Denuncia contra el Presidente y los delegados del Gobierno por las manifestaciones del 8-M
La juez Carmen Rodríguez-Medel Nieto acordó incoar diligencias previas únicamente frente al Delegado del Gobierno en Madrid. A la vista del auto no parece estar claro qué delito hay.
Una denuncia por prevaricación contra el Presidente del Gobierno y sus delegados, tras autorizarse las manifestaciones y concentraciones del 8-M, entre otros actos multitudinarios, fue admitida parcialmente a trámite por una juez de Madrid. En realidad, la juez Carmen Rodríguez-Medel Nieto acordó incoar diligencias previas por delito de prevaricación administrativa/lesiones por imprudencia profesional únicamente frente al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo, al ser incompetente el órgano judicial, por razón de aforamiento –el Presidente del Gobierno se encuentra aforado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo– y por razones territoriales. A la vista del auto no parece estar claro qué delito puede haber, indican a MUNDIARIO fuentes jurídicas consultadas al respecto.
Con fecha 20 de marzo de 2020 tuvo entrada en el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid el escrito presentado por Víctor Valladares Pérez en el que formula denuncia contra Pedro Sánchez Pérez-Castejón, María Sandra García Martín, Pilar Alegría Continente, José Javier Izquierdo Roncero, Francisco Tierra Seco Galdón, Teresa Cunillera Mestres, María Yolanda García Seco, Javier Losada de Azpiazu, Ana María Calvo Sastre, Anselmo Pestana Padrón, José Manuel Franco Pardo, Javier Vélez Fernández, José Luis Arasti Pérez, Denis Itxaso González, Delia Losa Carballido, María Marrodán Funes, Gloria Isabel Calero Albal, Salvadora del Carmen Mateos Estudillo y Sabrina Moh Abdelkader. La denuncia se presenta por ser el primero Presidente del Gobierno de España y el resto delegados del Gobierno en las diferentes comunidades autónomas, si bien no se formula denuncia frente a la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, sin que se facilite explicación alguna de esta omisión en el texto de la denuncia.
A todos ellos se les imputa un delito de prevaricación administrativa en relación con las autorizaciones concedidas –literalmente así en la denuncia– para la celebración de actos multitudinarios a pesar de la recomendación emitida por el Centro europeo para el control y prevención de enfermedades de fecha 2 de marzo de 2020 sobre la covid-19. @mundiario
