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La "desjudialización" del procés enmarca a la nueva fiscal general

Sin cuestionar su carrera, los fiscales consideran insólito el tránsito de la señora Delgado de un ministerio político a un cargo que debe actuar con independencia del Gobierno.
La "desjudialización" del procés enmarca a la nueva fiscal general
Dolores Delgado, nueva fiscal general del Estado.
Dolores Delgado, nueva fiscal general del Estado.

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Fernando Ramos

Fernando Ramos

El autor, FERNANDO RAMOS, es columnista de MUNDIARIO. Periodista. Doctor en Derecho y en Ciencias de la Información. Técnico de Radiodifusión y Televisión. Profesor jubilado de Derecho y Deontología de la Comunicación en la Universidad de Vigo. Profesor en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Pontevedra y de los Encuentros Inter Academias en la Escuela Naval Militar. Autor de 28 libros de Derecho, Comunicación Institucional y Protocolo. Ha dirigido 20 tesis doctorales. Profesor invitado en varias universidades de Europa y América. Ejerció el periodismo 30 años en radio y los principales medios de Galicia. Fue corresponsal de la Agencia “Europa Press”, “Sábado Gráfico” y el diario “Ya”. Obtuvo el Premio del Colegio de Arquitectos de Galicia en defensa del patrimonio histórico y el Trofeo “Actualidad” por sus investigaciones sobre el contrabando y el narcotráfico. Fue presidente de la Asociación de la Prensa de Vigo y obtuvo dos veces el Premio Luis Taboada a la mejor labor informativa sobre Vigo. Está en posesión de la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco. @mundiario

Hace años, siendo fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, cuando Zapatero negociaba con ETA, aunque había prometido que no lo haría, mientras la organización terrorista vasca siguiera matando, y seguía, fue detenido Arnaldo Otegui en una operación contra la infraestructura política de la organización, al ser capturado, Otegui preguntó: ¿Lo sabe el fiscal general del Estado?  Fue una de tantas evidencias de la complicidad de los planes de Zapatero con otras instituciones del Estado, como luego se vería en el caso del “Bar Faisán” y los soplos al aparato de recaudación de ETA de que iban a por ellos.

El nombramiento de la ex ministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado recuerda aquel episodio, en tanto hay que poner éste en relación con el anuncio del presidente Sánchez de “desjudicializar” el procés. En Román paladino eso no quiere decir otra cosa que dejar de aplicar el Código Penal a quien incurra en actos tipificados en el mismo, y proceder a la reforma de dicho código, como se la ha pedido por sus consocios de ERC, como una de las fórmulas para que salgan de la cárcel los sediciosos que cumplen condena. Y para ello basta con rebajar las penas previstas en el Código Penal para sus actos o, incluso, quitar de dicho Código el delito de sedición, como en su día quitó Zapatero el que fuera delito convocar referendos de modo ilegal (medida introducida por Aznar para evitar que Ibarretxe se echara al monte).

Pero, ¿por qué es tan importante el fiscal general del Estado? Es obvio. El Fiscal General del Estado es la cúspide del Ministerio Fiscal de España, la institución que tiene constitucionalmente encomendada la promoción de la acción de la justicia “en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.

Es una pieza clave del Estado de Derecho que aparece en España en el primer tercio del siglo XIX y desde 1870 al presente ha mantenido de modo inalterable sus funciones, con una estructura adecuada a los tiempos que corren. Pese a que se subraya el carácter independiente de esta figura, el Gobierno puede interesar su actuación en orden al interés público. O no hacerlo, evidentemente. El Gobierno propone su nombramiento y el Rey lo nombra, oído el Consejo General del Poder Judicial, y debe ser una persona de reconocido prestigio, ya que se convierte en una autoridad del Estado en toda la nación. Su mandato es de 4 años.

En el funcionamiento ordinario del Estado, que un nuevo Gobierno nombre, si lo estima, un nuevo fiscal del Estado, ¿por qué produce esta tormenta el nombramiento de Dolores Delgado para el cargo, si profesionalmente tiene tras de sí una carrera eficiente en sus funciones anteriores? Pues porque viene de un cargo político controvertido y es inevitable poner en relación su nueva función con el marco general de las imposiciones que Sánchez tuvo que aceptar por parte de ERC para llegar a la Moncloa.

De ahí que las críticas más acervas se fundamenten en que se teme que la fiscal vaya a ser una pieza fundamental para que el presidente cumpla su compromiso para “desjudicializar el procés”, arbitrando medidas que reduzcan los efectos de las condenas en cumplimiento o mirar para otro lado, en el caso de que las conductas sancionables se repitan. En ese sentido, desde su posición, la señora Delgado puede cursar órdenes a los fiscales de Cataluña que tendrán que informar sobre los permisos penitenciarios de los condenados por el 1-O. Y lo mismo su función en substantiva en el caso de que se soliciten indultos para los sediciosos y otras causas en marcha del procés.

Y por eso, las asociaciones de fiscales entienden que se ha hecho un daño irreparable a la imagen de la institución, como la entiende la presidenta de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, que ha sido las primera en reaccionar de forma gráfica, estimando que el Gobierno “mete las zarpar sobre la fiscalía” de modo evidente, lo que "compromete la imagen de imparcialidad" y en ese mismo sentido se ha manifestado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que sin cuestionar la competencia de la señora Delgado, subraya el mal efecto que se desprende del nombramiento, en cuanto a que el Gobierno quiere controlar a los fiscales. Otros fiscales han subrayado que nunca se debe confundir la figura constitucional del Fiscal General del Estado, que no es el Fiscal General del Gobierno.

Un juez tan prestigioso y ex miembro del Consejo General del Poder Judicial, como Manuel Almenar, que fue presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, y es el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los jueces, ha dicho que nombramientos como éste no ayudan a prestigiar la instituciones, sino que "el nombramiento como fiscal general de quien hasta ahora mismo ha ocupado un puesto muy relevante en el Gobierno y tiene la condición de diputada por una formación política puede afectar negativamente a la idea de independencia y autonomía de la Fiscalía General del Estado". Y por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), moderada y segunda en representación, ha dicho que la propuesta de nombramiento es "insólita y lesiva, no por sus méritos profesionales sino, por su procedencia, ya que acaba de cesar como ministra de Justicia".

Las futuras decisiones que adopte la fiscal general, dentro de sus competencias, va a dudar de su imparcialidad con respecto al Gobierno, cosa que parece difícil de evitar en orden la defensa de la separación de poderes. En suma, una decisión que ha causado "estupor", "sorpresa" y "perplejidad" entre los fiscales. Y ahí queda la carta de despedida de la fiscal general saliente María José Segarra a sus 2.500 colegas, donde deja "el compromiso de los fiscales con la legalidad, imparcialidad y unidad de actuación de defensa".  Es de esperar que así sea. @mundiario