Canonges a los portavoces de Junts pel Sí, el Partido Demòcrata Europeo Catalán, de ERC, y de la CUP, para solicitarles unidad y discreción en sus declaraciones u acciones relacionadas con el referéndum.
Para evitar suspicacias, Puigdemont y Oriol Junqueras acordaron que a partir de ahora firmarán conjuntamente las órdenes que sean susceptibles de acarrear consecuencias judiciales.
El acuerdo puso fin a la tensión que se vive desde el lunes, cuando Puigdemont aseguró que Junqueras sabría cómo preparar el referéndum sin inquietar al Constitucional. Dicha tensión continuó con declaraciones como las de Marta Rovira, secretaria general de ERC, en las que aseguró que la Generalitat estudia reclutar a trabajadores en paro para que sean voluntarios en las mesas electorales, y así evitar consecuencias penales para los miembros del ejecutivo.
La revelación de Rovira fue contestada por Neus Munté, portavoz del Gobierno y del PDeCat. “No me consta. Estamos analizando todos los escenarios pero los planes del Gobierno solo los puede explicar el Gobierno”, tuvo que salir a recomponer Munté.
La Mesa del Parlament ha aprobado este martes la inclusión del debate de la ponencia sobre la reforma del reglamento de la Cámara en el próximo pleno, misma que permitirá aprobar por lectura única la denominada ley de transitoriedad jurídica de la que depende el referéndum.
