La diputaciones son instituciones irresponsables y dependientes para el ejercicio de sus funciones
Más del 95% de sus ingresos proceden de transferencias, subvenciones, de participaciones territorializadas en impuestos del Estado y de ingresos que proceden de la deuda pública. Los tributos propios son insignificantes.
La provincia es una jurisdicción diseñada para organizar determinadas funciones en un Estado centralizado. Algunos recordamos la enorme influencia política y económica que los gobernadores civiles y diputaciones provinciales exhibían en épocas pasadas.
Por eso conviene insistir que la Constitución de 1978 no pudo o no quiso resolver el problema. Se diseñó un Estado descentralizado, pero se mantuvo la provincia y las diputaciones por razones de cautela y de control. Esta pervivencia institucional agravó los problemas mencionados, al quebrar la justicia redistributiva (opacidad y desigualdad en el reparto de las subvenciones a municipios), ignorando a su vez principios y criterios económicos que fundamentan los ingresos de las administraciones territoriales (ajuste entre tributos propios y transferencias/subvenciones).
Los servicios que prestan las Administraciones territoriales (diputación, comunidad autónoma y municipio) benefician a los residentes y se financian con tributos propios que deben soportar los ciudadanos de la jurisdicción, así como por transferencias/subvenciones que aportan el resto de ciudadanos a través de la solidaridad. Por otro lado, la responsabilidad fiscal exige que los gobiernos expliquen a los ciudadanos de la jurisdicción el patrón distributivo de las cargas tributarias que financian las competencias y servicios.
O sea, los tributos propios deben tener el protagonismo mayor en la financiación de los servicios prestados (en países descentralizados de la OCDE aportan entre el 50-70% de los ingresos totales), para reforzar los principios de suficiencia, autonomía política y responsabilidad fiscal. Las transferencias/subvenciones tienen aquí una relevancia menor, que se justifica por el comportamiento solidario de la población no beneficiada. En las administraciones territoriales, ambos ingresos financian los servicios obligatorios de la jurisdicción. O sea, en esas administraciones se exige que los principios de autonomía política, responsabilidad fiscal y solidaridad territorial, funcionen correctamente. En caso contrario, estaríamos ante una administración problemática o fallida.
Pero los que defienden la supresión de las diputaciones no clarifican ni justifican estas urgencias, a diferencia de los que defienden lo contrario anunciando desgracias para los municipios pequeños. Es decir, los tributos propios destacan en los países descentralizados (Estados Unidos, Austria, Alemania, etc.), pero no en nuestras diputaciones provinciales, provocando así distorsiones diversas y confusión excesiva.
Las diputaciones provinciales carecen de tributos propios para financiar su actividad
Y como nuestras diputaciones provinciales carecen de tributos propios para financiar su actividad, estamos ante instituciones irresponsables y dependientes para el ejercicio de sus funciones. Más del 95% de sus ingresos proceden de transferencias, subvenciones, de participaciones territorializadas en impuestos del Estado (que también son transferencias) y de ingresos que proceden de la deuda pública. Los tributos propios (tasas y recargo sobre el IAE municipal) son insignificantes y apenas se consideran en la institución.
Esta situación específica impide que las Diputaciones provinciales cumplan los principios de autonomía política, responsabilidad fiscal, equidad territorial y suficiencia financiera, conformando así una institución irresponsable, clientelar y opaca, que funciona además con procesos democráticos de segundo nivel. Y es que nuestras diputaciones provinciales fueron diseñadas para reforzar al partido gobernante que también luce en los municipios de la provincia. Y por eso se anuncian desnudos integrales protagonizados por la justicia en un futuro próximo. Y eso evitará que ciertos presidentes de la institución dejen de insultar al ciudadano mediante decisiones y comportamientos poco edificantes.
