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La dimisión de Aguirre casi completa el Atlas explicativo de la LOMCE

Tras la saqueadora corrupción que nos inunda y ya hace tambalear instituciones eminentes, están las políticas pseudomodernas de atraso colectivo  que, en Educación, son especialmente dañinas

La dimisión de Aguirre casi completa el Atlas explicativo de la LOMCE
Esperanza Aguirre en la comparecencia de prensa en que anunció su renuncia. / Twitter.
Esperanza Aguirre en la comparecencia de prensa en que anunció su renuncia. / Twitter.

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Manuel Menor

Manuel Menor

El autor, MANUEL MENOR, es analista de educación de MUNDIARIO. Licenciado en Historia y doctor en Pedagogía, ha enseñado Ciencias Sociales en Secundaria. @mundiario

Tras la saqueadora corrupción que nos inunda y ya hace tambalear instituciones eminentes, están las políticas pseudomodernas de atraso colectivo  que, en Educación, son especialmente dañinas.

Estamos en fase de culminar el atlas histórico-topográfico con que entender mejor el funcionamiento del sistema educativo español tal como lo ha dejado la LOMCE. Hasta ahora, el complicado bosque legislativo con que lo habían ido trenzando, especialmente las últimas leyes y decretos, más relevantes si cabe desde 2012, era motivo de agrias disputas acerca de lo que está bien o está mal, cómo mejorar su “calidad” o sumirse en el atraso.

Del “tamayazo” a la dimisión

La confusión era grande porque, igual que pasaba con la cartografía más historiada precolombina, salirse del círculo de lo más próximo al poder triunfante era irse a una terra incognita donde acechaban todo tipo de vientos mortíferos y males imprevisibles. Ahora, con las últimas aportaciones de la UCO  y sus derivaciones a la cúpula de PP madrileño, conocemos mejor el entramado de obediencias internas a que responde buena parte de lo propagado, divulgado y ejecutado en estos años que, en la Comunidad de Madrid –buque insignia del PP- afectan a todo lo posterior al “tamayazo” de 2003, pero también contamina la gestión de Esperanza Aguirre desde el Ministerio de Educación a finales de los noventa. Ahí ya dejó reiteradas muestras de que la enseñanza pública era un derecho de todos a disminuir y que la privatización de la enseñanza era la gran aportación a la sociedad  que querría esgrimir como logro. Lo segundo a expensas de lo primero y con el negocio provechoso de los amiguetes a cuenta de hacer rehenes de intereses particulares, y contando con la complicidad de que a los padres y madres de familia en posición de merecer les encantaría la “libertad educativa”, como les encantaría igualmente la “libertad sanitaria”, la privatización del Canal de Isabel II y otras menudencias.

En los últimos días anteriores a su 3ª dimisión –ahora la de la portavocía del PP en el Ayuntamiento madrileño-, su última gran preocupación era dejar bien parado el currículum de contribuciones que había hecho a la vida colectiva desde los diversos cargos desempeñados. La real Academia de Historia hace tiempo que la ha homenajeado en su Diccionario Biográfico y alguna editorial escolar no ha dudado en magnificar su labor liberalizadora.  Después de tanto acierto en la elección de sus consejeros, asesores y jefes de distintas unidades administrativas –empezando por la de  su propio gabinete de gobierno-, el legado que deja no es precisamente para echar cohetes. Es mucha gente –particularmente del mundo de la enseñanza- la que los ha echado y, de celebrarse la gran manifestación que en algunos círculos ya  se está preparando contra la basura de corrupción a que en estos últimos años no han logrado acostumbrarnos, se podrá ver la pena que han producido sus lloros finales. Lo ciudadanos quieren un Estado bien gestionado y muy atento a las cuestiones que les incumben a todos y no una finca particular donde algunos se aprovechen de su selecta exquisitez de nacimiento.

Nadie puede olvidar lo que proclamó, recién nombrada ministra de Educación, sus objetivos de “libertad” educativa el 20.05.1997, en el Club Siglo XXI, y lo que aseguró haber logrado cuando cedió los trastos de este Ministerio a Mariano Rajoy. Qué significara ello quedó grabado en decisiones que empezaron a escribirse enseguida en el BOE, porque nadie olvidará tampoco que ella puso a Ignacio González en la Subsecretaría ministerial en 1996: el mismo personaje que, además, dejaría al frente de la Comunidad madrileña por cooptación directa, en su otra dimisión en 20012. Porque ella favoreció igualmente al otro gran muñidor de recursos públicos para concesiones educativas privadas, Enrique Granados quien no desdeñó tampoco su provecho propio y el de sus amigos constructores.

Cipayos de la privatización educativa

Los madrileños tampoco podrán olvidar a Lucía Fígar, una selecta niña del clan Becerril elegida en 2007 para la Consejería de Educación y para implementar –como ella mismo confesó en Rímini ante una congregación de cielinos- la privatización fervorosa de la escuela pública y, conchabada con la Gürtel, en los posicionamientos de su imagen frente a las reclamaciones, demandas y protestas de la comunidad educativa y MAREAVERDE en particular. Y, entre otros muchos testigos, testaferros y ejecutores directos y aprovechados de las nuevas corrientes neoliberales con que trataron de imitar las políticas de Margaret Thatcher y similares, nunca olvidaremos tampoco a dos huidos de la tiza que estuvieron  directamente implicados en esta movida con sus aportaciones. Alicia Delibes ha dejado suficiente rastro de su quehacer en la Consejería de Educación madrileña bajo tutela de la Fígar y, entre otras, con repercusión en la mala formación del profesorado. La sectaria versión de la “libertad” a que se entregó desde que dejó de dar clase en el IES Isabel la Católica de Madrid, dejó graves errores de tipo histórico en su panfletario libro La gran estafa (Unisón, 2006) y en sus contribuciones al mundo de su correligionario Jiménez Los Santos, la FAES y la COPE. El tiempo que en ello empleó desde que dejó su trabajo docente en el IES Isabel la Católica hubiera tenido mejor destino si no se hubiera entretenido en ejercer de Juana de Arco ofendida por supuestos agravios. Algún provecho personal y familiar  ha tenido su trabajo en la Consejería madrileña. Nos ha dejado una lección –un Exemplum-  de cómo funciona la meritocracia liberal made in Espe, al dar acomodo a sus vástagos en el entorno de la Administración pública que otros amigos consideraban propia y debida, ese nebuloso mundo de consejeros que cobran y no se sabe qué pueden aconsejar.

Evidentemente, para que todo quede en casa ahí ha estado como apoyo insustituible y fuerte su marido, Regino García-Badell, también exprofesor en el mismo centro público harto de ejercer como tal y que, después de hacer valer ante Esperanza su pedigree entre progre y familiar –más lo segundo que lo primero-, había jurado que esto de la pública había que arreglarlo porque era una mamandurria de cuidado. Considerados sus saberes y habilidades como el mejor apoyo de Esperanza en su trayectoria, pues son múltiples los testimonios que hablan de que, desde antes del “tamayazo” –donde le pudimos ver escribiendo réplicas en aquel horrible día- todo y todos pasaban por él-, los votantes madrileños también guardarán un gran recuerdo de cómo ha contribuido a que la Comunidad madrileña –ese adelantado de las políticas peperas- se esté aproximando rápidamente a las cifras de Bélgica en cuanto a privatización de la enseñanza: ya somos el segundo país de Europa en este gran ranking, cada vez más alejados de cómo es la estructura del sistema educativo en Francia o en la tan alabada Finlandia.

Los colegas exprofesores –especialmente los del del instituto que había sido Sección de Retiro del Instituto Escuela- con quienes  han trabajado están contritos. Los fundadores de ese centro en 1918, cuando se disputaba a fondo el sentido auténtico que en educación tenía la palabra libertad, estarían poco orgullosos de las aportaciones de estos dos exprofesores escolares para transformar el glorioso término de “libertad” en algo similar a lo que Benetton anuncia en sus revistas de colorines: la ficción de lo que deja, por ejemplo, en la Patagonia de los Mapuches. El extraordinario mensaje de arrivismo correcto para ejercer de cipayos de los espabilados colonizadores tampoco tiene desperdicio. Progresías hay de los años setenta y ochenta, tan afanadas en la diferencia que hubiera sido lamentable desvarío que las  ascendencias familiares, regaladas como capital no elegible, no se hubieran impuesto como elección propia.

El atlas de los intereses educativos

Poco nos queda para completar el Atlas. Hay una segunda parte que es más más inteligible. La de los beneficiarios de tan extraordinaria gestión neoliberal trufada de arreglos peculiares de la picaresca hispana a gran escala. Las empresas pagadas con dinero público para evaluar la nada, las sufragadas para sostener una imagen que se cae, y las beneficiadas con concesiones externalizadoras de servicios forman por sí mismas una extensa nómina. Han de agregárseles, además, los grupos de última generación interesados en el negocio educativo, entre los que han de contarse desde grandes multinacionales interesadas en el amplio mundo de la formación y de los medios digitales más modernos, como Pearson, Avina o Ashoka.  Y no se han de olvidar los clásicos que, en nuestro país, han ido creciendo acompasadamente con el desarrollo del campo educativo, a veces en nombre del Antiguo Régimen dieciochesco y, otras, del negocio puro y duro que ha crecido en los circuitos más conservadores de la Iglesia Católica, aprovechando, la permisividad que le abrieron los sucesivos concordatos desde 1851, especialmente en sus artículos 2 y 3. Tanta fuerza y poder han tenido que que la propia Ley Moyano tuvo que plegarse a sus exigencias en 1857. Como se han ido plegando sucesivamente las siguientes etapas de la educación española al compás del Concordato de 1953 o  los Acuerdos de 1979, y que el artc. 27 de la Constitución anticipó que protegería. Ellos solos representan hoy más del 60% de la enseñanza privada y concertada en España, y han seguido creciendo al amparo de la muy poco liberal mano proteccionista de Esperanza y sus compinches.

 ¿Se imaginan de otro modo cómo habríamos podido llegar a algunas prescripciones de “mejora” que ha impuesto la LOMCE en 2013? ¿Se imaginan que hubiera podido llevarse a cabo en España un debate abierto, público y sin elementos prederterminados como los que Durkheim o Juarés y muchos otros intelectuales como Zola o Anatole France llevaron a cabo en la Francia anterior a la Ley Briand en 1905? ¿Se imaginan lo que habrá que hacer para revertir a su debido dueño lo que la rapiña, el desconcierto y la dejación han puesto en manos que no debían estar, y que se cumpla el viejo refrán jurídico de que res clamat pro domino suo?