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MUNDIARIO

Dudas sobre hacia dónde va el poder judicial con la división de poderes que trajo la epidemia

En España, el Ministerio de Justicia –poder ejecutivo– reordena por vía de decreto, obviando la  Ley  Orgánica del Poder Judicial,  la actividad jurisdiccional de forma fragmentaria, y con la oposición de todos los operadores jurídicos.
Dudas sobre hacia dónde va el poder judicial con la división de poderes que trajo la epidemia
Temis, diosa de la justicia. / Pixabay
Temis, diosa de la justicia. / Pixabay

Alfonso Villagómez

Doctor en Derecho.

Desde la perspectiva del Derecho conocido, el pasado el 14 de marzo vivimos algo insólito:  el Gobierno –poder ejecutivo–, habilitado por una ley orgánica del año 1981, decreta  el estado de alarma y asume prácticamente una concentración en el mismo de los poderes del Estado. El Gobierno ejerce así  la potestad legislativa con el dictado de decretos leyes, y paraliza la función jurisdiccional con la suspensión de todos los trámites y plazos en los juzgados y tribunales.

Montesquieu escribió en los albores del Estado de Derecho: "Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del ejecutivo ni del legislativo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor". 

Desde el poder judicial nunca se ha pretendido asumir otras funciones estatales distintas de las que constitucionalmente corresponden. Pero ahora desde dentro y desde fuera muchos nos preguntamos hacia dónde va hoy el poder judicial en medio de esta  pandemia. El Ministerio de Justicia –poder ejecutivo– reordena por vía de decreto, obviando la  Ley  Orgánica del Poder Judicial,  la actividad jurisdiccional de forma fragmentaria, y con la oposición de todos los operadores jurídicos. ¿Para qué ha escuchado el ministro a abogados, procuradores, graduados sociales, letrados de la administración de justicia, sindicatos de funcionarios y a las asociaciones de fiscales y  jueces?

Quizá la anecdótica habilitación de una quincena del mes de agosto se  va a convertir en la punta de las herrumbrosas lanzas con las que  intentar herir de muerte  al ministerio, mientras olvidamos la  dramática realidad de una administración de justicia al borde del abismo.

En su día  propuse unas medidas procesales radicales para un borrón y cuenta nueva en nuestros juzgados y tribunales. Era entonces,   y lo soy ahora,  consciente de sus dificultades y de los riesgos de ponerlas en marcha. Pero si no se quiere que el poder judicial camine derecho a precipitarse empujado por la  avalancha de los  pleitos pendientes y de los cientos de miles que  postCovid-19 entrarán, creo honradamente  insistir  en ellas. Creo que no hay más solución posible. 

Los jueces y magistrados  iremos a trabajar en agosto y seguiremos resolviendo los asuntos,  tal y  como no  hemos dejado de hacer durante esta maldita pandemia.  Los jueces seguiremos siendo extremadamente celosos de nuestra independencia constitucional como poder, al tiempo que exigimos que los poderes  ejecutivo y  legislativo cumplan también  con sus responsabilidades y proporcionen el marco normativo y los medios para que la justicia española no de ese último paso hacia el  abismo. @mundiario