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Después de la sentencia del Supremo, ¿cómo queda la Justicia?

La judialización de la política –incluida la educativa– desvirtúa a la política y a las sentencias judiciales. ¿Los intereses creados mandan más?

Después de la sentencia del Supremo, ¿cómo queda la Justicia?
Símbolos de la justicia. / Mundiario
Símbolos de la justicia. / Mundiario

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Manuel Menor

Manuel Menor

El autor, MANUEL MENOR, es analista de educación de MUNDIARIO. Licenciado en Historia y doctor en Pedagogía, ha enseñado Ciencias Sociales en Secundaria. @mundiario

Igual que “empoderar”, “poner en valor” es expresión reciente que va camino de ser tópicamente reiterativa. Tan en auge está que, en casi todo acto, comentario, evento, opinión más o menos animosa en pro de cualquier causa de cierta, el que opina, expone o exige algún cambio se siente desacertado si no la pronuncia. Va camino, por otra parte, de querer ser propiedad particular de personas y grupos  con pretensión de marca exclusiva cuya misión y objetivo fuera encauzar, dirigir y controlar la resolución de problemas no solo sociales sino también personales.

Recuerden quienes sigan con algún interés los debates de las políticas educativas, cómo la palabra “valores” –y no digamos la  expresión calidad educativa”- siguen siendo objeto de agrias discusiones que en ese afán de absoluto, acaban siendo excluyentes por razones que casi siempre pretenden ser intocables, por más que sean la causa del desencuentro. Esa significatividad excluida que se preserva encierra los elementos relevantes del debate, manteniendo en la oscuridad de lo no dicho el privilegio de seguir existiendo e imponiéndose a cuantos no tienen acceso al poder de decisión o se pretende que no lo tengan.

“Valores” y “Calidad”

Cuando en 2011 se acabó armando en torno a estos dos ejes “valores” y “calidad”, una plataforma reivindicativa como, por ejemplo, “La Marea Verde”, independientemente de la evolución que haya tenido esta asociación de grupos que se sentían más agraviados por las políticas educativas de diversos gobiernos autonómicos que por las del Ministerio de Educación, invocaron un “valor” contrario: “Una escuela de todos para todos”. Lo mismo hicieron muy pronto otras “mareas” como la de Sanidad reivindicando lo público frente a una invasión desequilibradora de las privatizaciones con el pretexto de lo individual exclusivo. Preservar, no perder de vista el valor del bien común, de la justicia distributiva. Esta es la pelea de fondo, igual que cuando en el siglo XVIII, las revoluciones burguesas “pusieron en valor” un conjunto de “valores” que todo ser humano tiene por haber nacido, cuando el Antiguo Régimen primaba  lo que se recibía  por familia, sangre o confesionalidad de cualquier clase, como razones de la diferencia de trato colectivo. Desde entonces, todo intento de marcha atrás en cuanto a no reconocimiento público de esa libertad, igualdad y fraternidad común, suele acarrear peligro para la convivencia democracia.

eso, es un mal síntoma lo que puede significar la sentencia del Tribunal Supremo que, esta mañana, acaba de conocerse, en que pretendía clarificar la cuestión del impuesto a las hipotecas bancarias. La gama de desconfianzas en que va a meter a la justicia española es de largo alcance. Esta dubitación profunda en que andaba el TS, a la que ha seguido esta doctrina que ni siquiera es salomónica, si se añade a otros reveses de nuestros altos jurisconsultos ante tribunales europeos, dejará huella en cuantos tengan que acudir a esta instancia supuestamente independiente. La división de opiniones en torno al “valor” o “valores” que protege este último pronunciamiento del TJ será, además, mucho más profunda cuando buena parte de la política española –la más sensible precisamente a esa división de opiniones en torno a lo que debe primar cuando son varios los “valores” o modos de ver qué merezca la pena- está  pendiente de resolución. Y más aguda será cuando salten a la palestra mediática las resoluciones pendientes respecto a la secuencia de casos graves de corrupción, directa o indirectamente protegidas o alentadas por altas instancias y personalidades del mundo político en estos años de hierro.

La “mejora” del sistema educativo

Educación, son sobradamente conocidos asuntos cruciales que han convertido  al Supremo y al Constitucional en cuarta cámara decisoria, resultando en general, inclinada hacia las posiciones más conservadoras en cuanto a “valores”. Casos hay ya célebres, como el de la variación de doctrina respecto al uso de los recursos públicos para colegios que segregan a su alumnado, entre otros aspectos de la LOMCE. O situaciones como las de los profesores interinos a quienes no se pagaban las vacaciones de verano, y que en Estrasburgo se le enmendó la plana. ¿Y qué decir de sentencias tomadas en Tribunales Superiores Autonómicos respecto a reclamaciones de instancias sociales como algunas AMPAS en pro de la enseñanza pública, que no siendo partido con representación en la respectiva Asamblea se han quedado con su razón en el limbo, sin poder proseguir su llamada de atención sobre  “puestas en valor” en que la discriminación de recursos era relevante?

Parece que pronto, posiblemente antes de Navidad, podremos disponer del texto que enmiende la LOMCE. Y seguramente volveremos a asistir, como si del juego de la oca se tratara, al reinicio de un proceso varias veces reiterado en la secuencia de leyes orgánicas que, desde el artículo 27CE, regulan el sistema educativo y, particularmente, las etapas escolares. Pronto veremos reaparecer las apelaciones a la  distintiva “puesta en valor” de los “valores” en juego –con oscuridad respecto a los “valores de negocio” que se juegan algunos actores particulares-. Probablemente sea dado ver, más pronto que tarde, cómo haya aflojado la virulencia que esta distancia entre unos y otros pueda suscitarse todavía: no está claro cómo haya diluido el tiempo lo acontecido en otras coyunturas. El cansancio y la indiferencia alcanzan a los antiguos rockeros que van de retirada, mientras los nuevos juegan más con la oportunidad mediática que con la consistencia argumental que les daría poder contar con los recursos apropiados  en un Proyecto de Presupuestos Generales sin devaneos. ¿El último tejido de Penélope para la regulación educativa ocultará, solapará o pondrá en primer plano valores exigibles democráticamente en igualdad en una escuela de todos y para todos? ¿A quién van a "empoderar"?¿Qué van a "poner en valor"? @mundiario