¿Desprestigiar al Supremo sirve al previsto indulto a los sediciosos?

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Los jueces del "procès".
¿Alguien cree que, con los objetivos de Aragonès, y la reiteración de intenciones de los condenados, la gracia Sánchez va a servir realmente para algo más que darles impunidad?
¿Desprestigiar al Supremo sirve al previsto indulto a los sediciosos?

Como era de esperar, los que respaldan de la decisión del presidente Pedro Sánchez de otorgar el indulto a los condenados del “procès” han armado una batería de artículos contra el Tribunal Supremo, como si fueran expertos juristas que desmenuzan con autoridad los contenidos del informe que dicho órgano ha enviado al Gobierno con su dictamen sobre los indultos. En el colmo de la búsqueda de amarres para sus teorías cuestionan que el Supremo entre en el fondo de los hechos juzgados, los describa y analice, entendiendo que eso es meterse en cuestiones políticas, como si sólo se esperara del mismo una abstracción jurídico-filosófica sin descender al fondo del asunto. Pero es que las descalificaciones trascienden de lo que es legítimamente opinable y entran ya en el orden personal de los jueces que forman el alto tribunal.

Kelsen nos enseñó que la palabra “Estado” es la expresión personificada del orden jurídico total. Es decir, el Estado es la Ley. El conocimiento jurídico otorga a determinados actos su carácter jurídico o antijurídico; o sea, que dichos actos se acomodan o no a la norma que los regula. Es fácil de entender. La voluntad de los ciudadanos se expresa a través de las normas que han sido establecidas en democracia través de los adecuados instrumentos de creación de la Ley. Y al Gobierno le corresponde y la función de los gobernantes es acatar esa voluntad.

De ahí la incongruencia de que quienes, desde cargos amparados por el orden jurídico supremo del Estado, que es la Constitución, se aprovechen de los mismos y de los poderes que les proporcionan, cuya legitimidad y alcance nace precisamente de ese orden jurídico contra el que se alzan con actos consecuentes, para desmontar el Estado del que forman parte y vulnerar la Constitución que deben ser los primeros en respetar. Y eso no supone merma o impedimento para pretender cambiar ese orden jurídico, esto es para alcanzar los objetivos de sus ideas, siempre que se haga a través de los propios cauces establecidos para ello, en este caso, la reforma de la Constitución. Los sediciosos no fueron condenados –como arguyen—por sus ideas, sino por el modo en que pretendieron aplicarlas.

Frivolidades y errores

De la frivolidad con que algunos escriben es evidencia de que de manera coincidente se ha aludido a algo que nunca se produjo, el indulto a Tejero. En la búsqueda de antecedentes parecidos para armar los apoyos al indulto se ha ido a los que Felipe González otorgó en su momento a alguno los condenados del 23-F o los que Aznar dispensó a Barrionuevo y Vera, por el asunto del GAL. Por cierto que ambos personajes han manifestado que están en contra de que se aplique la gracia a los del “procès” y entienden que no existe paralelo alguno entre su caso y el de ellos.

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Saludo entre camaradas durante la vista del "procès".

Pero es que,, aparte de resucitar en alguna de sus citas aquel Estatut de 2006  (“aceptaré –dijo sin conocerlo Zapatero—el Estatut que mande el Parlamento de Cataluña”) que corrigió el Constitucional en cuanto que borraba prácticamente de aquella comunidad la presencia del Estado, que ni siquiera podría legislar para esta región sobre competencias no cedidas expresamente, se trata de justificar que los condenados por sedición en realidad ejercieron unos derechos, entre ellos el de “autodeterminación” para segregar a Cataluña de la nación española y crear un nuevo estado. Por cierto, que con referencia al respaldo popular a aquel Estatut cabe recordar que, cuando fue sometido a referéndum, acudió a votarlo menos del 50 por ciento del censo, aunque tres de cada cuatro electores lo hizo a favor. Es un dato, el de la participación, y por tanto el interés, que ahora no se cita.

En todo caso, con una postura confiada y condescendiente de que, pese a la oposición de la Fiscalía y del Tribunal Supremo, y de destacados miembros de su propio partido, Pedro Sánchez otorgara la gracia del perdón a los reos de sedición, cabe preguntarse si eso va a contribuir a que los beneficiarios y sus correligionarios que ostentan el nuevo Gobierno de Cataluña se van a acomodar a las pretensiones que justifican la decisión del presidente. Parece ser que no. No solamente por la reiterada manifestación de alguno de los más expresivos condenados a que volverá a hacer lo mismo llegado el caso, o la común alegación de que no se consideran autores de delito alguno, sino de legítimos derechos de llevar a Cataluña a la independencia del modo en que lo hicieron y volverían a hacer, resaltando que ellos no han pedido indulto alguno, sino que en todo caso, lo que les corresponde es la amnistía, el borrado total de la responsabilidad por sus actos, como pide el propio president Aragonés, quien bien es cierto que ha moderado un tanto el discurso al reclamar un referéndum pactado hacia la independencia, que sigue siendo su objetivo y el de los justiciables.

Cuando se vuelva a reunir de nuevo la mesa de encuentro del Gobierno del Estado con la Generalitat, lo primero que le van a poner sobre la mesa a Sánchez es bien conocido: amnistía y referéndum pactado para la independencia de Cataluña. O sea, que con los sediciosos indultados o no va a ser lo mismo. ¿O es que se espera otra cosa? @mundiario

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