Los discursos del Rey

Felipe VI se la juega. Y no tiene nada fácil la partida. No tanto por las consecuencias inmediatas, sino porque se halla en un punto en el que -dependiendo del camino que elija- puede estar decidiendo el destino estratégico de la Corona que ostenta.

Y todo ello, en dos discursos públicos en los que, en un plazo de trece días debe, por una parte, pasar el examen de la Ciudadanía, y por otra -en la llamada Pascua militar- como “mando supremo de las Fuerzas Armadas” (art. 62 h) de la Constitución), mostrar la firmeza de su responsabilidad constitucional con el respeto absoluto a nuestro sistema de partidos, así como a todos los poderes del Estado.

Jamás la costumbre de su discurso a la nación del 24 de diciembre tuvo tanta trascendencia. Porque en esta ocasión los ciudadanos españoles necesitamos verlo desligado de ataduras que hereda, o que tratan de imponerle terceras personas e intereses.

Hereda un grave embrollo, que procede precisamente de su antecesor: su propio padre. Y no tiene fácil, en un discurso de 15 minutos, desenredar la madeja de si la regularización con Hacienda implica o no delito fiscal -sin obviar el claro incumplimiento de sus deberes tributarios-. O entrar a aclarar los regalos y donaciones recibidos por su padre cuando ejercía como rey. Que, aunque gozó de la inviolabilidad que le confiere el artículo 56.3 de la Constitución, generan un importante descrédito ético e institucional para la Corona. Ni podrá meterse en el lío de justificar o explicar las tres investigaciones judiciales a las que está sometido. En ese pantanoso territorio, o ataja el embrollo con el anuncio de que se habilitarán los medios para despojar a su antecesor del carácter de rey emérito, para pasar a ser un rey desposeído, o quedará él mismo salpicado de lodo. Él mismo, y claramente la institución de la Corona.

El siguiente obstáculo que debe superar es el que le han creado varios centenares de exmilitares con misivas y manifiestos en los que han pretendido implicarle, y hacerle indirectamente cómplice del intento de deslegitimación de al menos dos poderes fundamentales del Estado: el poder ejecutivo y el poder legislativo, que es el que representa el mandato de la soberanía. Es decir: han intentado sacarle del propio marco de la Constitución. Hasta ahora, Felipe VI calló al respecto, como pienso, modestamente, que era su prudente deber, no entrando en provocaciones. Pero en su comparecencia ante los ciudadanos españoles tiene la obligación de dejar muy claro su carácter de rey constitucional, con el acatamiento de la propia Constitución y el reconocimiento de la absoluta legitimidad de los poderes del Estado, y censurar todo intento de utilizarle para iniciativas golpistas.

El tercer escollo que debe sortear es el que le han creado quienes han pretendido enfrentarle con el legítimo Gobierno de la nación. Y ahí se encuentran desde el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial, con aquel acto convertido en metáfora de pronunciamiento, en el que trató de enfrentarle con el Ejecutivo, hasta las derechas de este país, que han intentado apoderarse de la figura del rey enfrentándola al propio Ejecutivo, en un intento de deslegitimación del segundo Poder del Estado. Y ahí Felipe VI no puede ser ambiguo, so pena de darles la razón a quienes tratan de secuestrarlo, convirtiéndole en una especie de Fernando VII en una Bayona partidista. En su deber está una clara declaración de neutralidad constitucional, y su firme reconocimiento de la legitimidad del Poder Ejecutivo.

Un discurso que no aborde taxativamente un claro posicionamiento en estos tres aspectos sólo abundará en el deterioro del papel de la Corona, y perjudicará la propia imagen -interior y exterior- de España.

Y aún le queda la Pascua militar. En su discurso ante el Gobierno y la plana mayor de los Ejércitos, no puede sino dejar muy claro cómo asume su papel de Rey constitucional, cuyo juramento realizó siguiendo el mandato del artículo 61 de la Constitución. A la vez que -como tal- reafirmar el artículo 6º de la Constitución que establece que los “instrumentos fundamentales para la participación política” son los partidos; así como el artículo 64 de la Constitución, que establece que “los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y en su caso por los Ministros competentes”: es decir, aquello de “rey que reina pero no gobierna”, incluido su propio papel de mando supremo de las Fuerzas Armadas.

No es precisamente la jura de Santa Gadea, pero sí constituye unas acciones que el Rey necesita realizar para dejar expedito el camino futuro de la Corona que ostenta. @mundiario