El destino futuro de los bienes del PP

Por mucha presión ambiental que predomine, nadie me puede obligar a pensar sobre algo tan imprevisible como nuestra rabiosa actualidad que, de lo mucho que cambia, vira tanto a baladí que quizás debamos poner urnas nuevas para repetir. Por ejemplo, ¿para qué hablar de un acuerdo de gobierno del que cada firmante ofrece una versión propia? Menos mal que solo son dos. ¿O del único discurso de investidura posible, que Sánchez acaba de pronunciar ante un auditorio imposible? ¿Para qué, si por atreverse a convertir lo escrito en palabras se las va a llevar el viento?

Por tanto, para evitar que lo que usted está leyendo en este minuto no sirva para nada dentro de cinco, fiel a mi manera de vivir a destiempo he decidido escribir sobre uno de los problemas que se plantearán no ahora mismo, pero tampoco nunca, que es lo que desearían los implicados. En mi opinión, se confirma que estamos ante un cambio histórico importante porque el futuro que atisbamos a medio plazo es mucho más probable que el presente inmediato. Estoy seguro de que alguien ha publicado antes que yo esta sentencia pero que me disculpe si no lo cito, porque la velocidad a la que transcurren los momentos ha borrado su nombre de mi memoria.

Para ir concretando, me estoy refiriendo al destino del patrimonio, de cualquier color y condición, que aflorará por la amplia geografía del PP, sospechosa toda ella porque no quiero aburrir relatando el rosario de corrupciones que nos visitan de portada en portada para ser justos, y no incluir las que aún no conocemos. Pero tampoco nos cortemos, porque perderíamos dinero. Por cierto, con lo de "PP” me refiero a un “Partido Perseguido” por la Justicia, que no hay que confundir, mediante aviesas suposiciones, con otro muy conocido y las mismas siglas. La pregunta para la que pido respuesta se ha convertido en pertinente, pues son ya muchas las voces y plumas de entre las más libres, conocedoras y reconocidas del escenario mediático que, en el honesto cumplimiento de la obligación diaria de informar con objetividad y respeto no han podido evitar la construcción de un clamor a base de palabras imprescindibles como aniquilación, catástrofe, debacle, defunción, demolición, desarticulación, descomposición, desintegración, destrucción, disgregación, disolución, ilegalización, liquidación, putrefacción y otras, para referirse al futuro que les espera a los del “PP” citado, y quizás también a los del otro. Entre paréntesis, pido disculpas por tanta incontinencia rimbombántica y verborreica, no sé si estas dos están ya reconocidas por la RAE, pero se entienden porque encajan. Y después volveré con la Academia, que se ha ganado a pulso nuestra preocupación sincera.

Con lo de "PP” me refiero a un “Partido Perseguido” por la Justicia, que no hay que confundir, mediante aviesas suposiciones, con otro muy conocido y las mismas siglas.

Supongo que las leyes de las que nos hemos ido dotando durante las últimas décadas contemplan lo que deba hacerse con los bienes, desde las cuentas corrientes hasta los inmuebles, de un partido político en trance, lo contrario sería infumable. Pero, por si acaso, no estaría de más que algún grupo de los que componen el nuevo Congreso de los Diputados, siempre que no sea juez y parte en esta causa, proponga la actualización inmediata de la legislación al respecto, sin perder de vista que el primer caso real sobre el que habrá que aplicar la normativa será, casi con toda seguridad, el de los propietarios del número 13 de una calle que, desde el oeste, se dirige cuesta abajo hacia el Paseo de la Castellana, en el 28004 de Madrid.

Como la tarea se me antoja incómoda y hercúlea deberé dedicar algún capítulo más, al ritmo de los acontecimientos. Sirva este primero para presentar la inquietud y, con ello, motivar a otras personas al precio del amor que suscita el arte, pues se puede vivir para, pero no del periodismo de investigación. Además, por lo visto hasta la fecha, no parece que los implicados vayan a colaborar con la Justicia más allá de la clásica declaración a la que nos tienen acostumbrados, para en la misma frase negar toda acusación, como haría cualquier delincuente con abogado. Mientras, con la otra mano, presentarán todos los recursos que admita el procedimiento, y más, con tal de conseguir que nunca llegue a dictarse una sentencia, quien no recuerda los casi diez jueces que fueron necesarios para encarcelar a Fabra. Lo contrario implicaría la confesión de múltiples delitos en busca de una reducción de condena, cosa cutre, donde las haya, para personalidades obligadas a ser ejemplares.

El asunto de qué hacer con el patrimonio de ciertos ajusticiables es muy interesante para que tertulianos, politólogos, juristas y demás expertos comiencen a incluirlo en artículos y debates, pues con ello ayudarán al legislador y estimularán la imprescindible colaboración ciudadana en la persecución de un delito tan extendido y diversificado como lo sería si finalmente se descubriera. Además, la “de telediario” es la “pena” primera, inevitable, lógica y equilibrada para los que abusan de las pantallas mientras les conviene. También sería del interés más general que muchos universitarios elijan lo de la liquidación de bienes en poder de partidos políticos para sus tesis doctorales, pues será ingente el volumen de información con la que podrán trabajar, y que se irá enriqueciendo con una jurisprudencia que tiene pinta de no acabar jamás. Para ir practicando, podrían estudiar lo ocurrido con UM, un ex partido político de Mallorca gracias a un error de cálculo de su líder, hoy entre rejas, pero también al trabajo y al valor de muchos funcionarios dedicados a la persecución de los delitos cometidos bajo el manto protector de las componendas que se montan para construir el poder político.

Por último, sería muy conveniente actuar con mayor eficacia y celeridad que hasta ahora, tal como dicen que desean, dignos y legales, muchos futuros acusados. En este caso se trata de no dar tiempo a que nuevos arribistas, incluidos los que con su demagogia para la ocasión tanto molestan a una tal doña Rita, un nombre que hemos elegido sin intención, solo porque no está, aún, entre los “investigados”. Recuerdo, precisamente ahora, que debo volver a lo prometido al final del tercer párrafo y paro a preguntarme qué RAE digna no habría esculpido ya mil gritos en el cielo contra esta corrupción indecente del idioma, perpetrada por el Gobierno de Rajoy, consistente en sustituir un término correcto y específico, “imputado”, por el de “investigado”, elegido, por los acorralados que se sientan en el Consejo de Ministros, por su mejor presencia con la malsana intención de confundir, nuestro “Miguel de” más grande les habría cortado todas las manos derechas, pues incluye entre sus acepciones las referidas a actividades muy dignas y esforzadas. Como nadie sea capaz de borrar esta lacra verbal, terminará por “empapar” con una lluvia fina de porquería hasta la sacrificada actividad científica, perdón por derrapar, pero esta es una más de las vergüenzas ajenas del absolutismo presente y decadente que aún no he podido superar. Lo que quería decir es que, hablando de jóvenes ambiciosos que han descubierto la cueva del tesoro, es necesario evitar que, con maniobras internas y propuestas “imposibles de rechazar”, consigan hacerse cargo del partido podrido de oro, como lo sigue siendo este PP del que NO estamos hablando. Si la sociedad española lo consiente, correrá el peligro de que se reconstruyan los obstáculos que la Justicia está intentando derribar para devolvernos hasta el último euro que haya circulado irregular por las muchas cajas que, desde la B hasta la Z, han ocultado los dineros inconfesables del partido presunto que tampoco nos está gobernando en funciones, ni sus ministros cobrando el 100% del sueldo por no trabajar ni la cuarta parte, ellos tan muy sacrificados y nosotros tan muy comprensivos con su corrupción, como siempre.