El despliegue de las Fuerzas de Seguridad el 1-O costó 87 millones, según Zoido

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defendido este jueves en el Senado la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña el pasado 1 de octubre para impedir la celebración del referéndum soberanista. De acuerdo a El País, Zoido, que ha comparecido en la Comisión de Seguridad a petición propia y también requerido por el Grupo Socialista y el Grupo Mixto, ha justificado la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la “absoluta pasividad y poca colaboración” de los Mossos d’Esquadra y el incumplimiento de la ley por parte del Govern, que “soliviantó a la calle”.

"En ningún caso la actuación policial tuvo como objetivo a los votantes ni a los ciudadanos que se encontraban en la zona. Quiero ser muy claro: yo no digo que todos los que se encontraban en los colegios eran radicales, había muchos ciudadanos pacíficos, pero sí digo que entre esas personas pacificas se infiltraron muchos radicales que estaban perfectamente organizados", ha afirmado.

Zoido habló sobre el coste del despliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado, un dato hasta ahora desconocido. Según ha revelado, costó 87 millones de euros entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamiento y dietas. “Es una cantidad muy importante que tenemos que pagar todos los españoles debido a la responsabilidad y obstinación del Gobierno independentista”. La operación tuvo una media de 4.500 agentes, "que ascendieron a 6.000 los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre”. También apuntó que el coste de los destrozos en los coches policiales durante los registros de distintas sedes de la Generalitat el 20 de septiembre ascendió a 135.000 euros.

Por otra parte, Zoido ha asegurado que la acción policial se produjo en "un contexto de resistencia pasiva perfectamente organizada y coordinada". Quienes orquestaron la movilización, ha apuntado, "sabían que los cuerpos de seguridad del Estado tenían obligación de impedirlo, que se iba a producir un enfrentamiento físico".

El ministro ha admitido que "los hechos son lamentables, y nunca debieron producirse, pero los cuerpos de seguridad no pueden eludir su responsabilidad y tenían que actuar cuando las circunstancias lo requerían, y ese día fue absolutamente necesario". Los cuerpos policiales cerraron 113 centros de votación y casi un centenar no llegaron a abrir ante la presencia de los agentes. Subrayó que solo hubo "problemas" en 11 centros de votación, y en otros 54 se empleó la fuerza para retirar manifestantes. @mundiario