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MUNDIARIO

Demasiados frentes para acabar con el virus y salir de la crisis económica

El Gobierno de España abre cada día un frente político: monarquía, Cataluña, propiedad de los hijos, elección de centro educativo, reforma laboral, eutanasia, presos de ETA, comisión de investigación PP, comunidades autónomas y Covid-19, desacuerdos internos, CGPJ y RTVE.

Demasiados frentes para acabar con el virus y salir de la crisis económica
Viñeta de Quino.
Viñeta de Quino.

La dinámica acumulativa de conflictos impide resolver con éxito los problemas fundamentales con los que nos enfrentamos los españoles en este momento de pandemia: el alcance de los confinamientos con las consiguientes restricciones de derechos fundamentales y los obligados cierres o disminución de la actividad comercial e industrial. Este es el principal problema que nos está sumiendo en una crisis económica sin precedentes junto con un malestar social creciente, y su solución necesitaría toda la atención de los 23 ministerios del Ejecutivo español, sin que se dispersaran en otras batallas ideológicas. De hecho, el FMI ya ha comunicado al Gobierno que prepare una buena estructura de gobernanza para gestionar los recursos facilitados por la Unión Europea.

Sin embargo, se está produciendo un desgaste político. Parte del Gobierno cuestiona la monarquía de una forma muy directa, en lo que podría considerarse un rechazo al orden constitucional en lo relativo a la jefatura del Estado. Provoca enfrentamientos en el Parlamento, e incluso el vicepresidente Iglesias acusa al PP de derechizar al Rey por defenderlo, en un brinco intelectual digno de análisis psicológico. O el presidente, que les advierte de que con tanta defensa del Rey igual les pasa como la defensa de la unidad de España y lo que sucede en Cataluña, como dando a entender que los movimientos secesionistas están provocados por esa defensa de la unidad constitucional del país.

Lo mismo se puede decir de la insinuación por parte del ministro de Justicia de un posible indulto para los secesionistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo

Por su parte, la ministra de Educación, Isabel Celáa, continúa su lucha contra los colegios concertados y quiere eliminar la capacidad de los padres de elegir centro educativo, en clara contradicción con la Constitución. Al mismo tiempo se propone eliminar trabas para que los alumnos de secundaria puedan pasar de curso sin tener en cuenta el número de suspensos en cada año, o que los decida cada autonomía lo que considere más conveniente.

Al mismo tiempo, el Gobierno resucita la cuestión de regular la eutanasia para legalizar el suicidio asistido o no tan suicidio, también en clara contradicción con los valores constitucionales y en contra de los criterios de la Medicina. En cualquier caso, un debate social innecesario en este momento tan delicado del país.

A su vez, los pactos con Bildu, partido que aglutina a todo el entorno de ETA en el País Vasco, obliga al Gobierno a modificar políticas penitenciarias y suavizar el cumplimiento de las penas de estos convictos para alcanzar acuerdos con los presupuestos generales del Estado.

Para no quedar atrás, la vicepresidenta primera Carmen Calvo promueve una legislación denominada de memoria democrática con el fin de no olvidar la guerra civil española de principios del siglo pasado.

Por si todo lo anterior fuese poco para una época tan complicada política y socialmente, el Ejecutivo no consigue ponerse de acuerdo con el principal partido de la oposición, único con el que puede lograr los votos necesarios, para renovar instituciones tan importantes como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Administración de RTVE, dos años atascados.

Y aún más, esos choques institucionales del Ministerio de Sanidad con las Comunidades Autónomas por los criterios objetivos que se deben tener en cuenta para aplicar medidas restrictivas de actividad social y económica solo consiguen enrarecer más el ambiente y confundir al ciudadano. O plantear ahora una comisión de investigación en el Congreso sobre el supuesto espionaje del PP a Bárcenas, cuando el asunto está en pleno proceso judicial.

Esto plantea una conclusión en forma de dilema: o el Gobierno quiere centrar el foco en asuntos ideológicos para despistar la atención de la grave crisis de la pandemia, o está aprovechando la Covid-19 y el miedo social para introducir los planteamientos ideológicos de la izquierda más radical en la sociedad española. @mundiario