La democracia en cuarentena, una mala praxis
Se ha dicho con frecuencia que la democracia española es de baja calidad por las disfunciones institucionales, por el control parlamentario relativamente bajo y por los elevados niveles de corrupción que en otras épocas se han dado. Con respecto a las disfunciones citemos la colonización partidista de los organismos reguladores o la politización del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, entre otras. Sobre el control parlamentario insuficiente baste señalar las deficiencias, reiteradamente señaladas, sobre el acceso a la documentación de la Administración, que la Ley de Transparencia no ha resuelto, las prerrogativas del Ejecutivo frente al Legislativo, las dificultades reglamentarias habituales para la tramitación de iniciativas, las escasas Comisiones de Investigación o la comparecencia de Ministros y altos cargos, con frecuencia retardada por los intereses del Ejecutivo.
La crisis del coronavirus y el confinamiento de la población, con numerosas excepciones, de la industria a la construcción y los servicios esenciales, ha derivado en la clausura de la actividad política ordinaria. El Congreso ha celebrado sesión plenaria restringida al máximo, para debatir sobre el Estado de Alarma y lo volverá a hacer, con votación, para su prórroga. La Mesa del Congreso se ha reunido para desechar la petición del PP de mantener un funcionamiento de mínimos, con preguntas parlamentarias. En los Parlamentos autonómicos se ha repetido el modelo, agravado en Galicia y en el País Vasco, con las Cámaras disueltas y sólo con la Diputación Permanente en funciones, situación prorrogada sine die.
Añadamos que la ley electoral española concede generosos plazos entre la disolución de la legislatura y el comienzo efectivo del control parlamentario, en torno a cuatro meses. La inestabilidad de los últimos años ha dado lugar a breves períodos parlamentarios entre sucesivas elecciones. Tras las últimas elecciones, la Presidenta de las Cortes dilató el inicio de la legislatura tanto como el Gobierno demandó para lograr una coalición.
Puede considerarse que, focalizada la acción gubernamental en el manejo de la crisis, distraer energías para el debate político es inadecuado. Pero entre la parálisis total del Congreso y la distracción del Comité de crisis gubernamental en tareas políticas, hay mucho terreno para explorar. De un lado, no todos los Ministerios están tan directamente implicados como para no poder atender determinadas iniciativas parlamentarias. De otro la vida parlamentaria cube muchos ámbitos diferentes. Asumir que es perfectamente prescindibles durante muchas semanas es hacer un mal servicio a la calidad democrática.
Por otra parte los partidos políticos de la oposición tampoco se han molestado en ofrecer un argumentario mínimo sobre la situación de parálisis parlamentaria, menos todavía en ser creativos en sus propuestas. A fin de cuentas han participado de la situación anteriormente descrita que ha reducido al mínimo la actividad real durante los dos últimos años.
Ciertamente existe un riesgo sanitario que afrontan a diario en jornadas muy intensas, el personal sanitario, policial, militar, transportistas, el sector de alimentación, farmacias, taxistas, empleados de centros de mayores y otros. El ejemplo ofrecido por los Parlamentos como actividad prescindible, resta valor a muchos discursos.
Si la crisis en España dura lo mismo que la crisis en China, dos meses y medio, estaríamos hasta mayo sin que las Cortes cumpliesen su función. Seiscientos diputados y senadores y más de mil diputados autonómicos, privados de cumplir su misión. Difícil de justificar. @mundiario
