La derrota parlamentaria del Gobierno tras la rebelión de los alcaldes

María Jesús Montero. / RR SS
María Jesús Montero. / RR SS
La iniciativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solo ha contado con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos, lo cual, se traduce en un duro revés para los socios de coalición. ​
La derrota parlamentaria del Gobierno tras la rebelión de los alcaldes

El Gobierno sale con muy mal pie durante el inicio del curso político en el Congreso. Este jueves ha sido derogado el decreto ley de los remanentes municipales que había aprobado previamente el Gobierno, ya que ha recibido el rechazo de toda la oposición.

La votación parlamentaria alcanzó los 156 síes, el resto ha sido noes y no hubo abstenciones. Se trata del primer decreto ley del Gobierno de coalición que no avala el Congreso.


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De hecho, la iniciativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solo ha contado con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos, lo cual, se traduce en un duro revés para los socios de coalición.

No obstante, a pesar de lo desfavorecido que sale el Ejecutivo, todos pierden: los Ayuntamientos, con sus problemas de liquidez, seguirán en ese estado. Paralelamente, la ministra de Hacienda, denegó la presentación de un nuevo decreto, a solicitud de la oposición en bloque.

El eje del rechazo giró en torno a la fórmula para que los municipios pudieran acceder a una parte de los 14.000 millones que se han ido acumulando en los bancos, sin poder emplearse, desde la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del PP en 2012. Para Hacienda la tesis era que los Ayuntamientos cediesen voluntariamente de 10 a 15 años sus ahorros al Gobierno, que les compensaría con un anticipo del 35% de sus ahorros entre 2020 y 2021 a fondo perdido. Es decir, que no tendrían que devolver.

Fue ese el punto, que derivó en la rebelión de los alcaldes de todos los partidos salvo los socialistas, aunque en privado algunos del PSOE entendían el malestar, al considerar la medida insuficiente por los efectos económicos y sociales de la pandemia.

Para el Gobierno, no existía otra manera, frente a los partidos que planteaban la reforma de la Ley de Estabilidad e incluso la modificación exprés del artículo 135 de la Constitución. El PSOE y el PP lo cambiaron de urgencia en 2011, introduciendo el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit. Incluso, la última propuesta del Gobierno no cambió el resultado: que 3.000 de los 5.000 millones que Hacienda pretendía destinar a los Ayuntamientos que le diesen su superávit al Gobierno se repartiesen entre todos sin distinción y por criterios de población

De esta forma las localidades en números rojos podrían obtener ayudas, en un formato similar al del fondo de 16.000 millones de las comunidades autónomas. Los restantes 2.000 millones se mantendrían para las localidades que decidiesen dar sus remanentes.

La oposición propuso como alternativa la creación de un fondo íntegro de 5.000 millones no reembolsables. El decreto, que la Federación Española de Provincias y Municipios (FEMP) aprobó con el voto del PSOE y a su presidente, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ya había ha generado un rechazo desde su aprobación en el Consejo de Ministros del 4 de agosto. @mundiario

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