EE UU ratifica la detención del expresidente Alejandro Toledo a la espera de ser extraditado a Perú
Un juez norteamericano decidió que el político peruano continúe en una cárcel de California a la espera de ser devuelto al país sudamericano. La medida se aplicó porque Toledo tenía una maleta con más de 40 mil dólares.
Un juzgado de EE UU dispuso que el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) continúe detenido a la espera de ser extraditado a Perú. El juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, acogió la petición de la fiscal federal Elise LaPunzina, quien sustentó el alto riesgo de fuga del exmandatario que es acusado de recibir un soborno de 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para beneficiarle la licitación de la construcción de dos tramos de la Carretera Interoceánica Sur.
En la audiencia, la fiscal LaPunzina presentó varios argumentos al juez Hixson para que se le niegue la libertad a Toledo Manrique, quien tiene una orden de prisión preventiva por 18 meses por el caso Odebrecht. Entre los más destacados se indicó que el político peruano tenía el pasaporte vencido y no había realizado viajes desde el 2017, carecía de falta de arraigo en forma de propiedades en la bahía de San Francisco y por la cantidad de dinero que maneja.
La fiscal LaPunzina también añadió un detalle desconocido en la sustentación de su pedido: los agentes del FBI decomisaron una maleta -que tenía 40 mil dólares en su interior- cuando fueron a la casa de Toledo en Menlo Park. Si bien aún se desconoce el origen del dinero, en la audiencia se interpretó que el monto podía formar parte de un plan de contingencia del expresidente peruano para escapar de suelo norteamericano, en caso su proceso de extradición a su país haya presentado avances.
La defensa legal de Toledo intentó rebatir sin éxito los sólidos argumentos de la fiscalía norteamericana. Joseph Russoniello, abogado del exmandatario sudamericano, resaltó la vida académica y política de su defendido para lograr que afronte el proceso de extradición a Perú en libertad. También hizo referencia que había prejuicios y hostilidad política de sus enemigos –como los apristas y los fujimoristas– contra Toledo. Nada de ello, sin embargo, provocó que la decisión del juez Hixson estuviera determinada.
En la audiencia del expresidente Toledo también estuvo presente el jefe del grupo de fiscales peruanos que investiga el caso Lava Jato. A la salida de la corte, el fiscal Rafael Vela señaló que se encontraba satisfecho con la decisión de la justicia norteamericana contra el político peruano. En abril pasado, precisamente, se presentó ya una acusación formal contra Toledo y su esposa, Eliane Karp. Para ambos se le ha pedido 16 años y ocho meses de cárcel por haber cometido los presuntos delitos de lavado de activos.
En marzo, los fiscales firmaron un acuerdo de colaboración eficaz con el empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien –aparte de reconocer ser el testaferro principal del expresidente– confesó que recibió depósitos de más de 21 millones de Odebrecht y Camargo y Correa por la concesión de la Carretera Interoceánica Sur. A fines de junio, Maiman amplió su declaración sobre los sobornos a Toledo. El empresario indicó que recibió 35 millones de dólares de ambas empresas brasileñas para trasladárselo al expresidente peruano.
El caso Toledo evidenció los sobornos millonarios de Odebrecht para ganar licitaciones públicas en Perú. El siguiente expresidente peruano involucrado bajo este esquema de corrupción es Ollanta Humala (2011-2016), a quien la fiscalía también ha pedido 20 años de prisión. En abril pasado, Alan García (2006-2011) iba a recibir arresto preventivo por el caso Odebrecht, pero cuando iba a ser detenido por un fiscal y policías, decidió quitarse la vida. El exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) también cumple arresto domiciliario por 36 meses por la trama corrupta de la firma brasileña. @mundiario
