Ya no hay dudas de que se celebrará un referéndum en Cataluña

Referendum de independencia de Cataluña del 1 de octubre de 2017. HazteOir.org en Wikimedia Commons
Referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre de 2017. / HazteOir.org en Wikimedia Commons
El ministro Bolaños tergiversa datos del referéndum del Estatuto de 2006, en el que la abstención superó el 50 por ciento.
Ya no hay dudas de que se celebrará un referéndum en Cataluña

Nadie puede dudar, a estas alturas, dadas las recientes manifestaciones de diversos miembros del Gobierno, y el viejo proyecto de las primeras negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas, dibujando esa opción como fórmula de respaldo a lo que se acuerde en la negociación “entre iguales” Gobierno-Generalitat, de que, lo vistan como lo vistan, que habrá referéndum en Cataluña. ¿Pero cómo lo van a disfrazar y con qué efecto? Porque un referendo, aunque se llama consultivo se hace para algo. Es evidente que, según su resultado debe tener alguna repercusión, porque si no tiene otra finalidad, ¿para qué se hace?

Pero empezamos mal. Y empezamos faltando a la verdad. Y con descaro, o ignorancia, que todo puede ser el considerado nuevo hombre fuerte del Gobierno de Sánchez, ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en unas declaraciones a El País falta a la verdad de modo descarado, afirmando literalmente que el Estatut de 2006 "tuvo un respaldo de más del 70% de la población". Bolaños tergiversa de modo consciente los datos. Cuando el 18 de junio de 2006 se celebró en Cataluña el referéndum sobre el Estatuto la abstención fue del 50,59 por ciento; o sea, que no lo respaldó como dice Bolaños el 70 por ciento de la población de Cataluña. Cierto que, de menos de la mitad de los votantes, entre los que sí votaron a favor fue el 73,90 por ciento, en contra, el 20,76 por ciento (propugnado entonces por el PP y ERC) y 5,3 en blanco. La oposición lo interpretó un fracaso de Zapatero y sus compromisos con Maragall, que había aceptado el Estatut sin conocer su contenido.

A pocas semanas de que se celebre la reunión preparatoria diversos miembros del Gobierno, como hiciera hace poco el mismo ministro Iceta, que llego a sugerir poner sobre la mesa la reforma de la Constitución, ya reconocen abierta y reiteradamente que en Cataluña se celebrará una consulta popular. Esta semana ha comenzado con las declaraciones de la ministra de Política Territorial y nueva portavoz, Isabel Rodríguez, además de la cantinela de que la Constitución será un límite que no se va a traspasar, como si cupiera otra cosa, vino decirnos que por lo visto "en el marco de la Constitución y la ley cabe todo", lo cual no deja de ser una afirmación aventurada. ¿Todo? O sea, que la cosa es cómo encajarlo. En ese sentido, el alertador Iceta, que fue el primero en anunciar que habría indultos, propugnó sin ambages votar el referéndum "un gran acuerdo sobre autogobierno, financiación y participación de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas del Estado", como fruto del diálogo entre el Gobierno y la Generalitat.

Menos Estado y más dinero

Aparte de la cantinela repetida de amnistía e referéndum de los independistas, está por saber que pone sobre la mesa Sánchez, que podría resumirse en la fórmula de reducir la presencia del Estado en Cataluña, más competencias cedidas, más dinero y otra serie de cesiones fundamentales, que en su día fueron desmontadas del Estatut de 2006 (que como se recordará Sánchez ofreció al juez Vidal, redactor del proyecto de la Constitución catalana, reponer mediante leyes orgánicas, es decir, fundamentales). Y no olvidemos que en la transacción de enero de 2020 entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez se destacó que, en la futura mesa de negociación, se buscarían "acuerdos que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana y que los acuerdos serían sometidos a la validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña mediante los mecanismos previstos en la ley como a través de nuevas vías que puedan preverse en la ley”. Es notorio que de modo claramente explícito de evitó citar la Constitución.

Una buena pista para calcular el margen de lo que Sánchez va a llevar a la mesa de negociación entre iguales hay que recordar la vieja reivindicación que Mas planteo a Rajoy de “Paco fiscal” o concierto como el vasco, y se partir de ahí los contenidos que declaró no constitucionales o reinterpretable por parte del Tribunal Constitucional y que Sánchez ofreció reponer, como queda dicho.

El Tribunal Constitucional declaró 14 artículos inconstitucionales que afectaban esencialmente a las lenguas oficiales en Cataluña, el papel del Síndico de Agravios de Cataluña y el del Defensor del Pueblo, la creación de un Consejo propio del Poder Judicial (y la propia pretensión de que en Cataluña no rigiera la exclusiva competencia del Tribunal Supremo para regular la función jurisdiccional que en cada momento histórico con carácter general); la usurpación por parte de la Generalitat de competencias no cedidas por el Estado y sobre todo el papel de la agencia tributaria de Cataluña y otros aspectos esenciales. Entre los aspectos que el Constitucional sometió a interpretación distinta a la que hacía el Estatuto destaca su artículo 5, sobre derechos históricos y no podía argumentarse como equivalente a la disposición adicional primera de la Constitución, y no constituía un fundamento jurídico válido para justificar el autogobierno catalán distinto a la propia Constitución. Punto delicado era el contenido del artículo 8, aclarando que el término nación no tiene otro significado que el recogido para nacionalidad por la Constitución, reconocido en el artículo 2 de la Carta   y sin que pueda cuestionar la "indisoluble unidad de la Nación española". En Cataluña, ahora mismo, no se cumple la advertencia del Constitucional sobre el artículo 34 sobre la "disponibilidad" lingüística de los comercios y negocios, que no puede en ningún caso obligar al uso de una sola de las lenguas cooficiales: catalán o español.

Ni el fomento del catalán podría interpretarse en el sentido de relegar o prohibir el castellano. Tampoco Cataluña podrían considerar exclusivas suyas competencias compartidas con las del Estado. También se pretendía limitar la capacidad el Estado en cuanto a fijar normas de carácter general en materia de Derecho Civil, según el artículo 149.1.8, lo que chocaba con el modo de interpretar la competencia de Cataluña con respecto a la conservación, modificación y desarrollo del derecho civil especial de Cataluña.

¿Es que van a volver a transgredir la Constitución?

¿Cómo va a hacer Sánchez para devolver a Cataluña, según sus propias ofertas, todo esto descrito sin que se vuelva a transgredir la Constitución? De momento, en la preparación del terreno, ya vemos que se trata de ir desprestigiando a los órganos constitucionales que en casos como el “procès” han tenido y tienen a su cargo defender la Constitución y el Estado de Derecho, de modo ordinario, como son el Tribunal Constitucional, el Supremo y el Tribunal de Cuentas. Es decir, ir desarmando al Estado para que en los acuerdos de Sánchez con quienes le son indispensables para seguir como comodidad en la Moncloa pueda cumplir sus compromisos o, dicho de otro modo: destruir el Estado para conservar el poder.

Pero vamos a aventurar que en la mesa “inter pares”, o sea, de iguales, Gobierno-Generalitat y se somete al respaldo de la ciudadanía. Veamos algunas preguntas: 1.-Si lo acordado tiene efectos sobre el conjunto de la nación, ¿votarán sólo los ciudadanos con vecindad civil en Cataluña? 2.-¿Cómo sería la pregunta? y 3.-¿ Cuál sería si efecto, según que el resultado fuerza a favor o no?. Y la clave estará en la pregunta, que es el elemento clave, que condiciona todo el proceso, sea en una consulta popular o propiamente en un referéndum con repercusiones políticas y jurídicas y sus resultados expresan una voluntad, Cuando se promueve una consulta es porque interesa conocer y utilizar en el resultado que se espera. Convocar un referéndum con poca certidumbre de ganarlo es un elevado riesgo político.

Los expertos en esta materia concluyen que antes de promover una consulta debe formular la hipótesis del resultado que puede salir y de sus afectos. No es lo mismo una pregunta directa que sólo admira “Si” o “No”, que formular un cuestionario con alternativas, gradaciones y posibilidades abiertas. La pregunta es la clave. Si a los españoles con vecindad civil en Cataluña se les hiciera una pregunta pensada para obtener un resultado en una dirección no sería lo mismo que en otra. Por ejemplo: Si preguntamos “¿Desea usted que Cataluña sea una nación independiente, separada de España y que asuma plenamente las competencias de una nación soberana?”  queda perfectamente acotado al objetivo pues no cabe más que decir sí o no.

La reacción de la sociedad española

No sabemos que a Sánchez y su partido les preocupa la reacción de la sociedad española en torno a lo que se quiere disfrazar de “consulta popular” sobre los propios resultados de las conversaciones que va a mantener el Gobierno del Estado con el de la Generalitat, abiertas, sin línea rojas ni condicionantes, a que cada parte contratante formule lo que quiera; es decir, incluyendo otro referéndum, la independencia y la amnistía para todos los implicados en el “procès”. No podemos saber, a priori qué puede salir de esa reunión, por lo que volvemos a la cuestión clave, la pregunta. Las cosas se pueden complicar según el acuerdo que se alcance y que sea una pescadilla que se muerda la cola; es decir, volver a peguntar a los catalanes abiertamente si quieren la independencia. @mundiario 

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